Acaba de pasar el concurso de selección para nuevos profesores de educación básica. Un número ingente de aspirantes presentaron el examen para un número reducido de plazas –la mayoría de nueva creación, pues a pesar de que el gobierno de Calderón y sus sucesivos secretarios de Educación repitieron una y otra vez que todas las plazas ya se concursaban, en la realidad los gobiernos de los estados han seguido disponiendo de las vacantes surgidas por jubilación, por muerte o renuncia de maestros con los mismos métodos que han deformado el sistema de incentivos de los profesores: por herencia, venta o entrega a cambio de lealtad política–. Por lo demás, a pesar de que el concurso de ingreso es un paso adelante, la formación que dan las normales es tan deficiente que el listón de entrada se ha puesto muy bajo y basta con acertar –literalmente– al 30% del examen para obtener una plaza. Por lo demás, dos estados –Michoacán y Oaxaca– simplemente no aceptan el concurso de ingreso como mecanismo de reclutamiento de los nuevos docentes y mantienen intacto el sistema clientelista de asignación de puestos.

Es por eso que urge la creación del servicio profesional docente: para elevar el nivel de los profesores y que éstos vean en la buena formación, la actualización, la creatividad en el aula y el estudio constante las vías para tener cada vez mejor ingreso y reconocimiento en su desempeño profesional, en lugar de tener que deberle el favor de la plaza, el cambio de adscripción o la promoción vertical al delegado sindical o al intermediario político correspondiente. Ese es el meollo de la inconclusa reforma política de la educación.

Por más que los voceros oficiales y oficiosos lo repitan, todavía no se concreta la reforma educativa. Si bien la reforma constitucional fue un paso enorme y la integración de la junta de gobierno del nuevo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación salió sin contratiempos, falta todo el desarrollo legislativo y reglamentario. La ley orgánica del INEE seguramente estará lista para el segundo período extraordinario que convocará el Congreso en agosto; sin embargo, por lo que toca a la innovación más importante de la reforma constitucional, el servicio profesional docente, falta un trecho para que los legisladores alcancen un acuerdo sobre un diseño adecuado de carrera para el magisterio.

Las posiciones se han polarizado en torno a un punto: ¿debe el nuevo servicio profesional modificar la relación laboral de los profesores? El asunto, en términos llanos, se reduce a si el servicio profesional debe incluir reglas que impliquen la separación del puesto de los profesores que no superen las evaluaciones y requisitos de permanencia. El gobierno circuló un proyecto que establecía que los nuevos profesores entrarían todos por concurso y estarían un período de tres años a prueba, después del cuál serían sometidos a una evaluación y  de no superarla perderían la plaza; después, a pesar de tener un nombramiento definitivo, podrían ser separados del puesto si no superaren la evaluación obligatoria en tres ocasiones consecutivas. De ahí que el sindicato saliera a decir que se pretendía establecer una evaluación punitiva.

El problema del esbozo del gobierno es que en efecto sólo considera efectos negativos de la evaluación. Carece de un sistema de promoción horizontal que estimule a los maestros a hacer cursos de actualización, a compartir sus experiencias docentes en publicaciones especializadas, de manera que les sean útiles a sus colegas, a estudiar posgrados, a prepararse cada día más. Un servicio profesional bien diseñado debe ser un sistema de reconocimiento del mérito, no un conjunto de mecanismos amenazantes para poder correr profesores. En efecto, la evaluación no debe ser punitiva, pero tampoco decorativa. De lo que se trata es de que la evaluación, junto con otras formas de medir el buen desempeño y la dedicación de los docentes, sirva para acceder progresivamente a categorías y niveles superiores que le den a los maestros no sólo mejores ingresos, sino también un papel más relevante en la comunidad escolar, de manera que profesores con gran experiencia y estupenda preparación sigan en el aula ante el grupo y atiendan a los estudiantes más vulnerables.

En cualquier servicio profesional la clave del éxito está en el reclutamiento. Los enemigos de la evaluación a los docentes suelen citar el caso de Finlandia, con excelentes resultados en las pruebas PISA de la OCDE y en donde los maestros no tienen que someterse a evaluaciones periódicas. No es necesario, pues los profesores finlandeses han pasado un filtro de entrada muy riguroso; todos tienen posgrado antes de ingresar a la carrera. Si el listón de entrada y el mecanismo de reclutamiento es estricto, prácticamente la totalidad de los que ingresan se mantendrán en el sistema con buenos resultados.

El servicio profesional docente que se debe diseñar en México debe empezar por un buen sistema de reclutamiento. Un concurso nacional de ingreso que sea el requisito para ocupar cualquier puesto en el sistema educativo nacional, seguido de concursos de oposición para las plazas específicas. Una vez dentro del sistema, los profesores deben contar con un sistema de promoción horizontal para, por medio de las evaluaciones y la exposición de sus estudios y su trabajo, pasar de profesor inicial a certificado y finalmente a titular, con niveles intermedios entre cada categoría. El servicio debe establecer plazos máximos para la promoción entre una categoría y otra, pero con el acento puesto en los incentivos positivos y no en los negativos.

Para tener un servicio profesional de calidad es evidente que se debe centrar la atención en la formación de maestros. El sistema de educación normal está abandonado y hay que reconstruirlo; además, se debe abrir la formación de profesores a las universidades. La situación es de emergencia nacional, por lo que debería echarse a andar un programa nacional emergente de actualización y formación continua de maestros, como se hizo en la década de 1940 con el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio para regularizar a todos los maestros del país, que venían de diversas formaciones. Una iniciativa de ese tipo permitiría que los profesores actuales se fueran incorporando al nuevo servicio profesional y ayudaría mucho a recuperar algo del tiempo que México ha perdido en educación.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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