La Seguridad Pública es la principal función del Estado y consiste en la protección de las personas y las instituciones. Esta tarea es obligación de los tres órdenes de Gobierno y su fin es preservar los derechos de las personas, su integridad, las libertades y la paz (ENVE, 2020).

Los últimos días, ¡qué digo!, los últimos años han sido muy complicados para nuestro país en todos los temas relacionados a la inseguridad y la reinante impunidad que existe, gracias a la cual los criminales de todo tipo pueden hacer y deshacer nuestro país y entorno a su antojo.

Es una realidad que la espiral de violencia que estamos viviendo no se originó en el actual Gobierno, aunque también es cierto que tampoco se generó en el Gobierno que declaró la “guerra al narcotráfico”. Lo que hoy estamos viviendo es la consecuencia de la corrupción e impunidad, de esa relación tóxica que parece no tener fin en nuestro país. 

Si bien es cierto que esta situación no comenzó con el cambio de régimen en 2018, cada sexenio se ha caracterizado por su estrategia para hacer frente a la inseguridad y la violencia o para “intentar” mantener la paz en el territorio nacional. Algunos se han decantado por los pactos que, sin ser lo correcto, han mantenido algo de “calma” y otros, más bien, se decidieron por tomar acciones frontales contra los grupos del crimen organizado. 

Hoy lo que tenemos es un Gobierno al que lo que menos le importa es generar una percepción de tranquilidad en el país, mucho menos hablar de condiciones de paz o seguridad. Lo que experimentamos hoy es algo que no se había visto antes en la historia de nuestro país, no por la estrategia, sino por la carencia de una. Y aún más allá, por el cinismo con el que se aborda el tema. 

Sin importar que seamos del norte, del centro o del sur del país; judíos, católicos o de cualquier otra denominación religiosa; del PRI, del PAN, de Morena o de otro partido político; de la clase media, pobres o ricos; descendientes de las culturas prehispánicas o de los migrantes europeos que han llegado al país a lo largo de su historia, a este Presidente lo que menos le interesa es darnos condiciones de seguridad, promover la paz y reconstruir el tejido social que se ha visto mancillado una y otra vez por la delincuencia.

Lamentablemente esta postura no sólo nos tiene preocupados todo el tiempo, y no sólo tiene efectos directos en nuestras vidas, como los asaltos o extorsiones, sino que se hacen presentes efectos indirectos que afectan las condiciones para el desarrollo del país. El hecho de no garantizar la seguridad en el territorio nacional hace que las empresas piensen dos veces dónde invertir y que se inclinen hacia otros países que quizá no tengan las características que hacen de México un lugar que propicia la competitividad, pero que sí son más seguros.

El mayor costo del crimen son las vidas humanas que cobra; sin embargo, no es el único. De acuerdo con datos de la Organización de Estados Americanos, se estima que en algunos países de Latinoamérica el costo de la inseguridad es de entre el cinco y el 25 por ciento del PIB. En lo que concierne al territorio nacional, el Inegi a través de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2020 estimó que el 30.5 por ciento de las unidades económicas del país fue víctima de al menos un delito, siendo el sector comercio el más afectado, así como las empresas grandes y medianas. Para México, el costo de la violencia en 2019 ascendió a los 226 mil millones de pesos, igual al 1.2 por ciento del PIB. 

Son 226 mil millones de pesos que podrían ser invertidos para generar más empleos, para mejorar sueldos, para pagar mejores prestaciones a los colaboradores. Lamentablemente, reducir la violencia y la inseguridad no está en las prioridades de quienes hoy gobiernan, y seguramente los 226 mil millones que costó la inseguridad en 2019, será una cifra menor a lo que nos cueste en 2021.

Necesitamos que esto cambie y no podemos esperar más. Está claro que la Seguridad Pública es la tarea y obligación principal del Estado, pero la ciudadanía también puede colaborar en ello. No tomaremos las armas ni las compraremos para dárselas a las policías como esperan algunos gobiernos locales, pero lo que sí podemos hacer es coordinarnos y trabajar con nuestras autoridades desde la Iniciativa Privada y la Sociedad Civil Organizada, como es el caso de lo que sucede en algunos estados en los que la Coparmex ha logrado establecer reuniones y acercamientos con Secretarios de Seguridad Pública municipales para entablar un diálogo y dejar sentadas las bases de un canal de comunicación eficiente y un mecanismo en el que la sociedad se involucre para dar seguimiento a las acciones y participar en la estrategia de seguridad pública. 

Puede que lo que estamos viviendo hoy sea culpa de las malas estrategias del pasado, pero lo que vivamos a partir de hoy es responsabilidad de todos. 

Es momento de involucrarnos como sociedad en la seguridad de nuestro entorno, nuestra comunidad y nuestra familia, hasta que los gobiernos demuestren nuevamente su eficacia en el cumplimiento de su mandato constitucional de garantizar la seguridad pública mediante la aplicación de la Ley. No se trata de inventar el hilo negro, sino simplemente aplicar la Ley. Bien decían los romanos dura lex, sed lex, la Ley es dura, pero es Ley. #OpiniónCoparmex

Fernando A. Treviño Núñez

https://www.sinembargo.mx/author/fernando-a

Consejero Delegado de Negociaciones Comerciales Internacionales de Coparmex

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