Ciudad de México, 19 de abril (SinEmbargo).– El pasado sábado 11 de abril, Rodrigo Vallejo Mora, hijo de Fausto Vallejo Figueroa, ex Gobernador priista de Michoacán, salió del Centro Preventivo de Readaptación Social de Santiaguito, en el Estado de México, luego de pagar una fianza de 7 mil pesos.

Vallejo Mora fue recluido desde agosto de 2014 acusado de encubrimiento, después de aparecer en un video con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, entonces líder de Los Caballeros Templarios y considerado por el Gobierno federal como uno de los criminales más buscados y el “enemigo número uno de Michoacán”.

El Juez Federal Raúl Angulo Garfias concedió la libertad provisional luego de que el Octavo Tribunal Colegiado Penal del Distrito Federal concediera un amparo a Vallejo el 9 de abril para que se le otorgara ese derecho, “en virtud de que el delito de encubrimiento no es grave”.

Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) aclaró en un comunicado que el hijo del priista Vallejo Figueroa no está absuelto de la acusación del delito de encubrimiento, el joven también conocido como “El Gérber” continuará su proceso en libertad, en su casa y en compañía de su familia y amigos.

Sin embargo, cientos de presos políticos en el país no tienen la misma “suerte”, pues no son hijos de políticos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con el Comité Cerezo, hasta mayo del año pasado, se habían contabilizado 669 detenciones arbitrarias, 23 ejecuciones extrajudiciales y 29 desapariciones durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

El pasado 15 de abril, el Comité Nestora Libre documentó que en lo que va del actual gobierno suman 350 presos políticos, siendo los estados de Michoacán, Guerrero y Puebla donde se reportan el mayor número de detenciones.

La organización acusó al Presidente de “estar llenando las cárceles de presos políticos”.

“Han sido encarcelados 328 autodefensas en Michoacán, 13 policías comunitarios presos en Guerrero y ahora están en prisión cuatro dirigentes populares que se oponen a la construcción de la presa La Parota. En Puebla están recluidos aquellos que no desean la edificación de una termoeléctrica contaminante. En el Distrito Federal hay personas detenidas por protestar y hay otros presos de este tipo en Quintana Roo y demás estados”, expuso el Comité Nestora Libre.

En tanto, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla denunció el pasado 1 de marzo que en ese estado se han registrado al menos 127 casos de presos políticos en lo que va de la administración del panista Rafael Moreno Valle Rosas.

José Manuel Mireles Valverde, fundador del grupo de autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán; el periodista maya Pedro Celestino Canché Herrera; Jacqueline Selene Santana López, estudiante universitaria de 22 años; Bryan Reyes Rodríguez, músico de 28 años; Nestora Salgado García, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, y el líder de la Tribu Yaqui, Mario Luna Romero, son tan sólo seis de los cientos de presos políticos que forman parte de una larga lista.

Ya sea por oponerse a proyectos estatales o incluso federales, o por defender los derechos de sus comunidades y sus territorios, por publicar notas “incómodas” para los gobiernos, o por estar en el lugar equivocado el día de sus detenciones, la realidad es que están presos, algunos desde hace más de un año. ¿La razón? La desconocen ellos mismos, sus abogados, sus amigos, sus familias y hasta las propias autoridades.

Los presos que a continuación se enlistan tienen un delito en común: el activismo. En la mayoría de los casos, tanto su defensa como diversas organizaciones han denunciado irregularidades en sus procesos jurídicos, comenzando por la forma en que fueron aprehendidos. Incluso algunos de ellos, como es el caso del líder de la Tribu Yaqui, Mario Luna Romero, fueron detenidos por hombres vestidos de civiles y en autos no oficiales, por lo que en las horas que siguieron a su arresto fueron reportados como desaparecidos.

1. JOSÉ MANUEL MIRELES

El fundador del grupo de autodefensas de Tepalcatepec, Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, fue detenido el viernes 27 de junio del año pasado. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que el arresto ocurrió en el municipio de Lázaro Cárdenas por violar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Mireles fue el único fundador de las autodefensas que no se sumó a la Fuerza Rural Estatal, grupo al que sí se sumaron Estanislao Beltrán e Hipólito Mora.

La dependencia dio a conocer que en el operativo participaron elementos de las secretarías de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Sedena), de la Policía Federal (PF), así como de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Procuraduría de Michoacán.

Se le acusa de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, así como cocaína y mariguana. A diferencia de las otras 77 personas que fueron consignadas junto con él (pues cinco de los detenidos eran menores de edad y fueron liberados), Mireles Valverde fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social 11, en Sonora, el domingo 29 de junio.

Mireles es médico cirujano, en el 2013 decidió exponer su propia vida para salvaguardar la de los habitantes de su comunidad que se encontraban amenazados por integrantes del crimen organizado.

Acusó a Los Caballeros Templarios de extorsionar a los pobladores de Tepalcatepec. Dijo que les exigían no sólo dinero por metro cuadrado de propiedad o por cada auto, sino hasta a sus esposas. Y después, a las hijas. “Y las regresaban cuando ya estaban embarazadas”, dijo.

La denuncia no se quedó allí. Aseguró que los operativos federales eran una farsa. “No pisan el cemento”, afirmó. Los militares llegaban a los pueblos y no enfrentaban a los narcotraficantes a pesar de que los lugareños les decían en dónde estaban, acusó.

Mireles dijo que se liberaron de las extorsiones y de otros delitos armándose como antes lo habían hecho los indios Purépechas.

La denuncia de aquel 8 de julio de 2013 no fue la única que Mireles Valverde hizo.

A finales de ese mismo mes, en una entrevista radiofónica, el médico aseguró que el líder histórico del grupo criminal La Familia Michoacana, Nazario Moreno González, mejor conocido como “El Chayo”, estaba vivo y operaba con toda impunidad en la región de Tierra Caliente, en Michoacán.

Además vinculó al entonces Gobernador interino del estado, Jesús Reyna García, y a su esposa, con Los Caballeros Templarios.

El gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) había dado por muerto a “El Chayo” el 10 de diciembre de 2010, aunque nunca presentó pruebas.

El líder de las autodefensas de Tepalcatepec también dijo que tenía pruebas de que unos días antes Moreno González supuestamente se había reunido con la cúpula del crimen organizado en Apatzingán.

Casi ocho meses después se demostró que tenía razón. El 9 de marzo de 2014, “El Chayo” fue asesinado en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar), según dieron a conocer las autoridades federales.

Mireles también aseguró que Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, ya había sido plenamente ubicado por las autodefensas y que también las autoridades tenían conocimiento de dónde estaba. “La Tuta” fue detenido el viernes 27 de febrero de este 2015.

El 13 de enero de 2014, los gobiernos federal y de Michoacán pactaron un acuerdo para combatir la inseguridad en el estado, el cual incluía el desarme de las autodefensas.

El 8 de abril de ese mismo año, Mireles Valverde encabezó una manifestación en Michoacán, para protestar contra el desarme que para entonces había anunciado el gobierno federal.

Días después, el 14 de abril, los líderes de las autodefensas de 20 municipios, entre ellos Mireles Valverde, se reunieron con el entonces Comisionado Alfredo Castillo Cervantes, y pactaron, entre otras cosas, la incorporación de las autodefensas a guardias rurales, así como el registro de sus armas.

Ese mismo día, se difundió un video en el que Mireles Valverde, decía que sería hasta que las cosas cambiaran en Michoacán “y el imperio de la ley nos garantice la vida, los bienes y el desarrollo, entonces hablaremos del desarme nosotros”.

El tono crítico que ha caracterizado a Mireles Valverde continuó en los días siguientes, así como su postura sobre las condiciones para desarmarse, hasta que el 7 de mayo, el Consejo General de Autodefensas lo destituyó como su vocero e integrante pues, aseguró, con sus acciones empañaba el movimiento de autodefensas.

Pero su lucha por defender a su comunidad del crimen organizado y su resistencia al desarme por parte de las autoridades continuó hasta su detención, el 27 de junio de 2014.

Las primeras imágenes de Mireles tras las rejas, mostraban a un Mireles con la cabeza rapada y sin bigote.

En un video difundido en redes sociales, aparece el médico durante su declaración preparatoria, una voz masculina le pide que ratifique su declaración ministerial, en el sentido de que no está de acuerdo con los hechos. “No me dan de comer y no me permiten tomar mis medicamentos en tiempo y forma”. Habla de una recaída en su salud y de que padece taquicardia.

Al preguntarle si ha sido torturado, Mireles responde: “Nada más psicológica y fíjese que cuando me aprietan con los fierros que me ponen al caminar y me empujan y esas cosas. No ha habido tortura más grave”.

En una entrevista que el médico concedió al diario La Jornada en julio del año pasado, reconoció que la cárcel era un escenario previsto en su actividad como autodefensa y definió su actual situación: “Soy un preso político”.

El pasado 8 de abril, el Primer Tribunal Unitario con residencia en la ciudad de Morelia concedió el amparo y protección de la justicia de la unión al ex líder de las autodefensas michoacanas y a tres de sus coacusados.

La resolución es para efectos de que el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del mismo circuito deje insubsistente el auto de formal prisión confirmado el 14 de octubre del año pasado contra los procesados y dicte un nuevo fallo en el que se corrijan violaciones a sus derechos fundamentales.

La sentencia de amparo no establece que los quejosos deban quedar en libertad y no puede ser ejecutada de inmediato, pues se encuentra dentro del plazo que tiene el agente del Ministerio Público de la Federación para interponer el recurso de revisión, en caso de que se sienta agraviado con la resolución.

2. PEDRO CANCHÉ HERRERA

El periodista maya Pedro Celestino Canché Herrera fue detenido el sábado 30 de agosto por la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, acusado de sabotaje.

La organización internacional Artículo 19 ha denunciado que el encarcelamiento del indígena maya se basa en la fabricación de pruebas y que sólo se dio como represalia a las críticas que hizo contra el Gobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo.

La orden de aprehensión contra Canché por sabotaje se produjo días después de una violenta represión durante una protesta a las puertas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), de la cual el periodista informó durante los últimos días. Además, fue acusado de ofrecer una remuneración económica a los manifestantes para que participaran en las protestas.

A finales de febrero, Pedro Canché recibió un amparo en el que se establecía que no existían pruebas en su contra que le vinculen a tal delito. Pero el amparo, dictado en instancia federal, le permite al juez local que dicte “un nuevo acto de formal prisión”, en lugar de establecer la liberación inmediata del periodista maya, explicó su abogada, Araceli Andrade, en una entrevista con Isabel Reviejo, periodista de la agencia española Efe.

La organización Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que en el proceso legal emprendido contra el periodista existen omisiones e irregularidades. “Amnistía Internacional considera que Pedro Canché fue detenido de manera arbitraria a causa del ejercicio del periodismo. Por lo anterior, exige que cese la criminalización en contra de Pedro Canché y que cualquier decisión respecto de este caso tome en cuenta las arbitrariedades del proceso”, aseguró la organización en un comunicado.

El juez reconoció varias violaciones al debido proceso de Pedro Canché, de acuerdo con Artículo 19.

1. No se acredita que existiera el delito de sabotaje, puesto no se comprobó que el suministro de agua en Carrillo Puerto fuera interrumpido por las protestas realizadas en el municipio del 11 al 19 de agosto de 2014, señalado así por sus acusantes.

2. No se comprueba que Pedro Canché tuviera una intención de trastornar gravemente la vida cultural y económica del municipio.

3. No se establece la conducta realizada por Pedro Canché para suponer que el periodista realizó sabotaje contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA).

4. No se comprueba que Pedro Canché contratara apersonas para realizar protestas contra el sistema de cobro de agua en el municipio.

5. Existen inconsistencias en las pruebas presentadas por las autoridades locales, referentes a las circunstancias de modo y lugar de las acusaciones contra Pedro Canché.

6. No se consideraron las pruebas presentadas por el periodista que acreditan su ejercicio periodístico durante los días de la protesta.

7. Las autoridades estatales dan prioridad a los dichos de sus testigos sin presentar prueba alguna de ello, lo cual se traduce en una falta de fundamentación.

Artículo 19 ha denunciado desde agosto del año pasado los acosos y agresiones contra el comunicador son “orquestadas por el Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por lo que esta decisión vulnera la integridad física y emocional del periodista, quien desde su entrada en prisión ha sido víctima de acosos y hostigamientos por parte de autoridades estatales”.

Entre ellas, revela la organización, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a cargo de Harley Sosa, quien a raíz de la publicación del Diario de un preso de conciencia, que publica Canché desde la cárcel, ordenó a las autoridades de la prisión que le fueran retiradas hojas y plumas y con ello dejara de escribir cartas desde la prisión.

3. JACQUELINE Y BRYAN

El miércoles se cumplieron cinco meses de la detención de Jacqueline Selene Santana López, estudiante universitaria de 22 años, y Bryan Reyes Rodríguez, músico de 28 años, por el supuesto robo de 500 pesos y un presunto ataque con cuchillos en contra de policías federales.

El 15 de noviembre de 2014 comenzó para Jacqueline y Bryan un inesperado proceso jurídico, por un hecho que ellos, sus familiares y abogados defensores, consideran una “fabricación” del delito, con el que se habría tratado de encubrir un supuesto intento de secuestro por parte de los policías federales.

“Es prácticamente un infierno”, resumió la madre de Jacqueline, María de la Luz López Pérez. “Porque ella no merece estar ahí”, afirmó en una entrevista realizada por SinEmbargo en enero de este año.

Jacqueline estudia bael noveno semestre de la licenciatura en Economía en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es una alumna de excelencia, cuyas calificaciones no bajan de un promedio de 9.2. Su buen desempeño incluso le mereció una beca para irse a Colombia de intercambio académico. Regresó en junio del año pasado, con una nota en sus estudios de 9.3.

Pero Jacqueline es también una chica solidaria con las causas sociales. Apoyó el movimiento estudiantil #YoSoy132 y antes de su detención había participado en las protestas y acciones de apoyo con las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Ese activismo social es lo que su madre, sus abogados y ella misma han sopesado como la explicación posible ante una detención que se habría hecho ilegal y arbitrariamente, y un proceso jurídico plagado de inconsistencias, según han denunciado los defensores de los jóvenes.

En el caso de Bryan, se suma el hecho de que él fue uno de los detenidos del 1 de diciembre de 2012, durante las protestas por la toma de posesión del Presidente Enrique Peña Nieto. Fue sentenciado a dos años y medio de prisión, pero salió libre bajo caución en diciembre de 2013.

La intención de la detención del 15 de noviembre, consideran, sería criminalizarlos por su activismo, como le ocurrió a al menos una veintena de personas en el Distrito Federal el año pasado, quienes fueron detenidas arbitrariamente al término de las manifestaciones por los normalistas de Ayotzinapa. Todos fueron finalmente liberados, la mayoría absueltos al no poderse probar las acusaciones que se les hacían.

Pero en el caso de Jacqueline y Bryan, su novio, la situación ha sido distinta.

Para empezar porque la pareja no fue detenida en un contexto de movilización, sino cuando salían de casa de Bryan, en la Delegación Venustiano Carranza, en la capital del país, rumbo al mercado de La Merced.

Además, quienes los detuvieron no fueron policías auxiliares, sino policías federales vestidos de civil, integrantes de la Coordinación de Operaciones Encubiertas, de la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal.

De acuerdo con lo que Jacqueline ha declarado, personas vestidas de civil los detuvieron entre la avenida Francisco del Paso y Troncoso y la avenida Fray Servando, en la colonia Jardín Balbuena de la Delegación Venustiano Carranza.

Según la joven, cuatro mujeres –ninguna con uniforme de policía– le cerraron el paso para detenerla, mientras que unos ocho sujetos, también vestidos como civiles, hacían lo mismo con Bryan.

Él gritó pidiendo auxilio creyendo que los estaban secuestrando. Cuando Jacqueline intentó acercarse a su novio para ayudarle, uno de los hombres que lo retenían la jaló del cabello y le gritó: “¡Quítate perra, que a tí también te va a tocar!”

Bryan fue subido a la fuerza a un automóvil color blanco modelo Chevy; ella, a un taxi del Distrito Federal, con sus distintivos colores guinda y dorado. A ambos, los encañonaron con armas de fuego, según ha relatado.

Y así, sin identificarse como policías ni mostrarles una orden de aprehensión ni viajar en vehículos oficiales, los agentes los retuvieron, de acuerdo con la versión de Jacqueline. De ahí que ella, su familia y abogados sostengan que se trató de un intento de desaparición forzada.

Si la supuesta operación de desaparición se frustró fue porque un policía preventivo capitalino interceptó a los vehículos en los que los jóvenes eran trasladados. Los policías federales se identificaron y pudieron continuar su camino; pero luego otro agente policial detuvo el taxi donde llevaban a Jacqueline. Nuevamente, los policías federales tuvieron que dar explicaciones sobre quiénes eran.

Identificados, a los policías no les quedó más remedio que justificar la retención de los jóvenes y remitirlos a la Agencia del Ministerio Público de la Delegación Venustiano Carranza.

Pero al llegar ahí los policías Luis Alberto Castillo Gordillo y José Montiel González ofrecieron una versión totalmente distinta de lo ocurrido, según la cual los dos jóvenes, con sendos cuchillos en mano, asaltaron a la policía federal Lidia Zárate Herrera. Los tres agentes están adscritos a la Coordinación de Operaciones Encubiertas, en la División de Inteligencia de la Policía Federal.

Según los policías-testigos, los muchachos robaron a Zárate Herrera 500 pesos.

El 22 de noviembre de 2014, el Juez 39 Penal dictó auto de formal prisión a los jóvenes. El abogado Miranda, integrante de la Liga de Abogados 1º de Diciembre, aseguró que el juzgador no valoró como prueba un video en el que aparecen los automóviles en los que los jóvenes refieren haber sido subidos por los policías vestidos de civil.

Tras haber dictado el auto de formal prisión a los jóvenes, el Juez 39 Penal se declaró incompetente, arguyendo que se trataba de un caso que involucraba a una autoridad del fuero federal. El caso recayó en el Juez 13 de Distrito de Procesos Penales Federales, quien convalidó las acciones del Juez 39 Penal y ratificó el auto de formal prisión el 15 de diciembre, explicó el abogado.

Por las omisiones del Juez 39 Penal y por la convalidación del Juez 13, la defensa de Jacqueline y Bryan presentó sendos amparos, que están en proceso.

El pasado 16 de febrero, el jefe de los elementos de la Policía Federal que detuvieron a Jacqueline y Bryan, negó haber visto a sus subordinados el día de los hechos y echó para abajo la versión de que una oficial fue amagada.

De acuerdo con la declaración rendida por Marcos Vicente González Monjaraz, director general de Operación e Infiltración del área de Inteligencia de la Policía Federal –de la cual da cuenta la defensa de los jóvenes–, el mando policial nunca entregó un kit a los agentes Lidia Zárate Herrera, José Montiel González y Luis Alberto Castillo Gordillo para resguardar los cuchillos y el papel moneda, que son la única prueba de los agentes para acreditar el delito.

En entrevista telefónica con SinEmbargo, Jorge Miranda, uno de los abogados defensores de Jacqueline y Bryan, refrendó lo que han sostenido desde que los jóvenes fueron detenidos: que se trató de una fabricación del delito, con un objetivo político de desmovilizar y criminalizar a los jóvenes.

Pero, aunque los jóvenes llevan cinco meses detenidos y las supuestas pruebas se han desplomado, los dos continúan presos, Jacqueline en el penal de Santa Martha Acatitla y Bryan en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en la Ciudad de México.

4. NESTORA SALGADO GARCÍA

Nestora Salgado García, comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Guerrero, fue detenida el 21 de agosto de 2013, acusada del secuestro en agravio de por lo menos seis personas, entre ellos dos menores de edad, sin embargo, en abril del año pasado, un juez federal la exoneró de los cargos de secuestro agravado y delincuencia organizada por lo que el Primer Tribunal Unitario del vigésimo primer circuito dictó auto de libertad.

El pasado 7 de enero, el Gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, se comprometió a que en su administración no habría más luchadores sociales detenidos y anunció que la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajaban en la elaboración de una Ley de Amnistía que permitiera liberar a la lideresa de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), sin embargo, a 32 meses de su detención, Nestora no ha sido liberada.

Diversas organizaciones nacionales, incluso internacionales se han pronunciado a favor de su liberación y para proteger sus derechos.

El 23 de diciembre de 2014 los abogados de Nestora, Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que urgiera al gobierno mexicano la protección en prisión de la comandanta.

“La situación de Nestora Salgado reúne los elementos de ‘gravedad, urgencia y daño irreparable’ y requiere acción inmediata por parte de las autoridades mexicanas”, señaló la defensa.

En respuesta, la CIDH ordenó al Estado mexicano que “adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de Nestora Salgad, proporcionando el tratamiento adecuado que recomienden los especialistas”, y dio un plazo de 15 días a las autoridades mexicanas para que informen de la atención a sus recomendaciones.

También el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y los Relatores sobre la violencia contra la mujer, la Tortura, los Defensores de Derechos Humanos, la Independencia de los Jueces y Abogados, los Pueblos Indígenas y la Salud, han suscrito y dirigido una acción urgente dirigida al gobierno mexicano a favor de la libertad de Nestora Salgado García.

5. MARIO LUNA ROMERO

El líder de la Tribu Yaqui, Mario Luna Romero, fue encarcelado por el Gobierno del panista Guillermo Padrés Elías el 11 de septiembre del año pasado.

El gobierno de Sonora giró una orden de aprehensión en contra de Mario Luna y de otros voceros de la tribu desde 2013 para presionarlos con llevarlos a la cárcel si no desistían de su lucha en contra del Acueducto Independencia.

Luna salió huyendo a la Ciudad de México, donde se refugió un tiempo y aseguró que respondería a las acusaciones del gobierno de Sonora cuando el acueducto se cerrara.

El proyecto del Acueducto Independencia pretende trasvasar alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua de la cuenca del Río Yaqui a la del Río Sonora. En 2011 el proyecto fue autorizado sin consultar a la Tribu Yaqui, lo que incumple el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo respecto a la obligación de consultar a los pueblos indígenas en proyectos que les afecten, así como los artículos constitucionales 2, 4, 14, 16 y 27, que amparan los derechos al territorio, al agua, a un ambiente sano y a la propiedad.

Desde 2011, la Tribu Yaqui interpuso un amparo contra la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, hecha por la Semarnat. En 2012, se les otorgó el amparo, pero la Semarnat apeló la sentencia.

El caso llegó a la SCJN, que el 8 de mayo de 2013 confirmó el amparo y ordenó declarar insubsistente la MIA y que se consultara a la Tribu Yaqui, de conformidad con los estándares internacionales.

Mario Luna decidió regresar a Sonora para acompañar a su tribu en la lucha por el cierre del Acueducto y fue aprehendido en el mes de septiembre.

El defensor aseguró que la orden girada en su contra formaba parte de una campaña de odio que emprendió el Gobernador Guillermo Padrés Elías en contra de la tribu y de sus voceros.

De acuerdo con Luna, la persecución del gobierno de Guillermo Padrés era tal, que retiró becas de estudio a niños y adolescentes de la tribu y los yaquis deben padecer trabas gubernamentales para cualquier trámite.

El pasado 13 de febrero, Erick Bustamante Espinoza, Juez Décimo de Distrito en el estado de Sonora, otorgó un amparo a Mario Luna, se esperaba que saliera libre en cuanto las autoridades fueran notificadas, sin embargo, no ocurrió así.

La Procuraduría General de Justicia de Sonora decidió recurrir en contra de la sentencia que ampara a Mario Luna, dilatando los tiempos para que pueda ser dejado en libertad.

“Es lamentable el uso político que la Procuraduría de Sonora ha hecho de las instituciones para mantenerlo en la cárcel”, expresó en un comunicado el Centro de Derecho Ambiental (Cemda).

Organizaciones sociales hicieron un llamado al Ministerio Público que sigue el caso y a la Procuraduría estatal para que adopte un enfoque pro homine y busque la liberación del vocero yaqui, así como para que las autoridades judiciales sean prontas y expeditas en sus actuaciones, como lo mandata la ley”.

En tanto, Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México dijo a través de un comunicado que tras examinar el expediente judicial del líder yaqui, “teme que el caso esté políticamente motivado y tenga relación con la defensa que la Tribu Yaqui ha hecho de su derecho al agua”.

La organización exigió a las autoridades garantizar el debido proceso de ambos líderes indígenas para evitar juicio injusto.

Mario Luna Romero se encuentra recluido en el Cereso 2 de Hermosillo.