Organizaciones y legisladores de oposición consideraron que esta medida va contra la salud de los mexicanos y sólo favorece a las empresas de refrescos.

Por Xanath Lastiri, Juan Luis García y David Martínez

Ciudad de México, 19 de octubre (SinEmbargo).– Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) avalaron con su mayoría de votos la modificación a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS) que perdona en un 50 por ciento la cuota de bebidas azucaradas, justo cuando países como Estados Unidos y Reino Unido impulsan medidas similares.

Con su mayoría mecánica no admitieron a discusión las propuestas de Partido de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y de movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para mantener la cuota de un peso por litro a todas las bebidas saborizadas, tal y como se había aprobado inicialmente en el artículo 2 de la Ley del IEPS.

La negativa de priístas y panistas se mantuvo a pesar de que los legisladores de oposición argumentaron que la alimentación inadecuada y el consumo de refrescos provocan 24 mil muertes al año. Además recalcaron que la Federación estaría regalando a las empresas refresqueras más de 500 millones de pesos, al cobrar solamente la mitad de la cuota.

La noche de este lunes se aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen de la Miscelánea Fiscal para 2016, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la Ley del IEPS, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se envió al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Este lunes, mientras el diario The New York Times reconocía en su editorial el beneficio que ha implicado en México el impuesto a refrescos y bebidas azucaradas, y mientras en Reino Unido, el chef de la televisión Jamie Oliver instaba al Primer Ministro David Cameron a ser “valiente” y hacer frente a los jefes de comida chatarra, México echaba para atrás una iniciativa que había funcionado para combatir la crisis de obesidad en el país.

A decir de grupos de la sociedad civil, esta acción beneficia únicamente a la industria refresquera que con su cabildeo logró que los legisladores cedieran ante una estrategia que va en contra de las medidas de salud.

El Diputado perredista Jesús Valencia Guzmán afirmó: “Están ahorrándole a las refresqueras 500 millones de pesos y además están gastando más de 70 mil millones de pesos en salud, en temas de obesidad, salud bucal, enfermedades estomacales para los niños y niñas. Y ahora ya no les cobran a las refresqueras, pero no sólo eso sino que incentivan el consumo abaratando el producto”.

“No veo la lógica de un gobierno que está buscando ingresos, para disminuir un impuesto tan importante, que además le va a representar un costo adicional por tener luego que atender a los menores que se enferman de cualquier cantidad de cosas por el consumo de fructosa, que es lo que usan las refresqueras”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

Por su parte, el Diputado Carlos Lomelí Bolaños, de Movimiento Ciudadano (MC), aseguró que “todo mundo sabe que las bebidas con edulcorantes han disparado las enfermedades como la diabetes y la hipertensión y que estas son enfermedades crónicas degenerativas, que además evitan la productividad para el país, ya que estos pacientes dejan de laborar por incapacidad”.

Desde la aprobación de la Reforma Fiscal, a finales del 2013. Las organizaciones que componen la Alianza por la Salud Alimentaria han exigido que las autoridades cumplan con las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud, de subir el impuesto a refrescos de 10 al 20 por ciento, lo que representaría dos pesos por litro.

En opinión del Diputado de MC, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, “en esta miscelánea fiscal también observamos un retroceso en el que pretendían disminuir la tasa del Impuesto Especial sobre la Producción de bebidas saborizantes, una política que había resultado acertada y que hoy se busca revertir sin argumentos claros, y manteniendo la opacidad los recursos recaudados por este concepto”.

Asimismo, la Diputada Delfina Gómez Álvarez, quien es integrante de Morena, comentó que “en una Cámara de Diputados que se asume como muy responsable, es realmente un atentado contra los niños y jóvenes, a quienes se pone en riesgo de adquirir enfermedades como la diabetes o la obesidad, que ya es un problema para la población nacional”.

Sin embargo, el Diputado panista Federico Döring Casar explicó que desde su bancada lo que están “pidiendo a la industria refresquera es que haga bebidas con menos contenido de azúcar. Es un estímulo para que hagan refrescos más sanos y que va en concordancia con la política que ha fomentado el Congreso en los últimos años de combate a la obesidad”.

CONTRA LA SALUD DE LOS MEXICANOS

Además de las organizaciones civiles, miembros del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) consideraron que escalonar el gravamen a refrescos está de espaldas a la realidad nacional de salud.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud del 2012, en el país hay 34 millones de personas con sobrepeso y 26 millones con obesidad. Además, la diabetes tipo 2, diagnosticada en personas mayores de 10 años, afecta a 6 millones 500 mil mexicanos, y se estima que una cantidad igual sigue sin ser detectada.

Juan Rivera Dommarco, quien funge como director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, así como de presidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, fue más allá al decir que el incentivo fiscal que se pretende dar a las empresas sólo se otorga cuando se tiene un impuesto robusto.

Mientras el IEPS gravó los últimos dos años el 10 por ciento de las bebidas azucaradas, ahora la nueva medida fiscal pretende gravar el 5 por ciento de las bebidas con cantidades menores a 5 gramos de azúcar.

“La propuesta es crear un incentivo para la reformulación de bebidas. Es decir, un incentivo para que las productoras de refresco disminuyan la cantidad de azúcar. Eso estaría bien si el impuesto fuera del 20 ó 30 por ciento, porque entonces tendríamos un efecto ya grande en la reducción del consumo, pero con un impuesto tan raquítico como el de 10 por ciento, bajarle a 5 por ciento, lo que sí haría es que en esas bebidas no habría un efecto de disminución en el consumo y se debilitaría el impuesto”, explicó.

El INSP, junto con la Universidad de Carolina del Norte, realizó el único estudio independiente hecho hasta el momento sobre la reducción del consumo de refrescos en México. El cual determinó que el descenso en el consumo fue del 6 por ciento durante el 2014. El mismo tuvo mayor éxito en los estratos más pobres de la sociedad, donde la reducción del consumo llegó a ser de 9 por ciento.

En contraparte, Juan Rivera aseguró que no existe forma de saber qué tanto puede aumentar el consumo de bebidas con esta medida.

“Nosotros creemos que si quieren hacer un impuesto gradual. Entonces, súbanle el impuesto al 20 por ciento y dejen el 10 por ciento [en vez del 5 por ciento] a las bebidas con 5 gramos o menos de azúcar”, dijo.

“Muchas de las bebidas que tienen 5 gramos por 100 mililitros o menos son estas agüitas azucaradas dirigidas a bebés. El problema es que no se estaría desalentando su consumo y al dárselas a los infantes se habitúan a consumir bebidas azucaradas desde la edad escolar y adulta. Yo le diría a los legisladores que tomen la decisión con base en salud pública. No en el interés de productores de refresco”, añadió.

Alejandro Calvillo Unna, director de la organización civil El Poder del Consumidor (EPC), refirió que los diputados en su discurso pretenden desestimar un impacto a la recaudación en las arcas del Estado. Pero lo habrá, por lo que deberán hacer nuevas proyecciones para el 2016, consideró. Este año la recaudación estuvo estimada en 18 mil 271 millones de pesos en la Ley de Ingresos de la Federación.