El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación establece que el Estado mexicano podrá suspender la ejecución de los convenios de cooperación bilateral y prohibir las actividades de agentes extranjeros si comprueba que cometieron ilícitos como la privación ilegal de la libertad de las personas.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo/EFE).– La reforma a la Ley de Seguridad Nacional que regulará la presencia de agentes extranjeros en México, como la DEA, el FBI y la CIA, entró en vigor desde hoy.

El decreto fue publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación y fue expedido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en él se define a los agentes extranjeros como funcionarios que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes “y otras disposiciones de carácter reglamentario o aquéllas de carácter técnico especializado”.

La publicación adiciona el título séptimo por lo que en el Artículo 73 de la Ley de Seguridad Nacional ahora se establece que el Gobierno supervisará a los agentes extranjeros para que cumplan con sus obligaciones legales que deriven de convenios bilaterales suscritos por México sobre seguridad.

“Cuando a juicio de las autoridades mexicanas un agente extranjero incumpla con las disposiciones generales y específicas que le resulten aplicables, el Gobierno de México solicitará su retiro al gobierno del Estado acreditante y quedará sujeto a las sanciones que resulten aplicables en términos de las leyes mexicanas”, dicta la reforma.

La ley también establece que el Estado mexicano podrá suspender la ejecución de los convenios de cooperación bilateral y prohibir las actividades de los agentes extranjeros si se comprueba “que un gobierno extranjero, por conducto de sus agentes, incite o promueva la comisión de los ilícitos consistentes en el cohecho, la privación ilegal de la libertad de las personas, así como la sustracción de los habitantes del territorio nacional para ser llevados a juicio ante otro Estado”.

La iniciativa fue impulsada por el Presidente López Obrador después de que el General Salvador Cienfuegos Zepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fuera detenido por autoridades estadounidenses en Los Ángeles, California.

La captura de Cienfuegos Zepeda en Estados Unidos se dio en el marco de una investigación que, durante años, agentes estadounidenses realizaron en territorio mexicano.

El arresto causó fricciones entre los gobiernos de México y EU, pues las autoridades mexicanas no fueron notificadas de esa investigación, pese a que Cienfuegos era el militar de más alto rango que, hasta ahora, ha sido detenido por el vecino del norte y, además, acusado de cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Sin embargo, semanas después de que se anunciara su arresto, Estados Unidos retiró los cargos contra el General. El 18 de noviembre regresó a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) le informó que ya es investigado en el país, pero no lo detuvo.

Desde octubre, López Obrador cuestionó la intromisión de agencias como la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos en México y pidió que hicieran una autocrítica sobre su actuación en el país.

En la mayoría de los países, el agente principal de la DEA en el país a menudo tiene inmunidad diplomática total y otros activos tienen alguna forma de inmunidad técnica o limitada.

–Con información de EFE.