El 3 de abril pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías de Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Querétaro, Puebla, Estado de México y el Distrito Federal firmaron las bases para promover el Escudo Centro.

El mecanismo, cuyo principal promotor fue el titular del Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera Espinosa, se basa en cinco ejes: prevención del delito, intercambio de información, homologación de programas de capacitación, intercambio de experiencias de éxito y realización de operativos conjuntos. Además, tiene dos ejes transversales relacionados con la legalidad y el respeto a los derechos humanos, y el combate a la corrupción.

De arranque este proyecto fue aplaudido pues su meta es inobjetable: dotar de más seguridad a más de 32 millones de las ocho entidades de la zona.

Pero ahora, a tres meses de iniciar su operación, el Escudo Centro, visto como arma defensiva y de prevención, ha resultado endeble e ineficaz.

Las percepción sobre la inseguridad de los ciudadanos en la región central se ha incrementado este año debido, en especial por delitos de alto impacto, encabezados por el secuestro, las extorsiones y los asesinatos dolosos.

El caso de la desaparición de 12 jóvenes en un antro de la Ciudad de México; el alza en los secuestros en Morelos, entidad que es líder en esa actividad delictiva y que en los últimos días ha registrado al menos más de una veintena de desapariciones; los feminicidios y asesinatos relacionados con cárteles de la droga en el Estado de México y los delitos de género en Puebla, por mencionar algunos de los que más denuncias ciudadanas acumulan, son una muestra clara de que las cosas no andan bien con el mecanismo de protección.

Encima, las declaraciones y las acciones de los funcionarios responsables de la buena marcha del Escudo Centro tampoco aportan a la confianza de los ciudadanos.

Como muestra la declaración del Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu del 1 de julio pasado, donde afirmó que “está canijo combatir esto [la inseguridad]”.

O las del Jefe de Gobierno del Distrito Federal quien, desde todos los foros, insiste en que en la Ciudad de México no hay crimen organizado, cuando millones de capitalinos, a diario y a plena luz del día, están a merced de redes delincuenciales que se relacionan lo mismo con narcotráfico y extorsión que con la piratería de cientos de miles de productos.

O la reiterada negativa del gobierno de Eruviel Ávila Villegas, en el Estado de México, de rechazar la alerta de violencia de género, donde Amnistía Internacional (AI) ha demandado al Sistema Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPSEVCM) que exija al Ejecutivo estatal aprobar dicho mecanismo para frenar de una vez por todas los altos índices de violencia generalizados contra niñas y mujeres en esa entidad.

La alerta de violencia de género fue rechazada desde 2011 por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, y su sucesor, Eruviel Ávila se conduce por la misma línea, pese a que en un lapso de 15 meses han sido asesinadas al menos 563 mujeres en la entidad, denunció AI.

En síntesis, aunque las ocho entidades que conforman el Escudo Centro han informado que están conformando una base de datos paralela a la Plataforma México para combatir y disminuir los cinco principales delitos de alto impacto con “labores de inteligencia”, las noticias de las últimas semanas corroboran que ese “cerebro” aún no está funcionando.

Si bien el acuerdo es inédito en el país y merece el beneficio de la duda, la paciencia de los ciudadanos, asolados por el crimen, se ha desgastado. Los siete gobernadores y el titular del GDF deben revisar su estrategia para comenzar a dar resultados pronto, y que se den sin tintes partidistas, sin colgarse medallas y con más, mucho más voluntad política.