Por Humberto Francisco Guerrero Rosales*

La pandemia ha generado un contexto de incertidumbre que afecta a la población en general; sin embargo, la angustia y un dolor de las familias de las personas desaparecidas es particularmente agudo porque se trata de incertidumbres que se sobreponen: la incertidumbre intrínseca al desconocimiento del paradero de un ser querido; la incertidumbre de la falta de verdad por la impunidad; y la incertidumbre sobre cómo será la vida pasada la etapa más crítica de la pandemia.

Se ha convertido en lugar común, escuchar que la crisis sanitaria generada por la COVID-19 develó otras crisis preexistentes que agudizan el impacto de la pandemia en poblaciones discriminadas histórica o estructuralmente. La crisis medioambiental y de desigualdad económica han estado en el centro del debate. Sin embargo, otra crisis, la de la justicia, la cual no es ninguna novedad, ha quedado expuesta de nueva cuenta en toda su crudeza. “¿Qué va a pasar con nuestros casos?”, se preguntan las familias de personas desaparecidas desde el primer día en que se anunciaron las medidas de confinamiento y de restricción a las actividades para prevenir la propagación acelerada del virus.

Aunque la pandemia no es responsabilidad de las autoridades, muchos de sus efectos más nocivos sí están relacionados con omisiones y conductas previas por parte del Estado. En el caso concreto del sufrimiento que está generando en las familias de personas desaparecidas, éste es más profundo en virtud de los antecedentes de abandono y maltrato institucionales en el que estuvo la búsqueda de personas durante décadas. Cabe recordar que las familias tuvieron que luchar primero por el reconocimiento del fenómeno de la desaparición de personas, y por años, han tenido que lidiar con la negación y el estigma. Para las autoridades, federales o estatales, las personas desaparecidas o no existían, o se merecían lo que les había pasado “por andar en malos pasos”. Hoy en día el fenómeno ha sido más o menos reconocido. No obstante, este reconocimiento se ha centrado en el establecimiento de cifras –más de 60 mil personas–, aspecto que es un primer paso para dimensionar su gravedad, pero que ha tenido el efecto nocivo de invisibilizar la profundidad de la crisis humanitaria, social y política que representa la desaparición de personas en nuestro país.

Toda esta política de negación ha tenido consecuencias nefastas para la investigación de los casos, ya que la búsqueda de personas a través de las investigaciones penales se volvió una mera formalidad diseñada para administrar el dolor y las demandas de las familias, y, en consecuencia, se perdió tiempo valioso para aumentar las posibilidades de encontrar a las personas lo antes posible. La negación y la indolencia obligó a las familias a actuar por su cuenta, ellas no podían esperar a que el Estado cumpliera espontáneamente con sus obligaciones. Las familias empezaron sus propias búsquedas de campo, en vida o en fosas. La información obtenida por el esfuerzo y sacrificio de las familias ha sido el principal impulso de las investigaciones de las fiscalías a nivel local y federal. Sin el aporte de las familias, la mayoría de los expedientes de búsqueda se reduciría a un mero intercambio epistolar entre autoridades.

Todo este recuento de la impunidad e indolencia estatal tiene la finalidad de que, quien no tenga familiares o seres queridos desaparecidos, pueda empezar a vislumbrar lo que ha significado la pandemia en términos de angustia para quienes han vivido permanentemente en la zozobra desde hace décadas. Después de todos estos años de agravio y olvido institucional, de pronto las autoridades tienen un argumento, en principio razonable, para seguir eludiendo su obligación de realizar una investigación seria. Al respecto, el confinamiento ha obligado a un distanciamiento físico de las familias respecto de las autoridades. Ese distanciamiento ha reducido la presencia de las familias como medida de presión hacia las autoridades, y sin las familias, el colapso de las investigaciones ha quedado claramente al descubierto. Las familias tampoco conservan muchas expectativas del trabajo de las fiscalías, pero la pandemia sí dificulta los procesos de exigencia hacia las instituciones, incluso cuando las normas nacionales[1] e internacionales[2] establecen con claridad que el acceso a la justicia nunca puede ser restringido, aun en los momentos de crisis más extrema.

El otro aspecto que la pandemia ha trastocado tiene que ver con los procesos organizativos de búsqueda que las familias han emprendido por cuenta propia. Como dijimos líneas arriba, ante la omisión y la negación, las familias tuvieron que sustituir al Estado en su obligación de buscar. La situación anterior se volvió, además, en uno de los principales mecanismos de afrontamiento para dar un sentido político y constructivo a su dolor. Ante la pandemia, la indicación principal ha sido la necesidad de permanecer en casa, y si bien se hace énfasis en que estas líneas no pretenden cuestionar la necesidad de esta medida en términos de salud, sí pretenden visibilizar lo que significa el confinamiento para quien no ha obtenido una respuesta desde las instituciones y para quien el mero paso del tiempo es en sí una fuente de angustia.

¿Qué sigue después de todo esto? Todo parece indicar que la respuesta a esta pregunta de nueva cuenta vendrá de las familias. Sin duda la exigencia hacia el Estado deberá permanecer, no se puede renunciar a ello. No obstante, es inevitable que las víctimas sigan a la vanguardia y que continúen el ejercicio de imaginación política que han emprendido desde hace mucho para hacer frente al colapso de la justicia.

* Humberto Guerrero es coordinador del Programa de Derechos Humanos de @FundarMexico

[1] Artículo 29, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

[2] Artículo 27, Convención American sobre Derechos Humanos

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