Un elemento destacado por el actual Mandatario mexicano desde su campaña electoral quedó plasmado en la Ley: la cancelación de cualquier tipo de pensión para los ex Presidentes del País.

También les retiró apoyo económico sobre bienes muebles o inmuebles a su disposición y que sean parte del patrimonio federal.

Ciudad de México, 19 de noviembre (SinEmbargo).- La Ley Federal de Austeridad Republicana fue publicada este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por la Secretaría de la Función Pública, con títulos aplicables para todas las dependencias de los tres niveles de Gobierno, entidades y organismos, con el fin de ahorrar gastos federales y controlar el gasto público.

La nueva norma federal “tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal y coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, citó el documento en su primer artículo.

El documento, firmado el 14 de noviembre por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, enlistó las medidas que impulsarán la austeridad republicana como política de Estado y con ello poder satisfacer las necesidades generales y mecanismos de evaluación.

Prohíbe la duplicidad de funciones en la Administración Pública Federal, como las plazas con nivel de Dirección General Adjunta “que no ejerzan facultades contempladas expresamente en ley o reglamento”.

Un elemento destacado por el actual Mandatario mexicano desde su campaña electoral quedó plasmado en la Ley: la cancelación de cualquier tipo de pensión para los ex Presidentes del País.

“Se prohíbe y se cancela cualquier otro tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para el beneficio de los ex titulares del Ejecutivo Federal”. el mismo transitorio planteó como prohibida “la asignación a ex titulares del Ejecutivo Federal, de cualquier tipo de servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado”.

También les retiró apoyo económico sobre bienes muebles o inmuebles a su disposición y que sean parte del patrimonio federal.

“A partir de que esta Ley entre en vigencia, dichos recursos humanos y materiales se reintegrarán a las dependencias correspondientes”, citó la Ley.

El artículo 7, establecido en el Título segundo sobre la austeridad republicana de Estado planteó que se deberá partir de un diagnóstico de las medidas a aplicar de conformidad con la Ley de Planeación y se deberá cumplir con 3 criterios:

– Abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que México sea parte.

– Enfocar las medidas de austeridad republicana preferente en el gasto corriente no prioritario en los términos de la presente Ley.

– Evitar reducir la inversión en la atención a emergencias y desastres naturales o provenientes de la actividad humana.

Además describe el comportamiento austero de los servidores públicos, en el que estableció en sus artículos 20, 21 y 22:

“Se sujetarán a la remuneración adecuada y proporcional que conforme a sus responsabilidades se determine en los presupuestos de egresos, considerando lo establecido en los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, además, deberán desempeñarse con apego a lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“Queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, Condiciones Generales de Trabajo o contratos colectivos de trabajo”.