Un informe de nueve Organizaciones No Gubernamentales, entre ellas una internacional, reveló la grave crisis de derechos humanos a la que son sometidos los migrantes en México. SinEmbargo se acercó a hablar con varios de los especialistas sobre el tema y lo que denunciaron fue la colusión de las autoridades con el crimen.

Nueve organizaciones presentaron el informe sobre los derechos humanos de los migrantes.  Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Nueve organizaciones nacionales y extranjeras presentaron el informe sobre los derechos humanos de los migrantes. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).– Nueve organizaciones, entre nacionales e internacionales, declararon el fracaso del Programa Plan Frontera Sur para proteger los derechos humanos de las personas migrantes que cruzan el país.

Cooptación de las rutas migrantes por parte del crimen y abusos de las autoridades fueron las principales causas de los atropellos a los derechos humanos de quienes migran, de acuerdo con especialistas, quienes aseguraron que a partir de la implementación del Plan en el segundo semestre del años pasado hubo un aumento en delitos de homicidio, secuestros, desapariciones, lesiones, violaciones sexuales y trata de blancas.

Entre octubre del 2014 y junio del 2015 se detuvieron a 168 mil 280 migrantes. María Conrad, de la Iniciativa Kino para la Frontera y la Red Sonora, explicó que, por ejemplo, en Nogales, Sonora, se ha visto como las autoridades participan en los delitos.

“La verdad diría que hay más delitos por parte de las autoridades, el caso es que hemos comenzado a documentar situaciones de secuestro dentro de Nogales. Pareciera ser que hay casos relacionados con las autoridades, pero también está el asunto de que hay autoridades vinculadas con el crimen organizado, en donde las autoridades detienen a menudo a migrantes y después los llevan con el crimen organizado”, dijo.

Asimismo, Alberto Donis, representante del Albergue Hermanos en el Camino que dirige el padre Alejandro Solalinde, dijo a SinEmbargo, que en el Instituto Nacional de Migración persiste desde abril una red de corrupción.

“Nosotros denunciamos la red que opera dentro del INM con el tema de los cubanos, porque para ellos es difícil salir de Cuba, pues a los centroamericanos los deportan y regresan con más facilidad. Hemos detectado prácticas de extorsión en las estaciones migratorias de Tapachula, de Acayucan, Veracruz, del Distrito Federal y algunas en el norte: llaman a los familiares para que paguen dinero y se disfrazan de supuestos coyotes, y les dicen ‘ya tengo a tu familiar en la frontera, me tienes que pagar una cierta cantidad de dinero’, o le dicen que tiene que pagar si quiere salir”, dijo.

El informe “Un Camino incierto: Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México” detalló que conforme el aumento de las detenciones fue el detonador de una mayor exposición de los migrantes a los peligros del camino, por tener que recorrer zonas, en su afán de llegar a la frontera norte, donde quedan invisibilizados.

Entre julio 2014 y junio 2015, las detenciones de migrantes subieron 73 por ciento, respecto al mismo periodo entre julio 2013 y junio 2014. Y el trabajo señala que las dificultades para acceder a la justicia aún persisten.

El informe apuntó que tan sólo en Oaxaca desde el año 2011 a abril del 2015, se han presentado 383 denuncias, de las cuales sólo cuatro han terminado en sentencia en los tribunales.

Fray Tomás González, director del albergue La 72 Refugio para Migrantes, específico que el programa fue un fracaso, si se considera que el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que sería para proteger los derechos de los migrantes.

“Desgraciadamente tenemos que señalar que el programa ha sido una parte, o herramienta, para hacer daño a las personas migrantes. ¿Quién ha sido el brazo ejecutor? El Instituto Nacional de Migración [de siglas INM], que desde nuestra perspectiva se ha policializado y militarizado, eso nos deja un cúmulo de quejas en contra de los agentes del INM. Y no ha sido sólo el instituto sino la policía, el Ejército, la Marina”, dijo el director.

Gráfica: SinEmbargo

Gráfica: SinEmbargo

La Red Sonora ha documentado que en esa entidad los abusos de las autoridades y varían. En el casos de migrantes que se trasladaban en bus la mayor parte de abusos fueron cometidos por la Policía Federal, en 36 de 64 casos.

Por otra parte, en circunstancias donde las personas migrantes se hayan en vías del tren o terminales de autobuses, son los policías locales, tanto como los federales, los que participan en estos abusos.

En el sur del país, Tomás González especificó que entre la población más vulnerable que migra están los niños, mujeres y transexuales. Sólo en septiembre tenemos documentados 14 casos de violación sexual y dos son de transexuales.

“Yo llegué a pensar que el transexual puede ser más vulnerable que la mujer, las autoridades violan a un transexual migrante, varias veces, que además tiene que venderse incluso con sus propios compañeros. Asimismo, recientemente estuvimos abogando por 25 personas privadas de la libertad. Con esto queremos decir que estamos en un florecimiento de violación de derechos”, dijo.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglás en inglés) que fue parte de este informe, recalcó que México no ha hecho por estrechar lazos con los Gobiernos centroamericanos y de forma regional atender las problemáticas derivadas de la migración.

“Hay uso excesivo de la fuerza. Creemos que el Gobierno federal ha fracasado en la protección de los migrantes. Esto ha llevado a más delitos y violaciones de los derechos de los migrantes y una falta de acceso a la justicia. Como lo es poner una denuncia, hacer una solicitud de visa por razones humanitarias y asilo. México tiene que dejar de ver el tema de migración como administración de flujos de personas”, destacó Maureen Meyer, coordinadora del programa de México y derechos de migrantes de WOLA.

Hasta ahora el Gobierno ha recibido fuertes apoyos de su vecino del norte para contener a la cantidad de migrantes. El informe cita que en el 2014, Tom Shannon, asesor especial del Secretario de Estado de los Estados Unidos reveló que se estaba trabajando para destinar 86 millones de dólares para control de la frontera sur mexicana a través de la iniciativa Mérida, y este año, el Congreso de Estados Unidos asignó 79 millones de dólares para el mismo propósito.

Como resultado del apoyo norteamericano, el trabajo citó: “Entre octubre de 2014 y mayo de 2015, el INM detuvo a más de personas migrantes centroamericanas que la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos; 110 mil 43 del INM versus 85 mil 131 de la Patrulla Fronteriza”, citó.

Por su parte, Karina Ramírez Rivera, de la asociación civil Un mundo Una Nación, explicó dijo a SinEmbargo, que hay registros de que en los últimos tres o cuatro meses hay guardias privados de la empresa FerroSur en Tlaxcala amedrentan a los migrantes para que no se suban al tren.

Las medidas en contra de migrantes, de acuerdo con Ramírez, vienen desde el 2012, cuando se construyeron muros alrededor de las vías para que los migrantes no puedan subir o bajar del ferrocarril.

VISAS Y ASILOS

Visas por razones humanitarias son limitadas, acusaron ong's. Foto: Cuartoscuro

Visas por razones humanitarias son limitadas, acusaron ong’s. Foto: Cuartoscuro

El informe reportó que existen numerosas trabas para que los migrantes tengan acceso a visas por razones humanitarias y de asilo.

“Ha sucedido que les niegan los trámites y deportan a personas que vienen huyendo de la violencia. Tuvimos el caso de un salvadoreño que al ser reenviado fue golpeado por las pandillas y enviado al hospital”, dijo Alberto Xicotencatl, director Casa del Migrante de Saltillo.

De 2013 a septiembre del 2015 en México se han realizado mil 383 solicitudes de asilo. De los cuales sólo el 289 fueron reconocidos, lo que representa el 20 por ciento, de acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

En cuanto a las visas por razones humanitarias son muy pocas las solicitudes a las que el Estado accede a expedir. Entre enero y junio hubo 527 visas expedidas, y 461 fueron para centroamericanos, lo que representa el 87 por ciento.

“Aquí hay un problema. Y es que la ley de migración asevera que se deben otorgar las visas cuando las personas hayan sido víctimas de delitos graves. Pero hay entidades donde los códigos penales varían entonces ha habido secuestros donde, por ejemplo, no se pagó ningún rescate y no son catalogados como graves y se les niega la visa y les dan un plazo para dejar el país”, dijo Xicotencatl.