El Presidente López Obrador ha cumplido su promesa de campaña y ha echado abajo la reforma educativa de 2013, la “mal llamada”, según su cantaleta. En el momento en el que escribo están por aprobarse la nueva Ley General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y la Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Mejora Continua de la Educación, que sustituyen a todo el entramado jurídico con el que se pretendió liberar a los profesores del yugo corporativo, crear un sistema de incentivos basado en el mérito y establecer un sistema de evaluación permanente del sistema educativo en su conjunto.

Más allá de los errores de diseño del servicio profesional docente, que provocaron la hostilidad de muchos profesores a un sistema que giraba demasiado en torno a los efectos negativos de la evaluación, el de 2013 fue un intento por modificar el arreglo institucional que había imperado en la educación mexicana desde los primeros tiempos del régimen del PRI y que se sostenía en la existencia de un monopolio sindical encargado de gobernar al gremio magisterial encuadrándolo de manera forzosa en las filas del partido oficial. Un arreglo en el que las maestras y maestros eran tratados como clientelas cautivas de una organización vertical y antidemocrática y no como profesionales especializados encargados de una de las funciones sustantivas del Estado mexicano. Hoy, la contrarreforma de López Obrador les devuelve a las organizaciones sindicales el control de la carrera de los docentes y frustra la posibilidad de que cada uno de ellos tuviera en sus propias manos el sentido de su vida profesional.

La opción de López Obrador ha sido poner sus alianzas políticas por delante de la necesidad de mejora del sistema educativo. Ha decidido reanimar al acedo corporativismo heredado de la primera mitad del siglo pasado, como fórmula para garantizar la paz política, a costa de la autonomía profesional de los maestros y maestras y de la posibilidad de construir un sistema donde lo que se premiara fuera el buen desempeño en el aula y los esfuerzos por mejorar día a día el aprendizaje de los alumnos. La legislación derogada era, sin duda, perfectible, pero el engendro que la sustituye no es sino la reconstrucción de los mecanismos de gobernabilidad propios del peor autoritarismo de los tiempos clásicos del PRI.

Como bien señaló ayer la Red Educación Derechos, un grupo de académicos especialistas en temas educativos que ha participado activamente en el debate de la nueva legislación, con el nuevo arreglo regresa y se afirma la injerencia sindical en comisiones tripartitas de ingreso, promoción y reconocimiento docente, trasuntos de las antiguas comisiones mixtas en las que se fundó el control corporativo priista. Ello abre la puerta al retorno de la venta, renta y herencia de plazas docentes, prácticas que han lastrado al sistema educativo mexicano hasta llevarlo a los ínfimos niveles de desempeño que actualmente tiene. Una maraña de corrupción que el Presidente no solo ha decidido no limpiar de arriba hacia abajo con su pañuelo mágico, sino que ha decidido solapar y perpetuar. Restauración, y no transformación, es lo que encierra este empeño presidencial en destruir cualquier cosa que le suene neoliberal.

Por supuesto, la CNTE ha aceptado los términos de las nuevas leyes. Con ellas, tanto la Coordinadora como el sindicato antes oficial retoman el control de la tajada del león del presupuesto educativo y mantienen los mecanismos que convierten a los profesores en sus huestes cautivas, dispuestas a seguir marchando a la orden de los caciques sindicales que medran a costa de la calidad de la enseñanza de la niñez y la juventud del país. También consiguieron las corrientes sindicales que en la ley se privilegie a los egresados de las escuelas normales, de la Universidad Pedagógica Nacional y de los Centros de Actualización del Magisterio en la asignación de plazas, con lo que se viola el principio constitucional de “igualdad de condiciones y equidad” establecido por la reforma impulsada por este mismo gobierno. Con ello también se reproduce el viejo arreglo autoritario, creado en el origen para garantizar la laicidad de la formación magisterial, pero que con el correr de los años se convirtió en el mecanismo para garantizarle plazas a los reclutas sindicales en espacios también controlados corporativamente. En el caso de las normales rurales, se trata del semillero de la CNTE, con su discurso cuasi insurreccional.

La nueva legislación degrada al organismo que sustituirá al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, pues lo nombra “comisión” y lo convierte en un órgano sectorizado en la SEP, lo que viola la misma reforma constitucional con base en la cual se le crea, pues esta establece que debería tener autonomía técnica, operativa, de gestión, presupuestaria y de decisión. Los legisladores de MORENA, preocupados por congraciarse con las mafias sindicales, no han tenido siquiera la pulcritud de respetar la reforma constitucional que ellos mismos impulsaron. En lugar de un órgano técnico especializado y autónomo, ahora será una oficina dependiente del secretario la encargada de evaluar el desempeño de la propia secretaría y del sistema en su conjunto.

A pesar de sus grandilocuentes pretensiones transformadoras, en la educación lo que está haciendo este gobierno es restaurar los mecanismos del antiguo régimen autoritario, precisamente esos contra los que lucharon profesores democráticos como Othón Salazar, empeñados en liberar a los maestros del yugo priista y de su condición de clientelas cautiva, para dignificar su profesión y alcanzar su autonomía. Para López Obrador resulta más importante el apaciguamiento temporal de la CNTE y la reciprocidad política del SNTE que la posibilidad de construir un sistema educativo basado en profesionales autónomos y especializados, dueños de su propia carrera. Prefiere a maestras y maestros sometidos que a docentes que dependan de su desempeño para lograr mejores condiciones salariales y mayor prestigio social. Un retroceso que tendrá consecuencias durante generaciones.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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