Por David Martínez, Laura Cordero, Shaila Rosagel y Mayela Sánchez

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– El mensaje de ayer del Presidente Enrique Peña Nieto, que acusa de una acción concertada para desestabilizar su gobierno, tuvo distintas reacciones ayer entre activistas, defensores de derechos humanos y políticos opositores. Algunos lo acusaron de querer criminalizar la protesta legítima de los ciudadanos. Otros señalaron que la administración federal allana el camino para intervenir de manera más fuerte, es decir, utilizar a la fuerza pública.

También dijeron, en entrevistas con SinEmbargo, que Peña Nieto debe aclarar quiénes intentan desestabilizar su gobierno, es decir, ponerles nombre. Coincidieron, la mayoría, en que el mandatario mexicano está dando atisbos de radicalización.

Ayer, el Presidente dijo que “hay protestas que no está claro su objetivo. Pareciera que respondieran a un interés de desestabilizar, de generar desorden social y sobre todo de atentar contra el proyecto de Nación que venimos construyendo”.

También dijo que “lo largo de esta semana y estos días se han apreciado lamentablemente actos de violencia en algunas partes, de protesta con violencia en otras; claramente [quiero] señalar que el gobierno de la República es solidario con el dolor que ha provocado la desaparición de jóvenes estudiantes, que el gobierno de la República ha emprendido una investigación exhaustiva a través de la PGR y que ha mostrado públicamente el alcance y lo que lleva en sus investigaciones”.

“Pero también hemos advertido que al amparo de este dolor y del sufrimiento de los padres de familia y de la consternación social que hay por los hechos de dolor y de horror que de acuerdo con la investigación se tuvieron en Iguala, hemos advertido los movimientos de violencia que al amparo y escudo de esta pena pretende hacer valer protestas. No nos vamos a detener. Pareciera que algunas voces unidas a esta violencia y a esta protesta, algunas de ellas, fueran aquellas que no comparten este proyecto de Nación, que quisieran que el país no creciera y que frenara su desarrollo”, expresó.

Ayer mismo, la secretaria de Cultura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Pagés, acusó a quienes protestan por la desaparición de los 43 normalistas de estar tendiendo una “trampa” a México con el fin de, dijo, “crear el efecto de que el país se está quemando”.

En un artículo editorial publicado en la página electrónica de la sede nacional tricolor, citó como responsables de esta “trampa” a sindicatos de maestros como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), grupos guerrilleros, “mercenarios anarquistas”, al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional e incluso a medios de comunicación.

DISCURSO CONTRA LA PROTESTA

Jesús Robles Maloof, abogado y activista, dijo que el gobierno federal “está creando un discurso contra la protesta, contra la exigencia de justicia”. A Peña Nieto, agregó, no le gustan los jóvenes porque son “libres y contestatarios y él es un autoritario. No los lee, no los entiende, no los comprende”.

Defensor de jóvenes detenidos en algunas protestas como la  del 1 de diciembre, Robles Maloof recordó que desde que fue Gobernador del Estado de México, Peña Nieto evadió responsabilidades; y además, creo contextos para la represión. Ahora no es diferente, dice,  “la clase política sólo ha hecho dos cosas: echarse la culpa entre ellos o, ahora, recurren a la estrategia de criminalizar la protesta”.

“El adversario en opinión pública, real y organizada a este gobierno han sido los jóvenes, en sus diversas  y múltiples manifestaciones y contra ellos se ha ido el aparato represivo –expresó Robles Maloof–. La clase política, las izquierdas abandonaron la oposición, y quienes se opusieron en las calles contra el régimen autoritario son los jóvenes”.

Daniel Gershenson Shapiro, activista y promotor de causas de interés público, consideró que el mensaje de Peña Nieto es parecido al del ex Presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1968, cuando insinuó que el Estado tendría que utilizar la fuerza como respuesta a las protestas. Sin plantear un desenlace similar al de la matanza estudiantil en Tlatelolco, aclaró, “empezar a articular un mensaje como ese sí puede derivar en medidas represivas que ya no caben en el México de 2014”.

“Se está empezando a deslizar, junto a un discurso pretendidamente pacifista, esta idea paranoica que las personas que han estado marchando, que somos muchísimas, de todas las edades, en distintas partes de la República, estamos de alguna manera socavando las bases de la Patria mexicana –dijo Gershenson–. Es un discurso que podría haber pronunciado un Gustavo Díaz Ordaz, mejor vestido y con maquillista y con más pelo”.

Calificó como irresponsable el hecho de que se quisiera establecer una relación causal entre quienes han salido a las calles a exigir justicia para que no haya una repetición de lo ocurrido en Iguala, Guerrero, “y el mal momento que está pasando la pareja presidencial en virtud de que un medio independiente se esté limitando a hacer su trabajo”, en referencia al reportaje de Aristegui Noticias sobre la mansión de más de 8 millones de dólares que está a nombre de una constructora beneficiada por el gobierno del Estado de México, cuando el actual Presidente gobernó esa entidad.

Gershenson señaló también que el Presidente ha tenido un “torpe control de daños” respecto al caso de Ayotzinapa y al de la llamada “casa blanca”, y ha orientado erróneamente su discurso al tratar de trasladar la responsabilidad por el asunto del inmueble a su esposa, Angélica Rivera. “Son declaraciones indignas de una persona que dice ser muy moderna y que sena demarcado de los usos y costumbres del PRI, pero si él piensa o sospecha o se imagina que los miles de personas que se han concentrado no solamente en el Distrito Federal sino en otros estados de la República y fuera de México, de alguna manera están atentando contra su proyecto de Nación, porque además fue muy enfático en ese sentido, está muy mal asesorado, sí necesita hacer cambios importantes, porque ese mismo discurso hace un par de generaciones derivó en matanzas y en un retroceso histórico que creo que todavía estamos pagando. Debería medir sus palabras, afrontar su responsabilidad”, sugirió.

El activista Carlos Brito consideró preocupantes las declaraciones del Presidente. “Independientemente de cuál sea la intención, que uno lo puede debatir, lo que sí es cierto es que los efectos que tiene sobre una población que se ha mantenido crítica, que se ha mantenido movilizada, es un mensaje que puede interpretarse en un sentido de amenaza, en el sentido de que parece que no distingue entre protesta violenta y protesta pacífica”, refirió.

La preocupación de Brito no es sólo por la consecuencia que podría tener para para la protesta social, pues subrayó que el Presidente inmediatamente después de hablar de un “afán orquestado por desestabilizar y por oponerse al proyecto de Nación”, se refirió al reportaje de investigación sobre la “casa blanca”, realizado por el equipo de Aristegui Noticias.

“El mensaje que está mandando a los periodistas de investigación es precisamente ese –consideró Brito–: ‘Ustedes al hacer su trabajo están colaborando o están siendo parte de un intento de desestabilización, lo cual es más preocupante”.

Advirtió que incluso es un mensaje peligroso, pues puede traducirse en acciones no sólo contra periodistas, sino también contra defensores de derechos humanos y activistas. “En este clima de represión se puede justificar entonces que si la gente que se manifiesta, o la gente que hace periodismo, plantea una postura crítica al gobierno, se vale atacarlos, se vale desaparecerlos, y precisamente la raíz del conflicto”, expuso.

Daniel Giménez Cacho, actor miembro del colectivo El Grito más Fuerte, calificó de “miope” la visión de la secretaria de Cultura del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Beatriz Pagés Llergo Rebollar, sobre las movilizaciones en torno a los 43 normalistas desaparecidos. “Me sorprende, de alguien que está en cultura, el no tener una percepción de lo que está pasando. Lo reduce a una percepción paranoica de desestabilización contra el proyecto del país que ellos están llevando a cabo. Es una visión de la cúpula política que se siente afectada, pero no de alguien que ha ido a la calle, de alguien consiente de los últimos años y la violencia que se vive”.

“No está en la realidad del país –dijo Giménez Cacho–. Vive en una cúpula y no vio pasar el Movimiento por la Paz, no vio pasar lo de Atenco, Aguas Blancas, la masacre de Las Abejas [Acteal], el asesinato de los chavos de Ayotzinapa en 2011, la situación de los miles y miles de desapariciones forzadas, desplazados, muertos, feminicidios, no le dicen nada”.

Giménez Cacho indicó que Beatriz Pagés parece no estar al tanto de que México “tiene años desbaratándose”. “Es miope su visión desde la paranoia de donde está encumbrada en su cúpula de poder, defendiendo su espacio de poder. Quiero saber qué hubiera pasado si desaparecen 43 hijos de políticos y empresarios, ya no estaría ahí [Jesús] Murillo, pero como se trata de indígenas, siempre despreciados, es para desestabilizar”.

“TUFO AUTORITARIO”

 

 

 

 

 

 

 

 

Martí Batres Guadarrama, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, consideró que la quema de la puerta de Palacio Nacional y otras provocaciones violentas ocurridas durante las manifestaciones por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pudieron ser planeadas por el mismo PRI para amedrentar a los jóvenes y criminalizar a la oposición.

“Lo que pasó en la puerta del Palacio Nacional es responsabilidad del gobierno federal: ellos son los que quitaron las protecciones, al personal del Estado Mayor Presidencial. Qué casualidad –expresó Batres– que no había nada de fuerza pública cuidando el Palacio. Es más lógico suponer que la provocación venga del propio gobierno federal. No será la primera vez”.

“En alguna ocasión, en los 60 y 70, crearon una guardia negra con los halcones y los infiltraban para generar vivencia en los movimientos. Hablando de puertas, a ellos no les importan, ya en el 68 lanzaron un bazucazo contra la puerta reliquia de la Preparatoria de San Ildefonso. Las cosas indican hacia allá. Los más probable que los provocadores vengan del gobierno federal para causar temor entre los jóvenes”, agregó. “Es el PRI de [Gustavo] Díaz Ordaz. Se le cayó la careta de guapo y el rostro que aparece es el de Díaz Ordaz, igual de represores y de provocadores. Echarle la culpa a AMLO es infantil. Nada más falta que le echen la culpa de que llevó el ébola al continente americano”.

La Senadora del Partido del Trabajo Layda Sansores dijo reconocer un “tufo autoritario” tras las declaraciones del Presidente. “Me preocupa porque huele a represión. Tal pareciera que primero el Gobierno quiso implementar una campaña por la paz, que no pegó porque no puede haber paz sin justicia y Ayotzinapa es un grito de dolor que no pueden acallar”.

Señaló que el Presidente está obligado a decir quiénes están detrás de este interés por desestabilizar su Gobierno o de otra manera fortalecerá la hipótesis de que intenta crear culpables para justificar una eventual represión a las manifestaciones.

“Un Presidente no puede lanzar una acusación tan fuerte, porque es muy grave. No puede decir eso sin denunciar a los responsables y sin ordenar una investigación. Puedo pensar que es producto de su molestia; el tono de su voz era de mucho enojo. Pero él debe entender que más molestos e indignados estamos lo mexicanos”.

Sansores dijo que desde el PRI se intenta allanar el terreno para sembrar una campaña de desprestigio en contra de manifestaciones pacíficas. No es coincidencia, dijo, que la priista Beatriz Pagés haya escrito un texto responsabilizando a maestros, estudiantes y políticos de intentar desestabilizar al Gobierno federal.

El Diputado Ricardo Monreal, coordinador de Movimiento Social en la Cámara de Diputados, llamó a la Presidencia a no replicar los llamados que hacen algunos sectores en el sentido de que las manifestaciones provocan desestabilización social y económica. “La represión no debe de ser la solución, no puede ser el camino. Esto provocará más encono y más división”, indicó. “No hay ninguna actitud conspiratoria del pueblo del México ni de ninguna organización. Es un reclamo por justicia, y un reclamo contra la corrupción y la impunidad y hay que escuchar esas voces que finalmente viene del pueblo”.

“El Presidente tiene dos alternativas –dijo–: el no escuchar al pueblo y hacerle caso a su grupo de incondicionales que actúan como aduladores, o actuar como un hombre de Estado en donde debe de darle una sacudida a su propio gabinete”.

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, consideró que el Presidente utiliza la salida más fácil al responsabilizar a la gente que se manifiesta, sin asumir una actitud autocrítica. “Lo que está aconteciendo no es menor, es un asunto grave y delicado y se tiene que reconocer que es parte de las debilidades del Estado mexicano. La crisis de seguridad es una responsabilidad del Estado como tal y por lo tanto él tiene que asumir esa responsabilidad en vez de estar buscando cómo etiquetar a la gente que protesta”, sostuvo.

El líder del PRD en San Lázaro expresó que Peña Nieto debe aclarar cuál es el proyecto de Nación, porque no se observa con claridad cuál es el rumbo del país.

“Debe dejar de ser jefe de facción o de su partido –agregó Miguel Alonso–, pero también debe dejarse de tonterías y ponerse a gobernar, con toda claridad lo digo. Sin rodeos. Ya estuvo bueno de frivolidades con su mujer, de pachangas, de corruptelas. Ya estuvo bueno de eso, eso es lo que tiene enfadada a la gente”.

La vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, lamentó que el Presidente arremeta contra los mexicanos que salen a las calles. “El país está desestabilizado y está en crisis, no porque haya protestas, sino porque hay un nivel de impunidad en donde la justicia es lo más lejano que podemos ver en nuestra vida cotidiana. Y porque la protección a diferentes actores políticos, del partido político que sea, ha sido el común denominador en esta terrible situación que vive ahora el Estado”.

“Una de las cosas más graves en este país es la impunidad y la impunidad viene acompañada de la falta de transparencia –Alavez Ruiz–, y si ahora nos enteramos de cómo el patrimonio de la pareja presidencial es algo completamente insultante para la población y que la explicación dista mucho de lo que hemos venido conociendo por investigaciones periodísticas, habla de cómo ahora tenemos un Presidente que se esconde en las plumas de La Gaviota y que quiere salga a dar una explicación pública de un patrimonio producto de una serie de relaciones públicas de ambos”.

“Yo diría que es una falta de visión en términos de cómo lee la realidad, esto de decir que hay quienes intentan desestabilizar con estos actos de protesta, en lugar de hacerse cargo de que las instituciones están fallando. Por lo que se están desatando cada vez más crispaciones de todos los sectores de la población, llámense estudiantes, campesinos, intelectuales, esto se está volviendo ya una bola de nieve, en donde el Estado no tiene la entereza de enfrentar estas condiciones”, concluyó.