Carlos Ventura, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, dice en entrevista con SinEmbargo que a un año de la tragedia no hay información clara –ni por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ni de ninguna otra instancia del Gobierno local– que dé cuenta efectiva de los trabajos que se han hecho para esclarecer lo que verdaderamente ocurrió y por qué el edificio de Bolívar 168 y Chimalpopoca se derrumbó y el predio fue limpiado inmediatamente.
Fernando Sánchez Lira, hijo de María Teresa Lira y hermano de María Elena Sánchez, lucha por obtener justicia para sus seres queridos a través de una denuncia laboral y otra más del tipo penal. En esa demanda penal, el joven busca que también se finquen responsabilidades a las autoridades capitalinas que supuestamente fueron omisas al permitir que el edificio, que se construyó en 1942, funcionara como fábrica de textiles a pesar de presentar múltiples irregularidades.
Ciudad de México, 19 de septiembre (SinEmbargo).- El predio de Bolívar 168, en la colonia Obrera de la Ciudad de México, ilustra hoy el abandono institucional a las víctimas del sismo del 19 de septiembre de 2017. Lo que fue una vez un edificio de cuatro pisos que albergaba a cinco empresas, y donde murieron al menos 15 personas, está reducido a un lote lleno de basura y un estacionamiento.
Las muñecas y flores, que alguna vez fueron parte de un memorial que se realizó recién pasado el sismo, hoy quedaron entre ropa sucia, zapatos viejos, botes de basura y maleza. Un lugar en donde un hombre en situación de calle encontró para pernoctar, desde hace meses.
Pero la suciedad y el descuido que duele a algunas de las familias de la víctimas va más allá de la que muestra el predio donde fallecieron; lo que más cala, es el olvido a su derecho a la justicia, la falta de esclarecimiento y, con ello, la impunidad en la que prevalece.
Desde hace un año, organizaciones civiles han exigido que los gobiernos local y federal den un informe y certeza sobre las causas reales del colapso de edificio tras el sismo del pasado 19 de septiembre. Sin embargo, a la fecha no ha ocurrido así.
Al menos 38 edificios cayeron tras el sismo magnitud 7.1 que sacudió la Ciudad de México, entre ellos el de cuatro pisos ubicado en el 168 de la calle de Bolívar, colonia Obrera, en el Centro Histórico de la capital del país.
Carlos Ventura del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria dice en entrevista con SinEmbargo que a un año de la tragedia no hay información clara –ni por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ- CdMx), ni de ninguna otra instancia del Gobierno local– que dé cuenta efectiva de los trabajos que se han hecho para esclarecer lo que ocurrió y por qué el edificio de Bolívar 168 se derrumbó.
“Hasta ahora no hay una calificación ni determinación exacta de las responsabilidades, lo cual nos preocupa porque conforme pasa el tiempo, corremos el riesgo de que en este tipo de casos y en este tipo de desastres, ocasionados por el sismo, quede en total impunidad”, plantea el coordinador de Centro Vitoria, organización civil que da acompañamiento a deudos de algunas víctimas de Bolívar y que recientemente publicó un informe sobre violaciones de derechos humanos en el 19S.
El informe de la Secretaría del Trabajo daba cuenta que 49 personas estaban en el edificio el día del sismo, 15 de ellas perdieron la vida, 12 eran mujeres y tres hombres. Además, informó sobre las cinco empresas que estaban distribuidas en los cuatro pisos, así como las identidades de las víctimas.
En la planta baja del inmueble se ubicaba un estacionamiento, una bodega de telas “M Hilo” y el almacén de telas de la empresa “Línea Moda Joven”. Además del estacionamiento y la bodega se encontraba una pequeña tienda de ropa.
LAS VÍCTIMAS
En el primer piso perdieron la vida Irma Chávez Martínez, de 56 años, e Irma Sánchez Ramírez, de 50 años, trabajadoras que la empresa “Línea Moda Joven”.
En el segundo piso se ubicada la empresa “ABC Toys Company S.A. de C.V.”, donde murieron cinco personas: Hsien Yu Huang, conocida también como Amy, de 23 años de edad, quien era la propietaria de la empresa; Pei Ju Chin de 52 años de edad, mamá de Amy; Silvia Migueles Quintanar, de 61 años edad; Wang Chia Yu de 35 años y Lai Ying Xia de 25 años. Las dos últimas no tenían seguridad social y su condición migratoria en el país era irregular.
En el tercer piso estaba la empresa “SEO Young Internacional S.A.”. Ahí murieron seis personas: Ana Ramos González de 23 años de edad; Sonia Rico Montoya de 43 años; María Teresa Lira Infante de 70 años; Maricruz Lucía Rosas Hernández de 42 años; María Elena Sánchez Lira de 55 años y Kyong Jea Lee de 40 años y de origen coreano, conocido también como Esteban Choo y quien se desempeñaba como ejecutivo en la empresa.
En el cuarto piso fallecieron el israelita-argentino Jaime Achequenaze Asquenazí, de 79 años de edad, dueño de la empresa “New Fashion”, dedicada al diseño y elaboración de muestras de prendas de vestir, y Lin Chia Cin, conocido como Pepe Lin, de 40 años de edad, de origen taiwanés nacionalizado paraguayo y dueño de la empresa “Dashcam System”, dedicada a la venta de cámaras de seguridad para vehículos.
Ocho de las víctimas eran mexicanas, cuatro de Taiwán, uno originario de Taiwán nacionalizado paraguayo, uno de Corea y uno más israelita de nacionalidad argentina, de acuerdo a la información que emitió la Secretaría de Trabajo con datos del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (Incifo), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de Locatel.
PELEA POR LA JUSTICIA PARA SU MADRE E HIJA
María Teresa Lira Infante y su hija María Elena Sánchez Lira son parte de las mujeres que murieron en el edificio de Bolívar y Chimalpopoca ese 19 de septiembre 2017.
Fernando Sánchez Lira, hijo de María Teresa y hermano de María Elena, recuerda que ambas mujeres eran personas muy caritativas y grandes amantes de la cocina. “Ellas cocinaban con mucho amor para nosotros”, dice el hombre.
María Teresa, a sus 70 años de edad, era madre de cuatro hijos. Su hija la describe como una mujer muy jovial, expresiva, activa, que le gustaba su trabajo y sentirse independiente.
“Ella te mostraba su cariño sin problema. Mi mamá, oriunda de León, Guanajuato, era muy cariñosa. Tenía unos ojos verdes muy hermosos, igual que mi hermana. Tenía una sonrisa maravillosa. Muy alegre”, recuerda Fernando Sánchez Lira, hijo de María Teresa.
María Elena era un poco más reservada que su madre. Sin embargo se distinguía por tener una vocación de servicio hacía la gente.
“Ella participaba en grupos para ayuda a personas con problemas emocionales o de adicciones. A ella le gustaba mucho los temas e información de espiritualidad, energías, esotéricas”, rememora.
Fernando comparte que la última vez que vio a su hermana fue un 16 de septiembre del año pasado, durante en los festejos de las fiestas patrias, y recuerda que justo en esa ocasión platicaron de la vida, el alma y la muerte.
“Quien diría que en unos días más pasaría todo eso, cuando unos días antes estábamos hablando de las transiciones y de los cambios de energía, y de la muerte. quien lo iba a decir…”.
El menor de los cuatro hermanos señala que este año que ha transcurrido, después del temblor, ha sido muy difícil para él, por los recuerdos, la falta de sus seres queridos y porque aún no hay justicia para sus familiares.
“Ha sido un año muy complicado. Tuve que replantearme la vida completamente. Mi madre significaba todo para mí. Éramos compañeros, teníamos muchas actividades juntos: viajábamos juntos. Era quien me situaba en la realidad de la vida. Su falta me ha ocasionado desajustes, incluso valuados por psicólogos. Son desajustes en tiempo y espacios: hay días en que no sé que fecha es”, relata.
Aunado a la afectación emocional, Fernando enfrenta una carga económica, por los gastos que implican la búsqueda de justicia casi por su cuenta, y además de eso –dice sin especificar– que él tiene una condición médica especial por la que no puede conseguir cualquier empleo, su madre también era un apoyo económico.
LA LUCHA LEGAL
Fernando Sánchez interpuso diversas acciones legales, dos demandas: una penal, y una laboral, así como una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En relación a la denuncia laboral, demandó a la empresa “SEO Young Internacional S.A. de C.V.”, dedicada a la habilitación de bisutería, propiedad de Coreano llamado Cho Han Sup alias “Antonio”. De esa empresa murieron seis personas, de las cuales, tres no tenían seguridad social ni prestaciones laborales, entre ellas, su mamá.
Las otras tres personas que perdieron la vida, sí tenían seguro social, como su hermana María Elena. Fernando explica que los deudos de las víctimas que sí tenían seguro social pudieron resolver la indemnización de forma ágil, pero quienes no tenían seguro, recibieron del dueño de la empresa una oferta desfavorable. Dos de las familias se acogieron al arreglo pero Fernando no lo aceptó.
“Aunque no era una arreglo digno, los demás deudos lo recibieron porque estaban en una situación complicada, porque tenían niños pequeños, daños en sus casas y aceptaron la oferta que fue muy desventajosa. Yo no lo quise aceptar, y opté por irme a la demanda laboral”, explica Fernando.
La Procuraduría de Defensa del trabajo se interesó en la denuncia de Fernando Sánchez y le brindaron apoyo en el proceso que, según parece, está por concluir.
El dueño de la empresa al parecer huyó, según comenta Fernando. En lo que va del proceso ya se celebraron cuatro diferentes audiencias y a ninguna se presentó Cho Han Sup alias “Antonio”.
“No sabemos donde está, no hay noticias de él, no sabemos donde vive, si está o no del país. “
El próximo 25 de septiembre, comenta, se realizará la quinta audiencia y si no se presenta el dueño de la empresa, la autoridad posiblemente ya pueda dar por concluido el proceso y dicten un fallo favor de Fernando. Pero el caso seguirá impune, según advierte el entrevistado: “Pero como me dijeron, me pueden dar el fallo a mí favor por rebeldía [de él] pero, ¿a quién le cobramos?”, estoy atorado con ese tema”, comenta.
INVESTIGACIÓN
En cuanto al aspecto penal, el familiar de las víctimas interpuso la denuncia penal contra el dueño del edificio, un judío de nombre Alberto Cojab Sacal, dueño de la inmobiliaria Inmobico [que administraba el edificio], y contra las autoridades que resulten responsables por posible omisiones.
Los deudos de las seis personas que trabajaban en SEO Young Internacional S.A. de C.V, hicieron un grupo para trabajar con un abogado en la denuncia penal. Con el paso de los meses se integró otra familia de otra víctima y luego el joven coreaño dueño de una empresa, cuenta Fernando.
“Empezamos a trabajar con ese abogado pero después yo noté que no trabajaba correctamente. A él le interesaba llegar más a un arreglo rápido y económico, lo cual no es algo que yo este persiguiendo. Si bien es algo que quiero que se resarza el daño conforme a la Ley, también quiero justicia, pero al abogado o le interesa, él estaba en un arreglo rápido”, comenta.
De acuerdo al familiar, los dueños del edificio ofrecían una cantidad que no se ajustaba a lo establecido: “ellos nada mas planteaban un arreglo como lo dice la Ley de Trabajo. Por su puesto es un factor que se debe de calcular pero hay otros factores que hay que tomar en cuenta y que ellos no consideraban. Yo creo que querían abusar de la ignorancia de la gente” agrega.
Fernando conoció y se acercó a la organización Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria: “cuando la organización me dio asesoría legal, ahí me di cuenta que lo que lo planteaba mi abogado no era correcto, empecé a tener ciertos roces con él, y finalmente desistí de su representación”, narra.
Finalmente el familiar de María Teresa y María Elena, optó por seguir con el acompañamiento de la organización civil, que le asignó una abogada para continuar con el litigio penal.
LENTITUD E IRREGULARIDADES
Carlos Ventura coordinador del Centro Vitoria explica que existe una fuerte dilatación en el tema de las investigaciones sobre las responsabilidades en que incurrieron no solo de particulares sino también de autoridades, por posibles omisiones en el caso de las familiares de Fernando Sánchez.
“Obviamente hay un primer responsable que tendría que ser el responsable del edificio. Y el dueño del edificio que –es el famoso señor Cojab Sacal– es quien ha estado respondiendo a las peticiones de la PGJ. Sin embargo hay un segundo actor que es el empleador. En el caso de la mamá y hermana de Fernando, se desconoce el paradero del dueño de la empresa. Sin embargo, hay un tercer actor que es propiamente el Gobierno de la Ciudad y las instancias encargadas de revisar el cumplimiento de las medidas de seguridad, no sólo en temas laborales sino de infraestructura de edifico”, acusa el defensor.
Ventura agrega que hay un dictamen de arquitectura que obra en la carpeta de investigación, el cual, da cuenta que el edificio tenía daños estructurales antes del sismo.
“Se habían retirado algunas paredes y algunos muros”, detalla.
Por su parte, Fernando Sánchez coincide en que la indagatoria ha sido muy lenta e incluso denuncia que denuncia la Procuraduría capitalina retuvo por muchos meses la carpeta de investigación, de la cual les dieron una copia hasta hace poco tiempo.
“Además, nos acaban de girar un oficio donde la Procuraduría nos requiere una conclusión y entrega de pruebas, cuando apenas nos acaban de dar las carpeta de investigación. Nosotros lo vemos como una forma de presión”, agrega el joven.
Fernando Sánchez recalca que hubo omisiones por parte de las autoridades pues -destaca- el edificio que estaba en Bolívar 168 era muy viejo, de 1942 y permitieron que siguiera operando.
El joven cita un informe de Cenapred que se realizó en 2004, cuando la Procuraduría Agraria rentaba en ese edificio. En dicho informe, abunda el joven, la dependencia recomendaba que el edifico debía de ser desalojado.
“El edificio ya había tenido evaluaciones por Cenapred, que hizo recomendaciones de que ese edificio ya no estaba en condiciones de operar, incluso hay alguna información el mismo Cenapred, señal que ese edificio ya debía haber sido demolido. La misma Procuraduría Agraria, estuvo ocupado, y esta misma procuraduría con sus recursos concluyeron que el edifico no estaba en conclusiones y desalojaron el edifico”, enfatiza.
El demandante insiste en que había notificaciones de que ese edifico no podía seguir en uso.
Otra de las anomalías que se han detectado, añade Fernando, fue la colocación de una Antena de radio comunicación con una subestación eléctrica, que tenía un peso aproximado de unas 30 toneladas.
“Eso contribuyó mucho a que ese edifico se venciera y cayera. También se encontró que hay documentación presumiblemente falsa, en relación a la antena y la subestación eléctrica” detalla.
El entrevistado explica que de acuerdo a la información obtenida, el edificio también violaba el permiso de uso de suelo, el cual establecía que la planta baja era para uso comercial y el resto como uso habitación “y pues todo era de uso comercial”.
Carlos Ventura agrega que la mezcla de las omisiones del dueño del edifico, más la omisión del estado para verificar toda situación que se presentó en Bolívar 168, es lo que se presume que ocasionó el colapso del edifico y con ello la muerte de personas que ahí se encontraban.
CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD
La preocupación de organizaciones y de las víctimas es que no se finquen responsabilidades, no solo a los particulares sino también a las los agentes del estado que debieron vigilar o que fueron omisos, destaca Ventura.
“si bien es cierto que los desastres naturales generan un impacto per sé, ese impacto tendría que ser menor en función de que se hubiera prevenido con la revisión o con mayor control sobre el tipo de actividades que se realizan en los edificios”, enfatiza.
Para el titular de Centro Vitoria las responsabilidades tienen que ser calificadas para los dueños e los inmuebles; para los empleadores, en caso de que sean lugares de trabajo; y para los funcionarios y las instancias gubernamentales encargadas de vigilar que se cumpliera la normatividad de seguridad y protección civil en cada uno de los edificio.
Fernando Sánchez se dice desilusionado del actuar de las autoridades pues esperaba más empatía, y esperaba mayor acción del Estado y castigo a la corrupción.
“Si bien fue una tragedia que nadie quiso y nadie provocó si hubieron muchas muertes que se pudieran evitar si las dependencias encargadas de la seguridad de los inmuebles hubieran hecho su trabajo correctamente. […]El edificio de Bolívar se cayó por omisiones por corruptelas por muchos temas de corrupción, ¿porque se permitió que un edifico tan viejo siguiera operando? yo estoy seguro de que el dueño sabía cuales era las condiciones, pero bueno, pues le importó más obtener un poco de recursos y poner en riesgo la vida de la gente”.
El joven insiste en que el principal descontento es que el Gobierno toleró las irregularidades, pese que el 85 mostró los daños que causa un sismo.
“Pareciera que las tragedias no nos dejan enseñanza, y se siguen cometiendo las mismas omisiones. Ese es nuestro descontento, de nuestra parte de lucha que queremos encontrar justicia y que se haga responsable por estas omisiones y la corrupción” puntualizó.
