A poco más de dos años de que López Obrador asumió el poder, no existe una política definida para enfrentar a los cárteles de la droga. Foto: Margarito Pérez, Cuartoscuro.

A más de dos años de que tomó posesión como Presidente de la República y se comprometió a pacificar el país, la estrategia de seguridad del Gobierno de la Cuarta Transformación ha resultado un fracaso.

Desde sus primeros días como Presidente, López Obrador renunció al uso de la fuerza del Estado para enfrentar a los 14 cárteles que operan en el país. (La Fiscalía General de la República reconoce la existencia de 37 grupos criminales) Y enseguida acuñó la frase más polémica de su Gobierno: “Abrazos y no balazos”, con lo que dejó en claro que su política de seguridad no se basará, como ha ocurrido, en el uso de la fuerza porque, de acuerdo con sus propias palabras, “la violencia genera violencia”. Aquí cabe añadir: La inacción oficial detona la violencia criminal.

Esta postura –sorprendente en el arranque de su Gobierno y, sobre todo, por los elevados índices de violencia– causó polémica, más aún, en Estados Unidos, donde exigieron al Gobierno mexicano mayor cooperación para desarticular a los cárteles de la droga. Al menos esa fue la exigencia del Gobierno de Donald Trump y seguramente será la del nuevo Presidente, Joe Biden, quien va con todo para abatir la corrupción y el crimen organizado en América Latina.

Y que a pesar de que en el primer semestre de su Gobierno echó a andar la Guardia Nacional –se fusionaron las policías militar y federal– para combatir la inseguridad, la realidad indica que esta estructura policiaca y militar no ha dado resultados frente a la ola criminal.

No obstante que el país enfrenta una crisis por la pandemia, el narcotráfico y la delincuencia organizada en general no se han detenido: continúa el tráfico de drogas y con ello las matanzas y vendetas, producto de los ajustes de cuentas y la disputa por los territorios y el mercado de consumo. Además de Tijuana, Guanajuato y Tamaulipas –territorios sin ley– ahora se suma Veracruz, la entidad que gobierna Cuitláhuac García, quien sólo ha expresado palabras de extrañeza ante la oleada criminal que envuelve a esa entidad, sobre todo en el sur, donde las masacres no paran. García se ha caracterizado por la ineptitud. Es un Gobernador no sólo ignorante sino insensible políticamente, un fiasco pues.

En este escenario violento, las cifras son contundentes. El crimen simplemente no se sometió a la rigurosa cuarentena y sigue desatado, sin que autoridad alguna le ponga freno. Por ello, el 2020 terminó como el año más violento en lo que va del sexenio: se presentaron en promedio  más de cien crímenes diarios y masacres, aunque el Presidente haya dicho que este tipo de crímenes en serie ya no existen. Nada más falso. Y lo peor fue que en el tercer mes del año 2020 –esto es un ejemplo de la cruda realidad– se presentaron 2 mil 585 asesinatos, la mayoría, ligados al crimen organizado.

Estos datos fueron dados a conocer en un informe que el Gobierno federal publica todos los días a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

De acuerdo con este informe, Guanajuato –cuna y asiento del cártel Santa Rosa de Lima, que encabezó José Antonio Yepes Ortiz, “El Marro” –amo y señor del huachicol– hasta agosto del 2020, fue el estado más violento del país, con un promedio de 10 crímenes diarios. Le siguió el Estado de México.

Este disparo en las cifras de violencia y muertes indica que la estrategia de seguridad del Gobierno está fallando. Pero el Presidente no desea corregir sus desatinos. En febrero del año pasado, por ejemplo, el entonces Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo –actual candidato de Morena al Gobierno de Sonora– presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el que también detalló los pasos a seguir para detener la ola de criminalidad.

Se trató de un documento de ocho puntos elaborado a partir del diagnóstico que se hizo al arranque de la administración, donde se dejaba de lado la confrontación directa con los grupos delincuenciales, eliminando la visión neoliberal de que el uso de la fuerza lo resolvía todo.

Durazo, sin embargo, se enfocó en el combate de lo que él mismo llamó las causas que originan la violencia. El funcionario expuso que su plan se fincaba en garantizar el empleo, educación, salud y bienestar –y mencionó que la generación de fuentes de empleo, el cumplimiento al derecho a la educación, la inversión en salud y programas de desarrollo económico atacarían –dijo el entonces funcionario federal– las causas profundas que originan el auge delictivo.

Desde su óptica, estas medidas reducirían la base social que haya podido construir el narcotráfico, pero la realidad indica que las cosas no van bien en materia de combate al crimen. Durazo dejó la Secretaría de Seguridad Pública en medio de un país inundado de sangre. Simplemente no cumplió con su promesa de abatir la criminalidad. Fue claro que Alfonso Durazo sólo usó el Gabinete Federal como trampolín para saltar a la candidatura al Gobierno de Sonora.

Los cárteles siguen operando

A pesar de la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, el crimen organizado se mantiene activo. Y no se detiene.

Las drogas de todo tipo siguen surtiéndose a los consumidores; a través de las redes sociales aparecen videos, presuntamente elaborados por los operadores de los grupos del crimen organizado, quienes informan que la distribución de estupefacientes se hará en línea, de tal suerte que ponen a disposición direcciones electrónicas, el WhatsApp, entre otras, para que hagan contacto con los vendedores. Y añaden los mensajes: “Quédate en casa, nosotros te atendemos en tu domicilio. Y si el vendedor no lleva cubrebocas, denúncialo”.

Tales acciones fueron dadas a conocer por el cártel de Sinaloa, el más poderoso del planeta, pero en el sur de Veracruz otro cártel –el del Golfo– dispuso una amplia distribución de despensas en la ciudad de Coatzacoalcos, una de las más violentas del país, para distribuirlas entre la población más necesitada.

Así, el crimen organizado compite con el Gobierno federal en cuanto a la atención social. Estas mismas acciones se realizaron en Tamaulipas, base de operaciones del cártel del Golfo, de Los Zetas y del cártel del Noreste, éste último aglutina a desertores de los segundos. Estos grupos están en la mira de la DEA por la matanza de migrantes, quienes fueron calcinados recientemente en el municipio de Camargo, asiento de grupos criminales.

De acuerdo con datos de la DEA y del Gobierno Federal, en México operan 14 cárteles. En orden de importancia, la lista la encabeza el cártel de Sinaloa, el que opera en veinte estados de la República.

Este grupo criminal, ahora encabezado por Ismael “El Mayo” Zambada –quien se maneja con bajo perfil– es seguido en control territorial por el cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quizá uno de los capos más sanguinarios del país.

Es oriundo de Aguililla, Michoacán. Ahí se formó en el negocio de las drogas después de abandonar su oficio de policía: se fue a Estados Unidos, donde fue detenido por tráfico de drogas. Más tarde fue repatriado y se empleó como sicario con sus parientes, los hermanos Valencia Cornelio, cabecillas del cártel de Los Valencia.

El tercer cártel con mayor dominio territorial es el del Golfo, que controla Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y La Comarca Lagunera, así como Veracruz, Tabasco y la zona del Caribe.

Rivaliza con el cártel de Los Zetas –creados como grupo armado en 1997 por Osiel Cárdenas Guillén, jefe entonces del cártel del Golfo– y con el cártel del Noreste, el cual se creó con restos de Los Zetas, quienes se dividieron tras la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z-40” y la muerte de Heriberto Lazcano Lazcano, exmilitar y fundador de Los Zetas junto con Arturo Guzmán Decenas.

Después de estos grupos criminales sigue el cártel de Tijuana, fundado en la década de los ochenta por los hermanos Arellano Félix. Actualmente el cártel es encabezado por una mujer –Enedina Arellano Félix– quien durante varios años operó el lavado de dinero.

En la zona de Guerrero opera, también, “Guerreros Unidos” y en Morelos sus principales rivales –“Los Rojos”–, quienes están enfrentados por el control del tráfico de cocaína, heroína y mariguana en la zona Guerrero-Ciudad de México.

En la capital del país el control lo detenta el cártel de Unión-Tepito, uno de los más violentos, quienes no han frenado la distribución de drogas a pesar de la crisis causada por la COVID-19.

En Oaxaca, tierra de nadie, la distribución de mariguana la tiene el grupo criminal encabezado por la familia Díaz Parada, enlistados por la Drug Enforcemente Administration (DEA) como los principales traficantes de esa droga.

A poco más de dos años de que López Obrador asumió el poder, no existe una política definida para enfrentar a los cárteles de la droga. La Guardia Nacional, formada para este propósito, no está haciendo su tarea en la desarticulación de los grupos criminales, quienes se posicionan aún más en todo el territorio, matan, desaparecen, descuartizan personas y corrompen a las autoridades sin que el Gobierno meta las manos.

A finales del 2019, el Gobierno de Estados Unidos mostró su preocupación por la ausencia de una política antidrogas eficaz. El Gobierno de López Obrador aduce que está atacando las causas que originan la criminalidad, pero hasta ahora el problema del crimen organizado y la violencia siguen sin solución. No existe evidencia certera de que la 4T esté combatiendo las causas de la violencia, como afirma el Presidente. Simplemente no es creíble esa versión debido a la imparable violencia.

Y no sólo eso: Las acciones oficiales han resultado, hasta ahora, un verdadero fracaso.

Habrá que ver qué dice el Gobierno de Joe Biden, quien apuesta por el combate a la corrupción, el tráfico de armas, el combate al crimen organizado y las inversiones en toda América Latina. Vamos a ver si todo esto surte efecto ante el crimen organizado, pues en México los grupos criminales están más que consentidos por el Gobierno de López Obrador.