México

La GOAN: Orden de aprehensión es autoritaria. Cabeza retuitea mensaje

19/05/2021 - 6:08 pm

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional exigió que ningún poder público use las leyes de manera “autoritaria”, esto luego de saber de la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– Los gobernadores de Acción Nacional llamaron a respetar el fuero del mandatario Francisco García Cabeza de Vaca, beneficio que, aseguran, ya fue defendido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los mandatarios también pidieron que ningún actor público utilice las leyes de manera “autoritaria”.

La petición de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) fue replicada en Twitter por el Gobernador Cabeza de Vaca minutos después de que se informara sobre la orden de aprehensión en su contra que obtuvo la FGR por lavado de dinero y delincuencia organizada.

“Ningún actor o poder público puede situarse por encima de la Constitución. Las mayorías no deben usarse bajo la tentación autoritaria de hacer de las leyes trajes a la medida. Hacemos un llamado enérgico para que se acate de inmediato el mandato de la @SCJN”, escribió en redes la asociación de gobernadores panistas.

El caso de García Cabeza de Vaca provocó desde inicios de este mes un enfrentamiento entre la Cámara de Diputados de México, que le reiteró el fuero para permitir que sea procesado, y el Congreso de Tamaulipas, que aprobó mantenerle la inmunidad.

La Suprema Corte desechó el pasado viernes un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Cámara tamaulipeca, pero no aclaró la situación del Gobernador.

Por ello, la FGR impugnó el 17 de mayo el fallo de la SCJN sobre el caso. El titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, presentó ante la Suprema Corte el recurso de reclamación, que va contra el desechamiento de la controversia del Congreso de Tamaulipas contra la declaración de procedencia o desafuero de Cabeza de Vaca.

Tan solo ayer el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la SCJN “resolver con claridad” si el Gobernador mantiene su inmunidad.

“El Poder Judicial tiene que resolver con claridad. Nada de ambigüedades, nada de estar retorciendo la ley. Con claridad“, exigió el mandatario en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

ORDEN CONTRA CABEZA DE VACA

El morenista Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó esta tarde sobre la orden de aprehensión contra el Gobernador García Cabeza de Vaca y llamó a las y los senadores a responder ante la “crisis constitucional” que vive Tamaulipas.

El Senador sugirió que el mandatario ya podría estar fuera del país y, según dijo, buscaría declararse “perseguido político” para mantener el control del Gobierno estatal.

Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que la orden de aprehensión que obtuvo la FGR está relacionada con los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Mientras que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó que ordenó congelar las cuentas de la red de socios que encabeza el Gobernador tamaulipeco y que estaría conformada por 12 personas físicas y 25 jurídicas.

Nieto Castillo dijo que buscarán determinar si desde la red del Gobernador o del Gobierno que encabeza se financiaron de forma ilícita campañas electorales, por lo que adelantó que la UIF podría presentar más denuncias.

La FGR había pedido a la Cámara de Diputados el desafuero del mandatario de Tamaulipas por considerar que el panista es responsable de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal equiparada, sin embargo, la Cámara Baja solo aprobó juzgarlo por defraudación fiscal.

De acuerdo con la Fiscalía liderada por Alejandro Gertz Manero, el Gobernador habría cometido defraudación fiscal equiparada por 6 millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos, delito que se sanciona con penas de tres a nueve años de prisión.

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