McDonald’s tenía como práctica obligar a trabajadores que son residentes legales a mostrar una nueva tarjeta de residencia una vez vencido el documento original, pese a que la ley federal prohíbe dicha práctica.
Washington, 19 Nov (Notimex).- La cadena de comida rápida McDonal’s pagará una sanción de 355 mil dólares como parte de un acuerdo alcanzado hoy con el Departamento de Justicia para resolver denuncias de discriminación contra trabajadores inmigrantes en sus establecimientos.
El acuerdo fue alcanzado tras la investigación iniciada por la Oficina del Consejero Especial para Prácticas Injustas en el Empleo Relacionadas a Inmigración (OSC, por sus siglas en inglés) a partir de denuncias hechas por algunos de los trabajadores de la cadena.
La investigación encontró que McDonald’s tenía como práctica obligar a trabajadores que son residentes legales a mostrar una nueva tarjeta de residencia una vez vencido el documento original, pese a que la ley federal prohíbe dicha práctica.
La discriminación contra estos trabajadores quedó determinada debido a que la compañía no exigió lo mismo a los trabajadores ciudadanos cuando los documentos originales que presentaron al momento de su contratación habían expirado.
Las autoridades pudieron determinar además que la compañía no permitió trabajar a aquellos trabajadores inmigrantes que no pudieron presentar sus nuevos documentos, como resultado de los cuales algunos perdieron sus trabajos.
Vanita Gupta, la Jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia dijo que los empleadores no pueden establecer estándares más estrictos para residentes legales durante el proceso de verificación de la elegibilidad de empleo.
“Requerir documentos innecesarios de ciertos individuos por motivos de su estatus migratorio o de ciudadanía es un acto de discriminación, y el Departamento De Justicia no dudará en ejecutar la ley”, dijo.
El Departamento de Justicia dejó en claro que la ley prohíbe a los empleadores obligar a los residentes permanentes legales que contratan a que presenten sus tarjetas de residencia permanente al comenzar a trabajar.
Bajo el acuerdo, McDonald’s pagará al gobierno 355 mil dólares en sanciones civiles, y se someterá a 20 meses de supervisión, y capacitará a sus empleados en cuanto a la disposición antidiscriminatoria de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
De igual modo, McDonald’s deberá indemnizar a aquellos residentes permanentes legales que eran empleados en restaurantes propiedad de la cadena y que perdieron horas laborales o sus empleos como consecuencia de está práctica.
