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Ciudad de México, 19 de Mayo (SinEmbargo).– México, que antes era considerado principalmente receptor de inversiones extranjeras, está cambiando esa imagen. Así ocurre en el sur de Perú, al menos, donde una filial de Grupo México se convirtió desde 1999 en la “multi-latina” a cuyas actividades se le atribuyen ahora la explotación laboral, devastación ambiental y corrupción que históricamente causaban las trasnacionales de origen norteamericano, británico o españolas.

“En Perú Grupo México es la más grande desde 1999, cuando compró Asarco, que era dueña de Southern Peru Copper Corporation, que es más grande que las peruanas y que las inglesas, y desde entonces ha habido manifestaciones donde dicen: ‘Señor mexicano, deje de explotar a los peruanos’. Y es interesante, porque hace 20 años la protesta era: Señor norteamericano, o británico o español”, dice Benjamín Cokelet, fundador de la organización Poder y uno de los investigadores que más ha revisado las actividades de Grupo México.

“Es un fenómeno. México hace muchos años era un país que dependía de la inversión extranjera en su territorio, pero ahora tenemos el fenómeno de la ‘multi-latina’, como Grupo México, en el sentido de que está en 21 países, tiene actividades mineras en cinco, y el caso de la mina Aznalcóllar sería la primera vez que se encuentren invirtiendo en España”, agrega.

Cokelet, quien también ha investigado la influencia política y poder económico que tiene la élite nacional a través del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), explica que Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México y cuyo padre fundó la organización citada, exporta este modelo empresarial, en el que hay tráfico de influencias y funcionarios con conflictos de interés, a los países en los que invierte.

Tal es el caso, dice Cokelet, del peruano Hans A. Flury, director legal de Southern Peru desde 1999 y quien, entre 2003 y 2004, aun estando en el Consejo de la filial de la empresa mexicana, fue nombrado Ministro de Energía y Minas en la Presidencia de Alejandro Toledo Manrique (del 28 de julio de 2001 al 28 de julio de 2006).

“Larrea padre es fundador del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN), que es una red de intereses y de acceso privilegiado de la elite mexicana de negocios con el Poder Ejecutivo, y acceso también a las decisiones del poder. Cuando gozas de esta nivel de influencia en un país, lo puedes tener en otros países, y así ha sido en Perú, como Flury, quien ha sido Ministro de Energía y Minas y, al mismo tiempo, abogado de la empresa”, dijo el experto.

“En el caso de España, también tienen una conexión privilegiada con la élite española: Mercé Pujol, nieta del ex presidente de Cataluña, Jordi Pujol Ferrusola, está casada con un hijo de Javier García de Quevedo, número dos de Grupo México a nivel internacional (…) probablemente así es que la empresa se siente en forma para invertir en España”, agrega.

Cokelet fue entrevistado luego de que, en días anteriores, dos empresas relacionadas con México fueran motivo de escándalos internacionales: los ejecutivos nacionales de la española Obrascon Huarte Lain (OHL), que fueron grabados hablando de cómo inflaron por más de 6 mil millones una obra en el Estado de México; y Grupo México, denunciado en España también por tráfico de influencias y otros ilícitos para quedarse con la licitación de la mina Aznalcóllar, cerrada hace años tras un derrame tóxico en un parque natural y considerado uno de los peores desastres ambientales en el país ibérico.

Al mismo tiempo, en la provincia de Islay, en Arequipa, Perú, Grupo México enfrenta la resistencia de la población local, que advierte que la minera requerirá toda su agua dulce para la extracción de cobre, el mineral que mayor cantidad de este líquido requiere para su extracción.

“Grupo México tiene también ese patrón: cuando adquiere minas, lo hace donde hay ya una disputa ambiental previa, donde el dueño anterior fue sentenciado a pagar y, en lugar de pagar, vende. Y Grupo México alega entonces que los pasivos anteriores no son su responsabilidad, y así lo ha hecho en Perú, y en Estados Unidos, en Asarco (en El Paso)”, dijo Cokelet.

El entrevistado, que ha monitoreado las actividades de la empresa mexicana en el sur de Perú, donde opera Southern Perú y que viajó a España a revisar los términos de la licitación de la mina Aznalcóllar, agrega que los habitantes de esta región andaluza narran que el desastre registrado hace 15 años es para ellos comparable con el de British Petroleum en el Golfo de México.

“La mina ha estado cerrada por 15 años, sin que se haya remediado el problema ambiental de fondo, y ahora Grupo México, con una licitación chueca, ha querido reactivar la mina sin asumir los pasivos ambientales”, agregó el experto.

Funcionarios mexicanos de la española OHL, como Pablo Wallentin por su parte, fueron exhibidos a principios de este mes en grabaciones difundidas en España que muestran cómo hablan por teléfono de cómo han ganado más de seis mil millones de pesos por “inflar” el costo al erario del Circuito Exterior Mexiquense, entre otros hechos de corrupción.

Además de la semana en la que ambas empresas han sido exhibidas como corruptas a nivel internacional, las dos empresas tienen en común también contar con ex funcionarios públicos en su consejo y, de hecho, uno de ellos trabaja en ambas: Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones y Transportes con Ernesto Zedillo y, hoy, consejero en OHL México y Southern Perú.

“También está Valentín Díez Morodo. Son dos consejeros por excelencia. En el directorio está también Luis Téllez Kuénzler, quien también fue miembro de Grupo México; es una puerta giratoria por excelencia”, agregó Cokelet.

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IMPUNIDAD INOCULTABLE

Consultado por separado, el investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Oscar Arredondo, consideró que la impunidad con la que operan en México empresas como las mencionadas, contaminando ríos u “ordeñando” recursos públicos, es tan brutal que era sólo cuestión de tiempo que este “modus operandi” de corrupción quedara expuesto ante los ojos del mundo.

“El problema de OHL es un problema con una trasnacional, pero sucede porque se puede hacer, porque no hay leyes que lo impidan, porque en México la impunidad es brutal, porque el sistema anticorrupción no existe aún”, dijo Arredondo, experto en materia de políticas públicas de Fundar.

“El problema se ha gestado por tantos años, y los políticos y servidores públicos cometen estos abusos de manera tan recurrente que el problema se hace grande y explota y se hace evidente ante los ojos del mundo (…) Hay tal nivel de impunidad en la región que puede haber un punto en el que se habla de quedarse con millones de pesos con una mano en la cintura”, agregó.