El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que la acusación contra el Capitán Crespo “es por presuntos vínculos con la organización Guerreros Unidos”.

México, 19 nov (EFE/SinEmbargo).- Una Jueza federal dictó este jueves auto de formal prisión para el Capitán José Martínez Crespo mientras continúa la investigación en su contra por el delito de “delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud“.

La Jueza segundo de distrito de procesos penales federales en el Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, determinó hoy que la Fiscalía General de la República (FGR) de México “aportó elementos suficientes” para que el militar enfrente un proceso penal por dicho delito.

Sobre la decisión de la Jueza, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que “la acusación es por presuntos vínculos con la organización Guerreros Unidos”, grupo delictivo señalado como responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El pasado 13 de noviembre, las autoridades mexicanas arrestaron a Martínez Crespo, en ese momento medios informaron que estaría relacionado con la desaparición de los normalistas. Conrado López Hernández, abogado del militar, aseguró en entrevista para Proceso el sábado pasado que la investigación por el delito de delincuencia organizada contra su cliente no está relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, también opinó que autoridades federales buscan construir “su propia verdad histórica” del caso.

El abogado dijo que el capitán se entregó porque no hay pruebas que lo vinculen, también aseguró que su cliente ha salido bien librado de otras investigaciones por el caso Ayotzinapa y cuestionó la actuación de autoridades federales.

“Lo que están haciendo es construir su propia verdad histórica. Eliminaron la llamada verdad histórica que era endeble, para construir su propia verdad histórica en la supuestamente autónoma Fiscalía General de la República por la presión presidencial”, opinó Conrado López entrevistado por el periodista

Crespo fue arrestado en la prisión del campo militar número 1-A, al oeste de la Ciudad de México, donde se presentó voluntariamente, y fue acusado de delincuencia organizada en la modalidad de narcotráfico.

Crespo estaba adscrito en el 27 Batallón de infantería en Iguala, Guerrero, donde fueron vistos los 43 estudiantes antes de su desaparición.

Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula y tiró los restos en un río.

El Gobierno de Peña Nieto descartó la participación en el caso de militares y policías federales.

Este relato, conocido como la “verdad histórica”, fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

El pasado 26 de septiembre, en un acto por los seis años de la desaparición, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció órdenes de captura contra miembros del Ejército.

“Se han entregado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad. El que haya participado y se le demuestre va a ser juzgado”, expresó el mandatario en una reunión en Palacio Nacional con familiares de las víctimas.

Al asumir el poder López Obrador, se creó una Comisión de la Verdad junto a las familias y la Fiscalía que reinició la investigación contra los responsables de la desaparición y contra las autoridades que crearon un falso relato de los hechos mediante torturas a los presuntos implicados.

–Con información de EFE.