Aroa de la Fuente López
Coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (RLIE)
No existen dudas ni faltan ejemplos respecto a la conflictividad, derivada de los impactos socioambientales y las violaciones a derechos humanos, que acompaña a una buena parte de los proyectos de explotación de recursos mineros, petroleros y gasíferos en América Latina. Muchas veces, en el centro de estos problemas, de una u otra manera, se encuentra la falta de información que las poblaciones afectadas y la sociedad en general tenemos respecto a aspectos clave de lo que la actividad extractiva implica para los territorios.
Estas deficiencias permiten, además, a gobiernos y empresas invisibilizar los costos ambientales, climáticos, sociales, económicos y culturales asociados a los proyectos, lo que termina desembocando en que sean las poblaciones y el medio ambiente quienes terminen asumiéndolos. También los Estados lo hacen, cuando se encargan de las tareas de remediación, reconstrucción, etc., todo ello a costa de los recursos públicos. De esta manera, aunque es cierto que, en mayor o menor medida y dependiendo del país y del sector, la actividad extractiva supone ingresos para las arcas públicas, también lo es que implica grandes gastos e impactos de diversa índole para los países. Costos que sí resultan muy visibles para las personas que los sufren.
Por lo tanto, conocer toda esta información e incorporarla a las decisiones públicas es fundamental para evitar la implementación de proyectos que supongan daños y la consecuente explosión de conflictos. Cuestión recurrente en los países de nuestra región, como los hechos ocurridos muy recientemente con el proyecto minero Las Bambas en el departamento de Apurímac en Perú, donde el conflicto generado se ha cobrado ya cuatro vidas. La base de esta problemática se encuentra, por un lado, en estudios de impacto ambiental deficientes que no informaban cabalmente de las afectaciones del proyecto. Por otro lado, a que las modificaciones que se hicieron a las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs) durante la operación del proyecto y que ampliaban su tamaño y diseño del proyecto, no fueron hechas del conocimiento de la población de la zona.
Este es un caso que muestra las graves consecuencias que conlleva la opacidad de información ambiental y social, que supone no sólo daños irreparables en el medio ambiente y violaciones a derechos humanos, sino también la pérdida de vidas humanas. Para evitar que situaciones de este tipo se repitan en el futuro, es fundamental dotar a la sociedad de elementos suficientes que le permitan participar de manera informada en las decisiones públicas que les afectan.
Ante este contexto, diferentes redes y organizaciones de la región y del mundo se encuentran impulsando medidas que permitan avanzar hacia una mayor transparencia, acceso a la información y participación en cuanto a los impactos socioambientales de los proyectos mineros y petroleros. Un ejemplo de ello es el trabajo de la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas (RLIE) quien, a partir de la realización de investigación en diferentes países de la región, busca visibilizar la importancia de este tema y generar estrategias y propuestas encaminadas a lograr mayores garantías de información en la materia.
En concreto, una de sus acciones es promover que diferentes plataformas de transparencia incorporen este tema, como es el caso de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI). Y la RLIE no está sola en este esfuerzo, pues también numerosas organizaciones de todo el mundo, entre las que se encuentra el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), han hecho un fuerte llamado a la EITI para que incluya obligaciones de información sobre el “riesgo climático” de los proyectos de combustibles fósiles.
Para conocer más sobre este tema, les invitamos a participar en el Panel “Transparencia en el sector extractivo en América Latina: hacia mayor información ambiental y social sobre la actividad petrolera, gasífera y minera”. Este espacio, organizado por la RLIE en colaboración con Publiquen Lo Que Pagan (PLQP) y el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI), tendrá lugar el 27 de octubre en México DF, en el marco de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).
Más información sobre este evento puede ser consultada aquí.
