La titular de la Segob aseguró que el Gobierno federal no es “sectario” por lo que el trato a cada entidad será igualitario “sin ninguna condición” y se respetará e el derecho de disentir.

Ciudad de México, 19 de agosto (SinEmbargo/EFE).– Las y los mandatarios estatales llegaron a un acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su Gabinete para revisar el Pacto Fiscal, también alcanzaron un consenso sobre cómo operará el semáforo epidémico para medir el riesgo por la COVID-19.

“(Las y los gobernadores) acordaron promover la discusión de hacienda pública y la coordinación fiscal en el corto y mediano plazo a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, órgano del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el que participan todos los secretarios de finanzas de todas las entidades y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, dijo esta tarde Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, en conferencia de prensa desde San Luis Potosí.

La funcionaria detalló que las y los gobernadores estatales que lo deseen podrán incorporarse a las reuniones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

Aseguró que el Gobierno federal no es sectario. “El trato será igualitario sin ninguna condición en la que se respete el derecho de disentir y se analizará la Ley de Coordinación Fiscal, pero con objetividad, transparencia y diálogo”, afirmó.

Juan Manuel Carreras, Gobernador de San Luis Potosí y titular de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), adelantó que las discusión sobre el análisis del Pacto Fiscal, que determina los recursos para los 32 estados del país, iniciarán en la Comisión Permanente de funcionarios fiscales y posteriormente se realizarán los trabajos técnicos.

“Se iniciarán en el seno de la comisión permanente de funcionarios fiscales se convocará para que inicien trabajos técnicos que estén acompañados de los gobernadores de los estados para efectos de poder ir construyendo a trazar una ruta en coordinación con el Gobierno de México y la distribución de recursos públicos entre todos”, expuso.

La crisis económica derivada de la pandemia, con un desplome histórico del PIB del 18.9 por ciento, llevó a algunos estados industrializados del norte del país y gobernados por la oposición a levantar la voz contra el pacto fiscal, vigente desde hace una década.

Los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Michoacán, que se autodenominaron Alianza Federalista, exigen reformar el sistema a fin de aportar menos recursos a la Federación y conservarlos para atender la pandemia.

Jaime Rodríguez, Gobernador de Nuevo León, motor industrial del país, llegó al encuentro con pocas expectativas, asegurando que las reuniones de la Conago “nunca han servido para nada”.

Pero a la salida del encuentro publicó un mensaje más conciliador en Twitter: “Los gobernadores que conformamos la Alianza Federalista nos hemos unido no para confrontar ni polarizar, sino para colaborar y ayudarle a México y a usted, señor presidente”.

La foto de la reunión, en la que López Obrador y dos gobernadores fueron los únicos que no llevaban cubrebocas, sirvió de metáfora sobre las diferencias que han aflorado durante la crisis sanitaria entre el Gobierno federal y los estatales.

Pero según reveló la Secretaria de Gobernación, enlace entre el mandatario y los gobernadores, el encuentro celebrado en San Luis Potosí sirvió para acercar posiciones y “construir una estrategia conjunta” frente a la crisis sanitaria y económica.

LOGRAN ACUERDO PARA El SEMÁFORO

Durante la reunión, el semáforo epidemiológico estaba en el ojo del huracán que cada 15 días actualiza la Secretaría de Salud federal y que determina mediante cuatro colores (rojo, naranja, amarillo, verde) el grado de reapertura económica y social en cada estado según su situación sanitaria.

El Gobernador de San Luis Potosí recordó que las y los gobernadores han externado en las últimas semanas sus críticas sobre el manejo de la epidemia en México, pero destacó que lograron un acuerdo sobre cómo operará el semáforo de riesgos por COVID-19.

“El día de hoy se alcanzó ya un consenso entre gobiernos estatales y la federación en torno a la operatividad de los lineamientos del semáforo epidémico, que se orientará a medir los riesgos como un referente indicativo, es decir, se transitará a una naturaliza orientadora con al participación de todos los estados. La construcción de los indicadores será un trabajo en conjunto de ahora en adelante”, anunció.

En la cumbre no estuvo el Subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, encargado del diseño del semáforo y de la estrategia sanitaria del Gobierno federal, quien goza del pleno respaldo del Presidente pese a la petición de renuncia que hicieron nueve estados.

LA CORRUPCIÓN SOBREVUELA LA CUMBRE

Como era de esperar, la cumbre del Presidente y los gobernadores no pudo evitar los efectos del terremoto político que ha generado la extradición el mes pasado del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de la trama Odebrecht.

Para reducir su pena, Lozoya ha implicado en los sobornos al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN).

Unas acusaciones que López Obrador, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), ha pedido en reiteradas ocasiones que se den a conocer ampliamente.

El Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez (PAN), tuvo que salir al paso en una conferencia de prensa previa a la reunión en la que negó que en 2013 recibiera sobornos para aprobar la Reforma Energética de Peña Nieto.

Mientras que en el interior de la cumbre, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca (PAN), investigado por presunto lavado de dinero del narcotráfico, estalló acusando al Gobierno federal de darle “bofetadas” y perseguirlo con fines electorales.

“No somos un Gobierno sectario, por lo que hay un trato igualitario y se respeta el derecho a disentir”, expresó Sánchez Cordero en la conferencia de prensa.

–Con información de EFE.