En una democracia seria, el escándalo hubiera provocado una crisis de gobierno: la ministra de Educación hallada responsable de haber solicitado recursos a sus subalternos para financiar a su partido cuando era alcalde de su ciudad de origen. Desde luego, la implicada hubiera tenido que renunciar al cargo de inmediato y el Primer Ministro se habría enfrentado a una dura sesión de control en el Parlamente e incluso a una moción de censura. Sin duda, la fiscalía habría presentado cargos penales y, probablemente, la defenestrada terminaría en prisión.

Por fortuna para Delfina Gómez nada de eso ocurrirá en México, país de complicidades. Ya el Presidente de la República, justicia mayor del Reino, la ha exonerado de cualquier sospecha de corrupción, pues ella es honesta y sigue viviendo en su modesta casa de Texcoco. Su partido ha sido multado con la ridícula suma de 4.9 millones de pesos, lo que en realidad solo representa un descuento en su multimillonario financiamiento público, y no hemos visto que la inefable Fiscalía Especializada haya presentado cargos por delito electoral, así que la Secretaria de Educación no será procesada penalmente.

Pero no es a ese papelón de Delfina al que me quiero referir. Hay otro mucho más relevante: su desastrada gestión de la política educativa, dedicada únicamente a evitar los conflictos magisteriales, sin consideración alguna por la formación de la niñez y la juventud mexicana. Una política que se regodea en la mediocridad del sistema educativo y que va a dejar una catástrofe aun mayor que la heredada en un país incapaz de formar el capital humano que le permitiría insertarse con ventajas en el mercado global y aprovechar a cabalidad el cambio tecnológico.

El tema viene a cuento por la reciente aparición de un libro que expone con crudeza la nefasta política educativa de este gobierno: La regresión educativa, coordinado por Gilberto Guevara Niebla, uno de los especialistas más notables en el tema, con larga carrera de investigación sobre el sistema educativo mexicano. A él le debemos uno de los primeros balances integrales de los saldos de la política educativa de la época clásica del PRI, publicado como La catástrofe silenciosa hace algo más de tres décadas. Aquel diagnóstico colectivo dejaba en claro cómo uno de los supuestos grandes logros del régimen posrevolucionario había sido en realidad un gran fracaso, marcado por la simulación.

Pero la experiencia de Guevara no ha sido solo académica. Conoce por dentro al sistema educativo, pues fue subsecretario de educación básica durante parte del gobierno de Salinas de Gortari, desde dónde intentó impulsar un proceso reformador que acabó por empantanarse. Fue fuerte crítico de las políticas educativas de los gobiernos panistas, simples navegantes en la inercia heredada, y participó en el proceso de reforma de 2013, empeñado en el desarrollo de un sistema de evaluación integral de la gestión educativa, no solo de los maestros. Fue consejero en el fallido Instituto Nacional de Evaluación de la Educación durante su etapa de autonomía y estuvo dispuesto a apoyar al actual gobierno, por lo que aceptó volver a ser subsecretario, pero renunció cuando constató la irrelevancia que López Obrador le concede a la educación, empeñado en sus destructivas políticas de austeridad que han desmantelado lo poco que funcionaba, mientras solo se ha preocupado por contentar a los sindicatos corporativos –el corrupto SNTE y la delirante CNTE– para desmovilizarlos y sumarlos a sus clientelas.

De ahí la relevancia del volumen recién aparecido, con ensayos de algunos de los mejores estudiosos del tema educativo en México. Con contribuciones de Adrián Acosta, Eduardo Backhoff, Bernardo Bolaños, Alejandro Canales, Alma Maldonado, Marco Antonio Fernández, Benilde García, Laura Noemí Herrera, Claudia Juárez, Dinorah Miller, Carlos Ornelas, Salvador Ponce, Roberto Rodríguez, Marco Antonio Savín y yo, el libro, como bien señala su subtítulo, es un alegato profusamente documentado sobre la hostilidad del actual gobierno contra la Ilustración.

Los ensayos abordan tanto los aspectos institucionales del retroceso, a partir de la contrarreforma con la que empezó el gobierno, como las políticas específicas, la mayoría de ellas simples fachadas, como resultado del recorte presupuestal ordenado por el Presidente de la República, que ha dejado sin fondos a programas sustantivos y ha hecho humo las promesas de campaña, como la de invertir recursos en la formación continua de los docentes.

En mi contribución al volumen colectivo abundo en un tema sobre el que he escrito mucho: las consecuencias en el sistema de incentivos de los profesores derivados de la gobernabilidad corporativa desarrollada desde la unificación sindical de 1943. El gobierno de López Obrador no ha hecho otra cosa que reconstruir los mecanismos de apaciguamiento magisterial en los que se basó el régimen del PRI. Retranca, no transformación.

La lectura del libro deja en claro que si algo tiene sin cuidado al Presidente de la República es la calidad de la educación que imparte el Estado. No aspira a una población con mayores capacidades cognitivas, ni a convertir a la educación en una palanca contra la desigualdad, en parte fundamental de un piso común de condiciones materiales que garanticen mejores oportunidades para todos. No cree en la educación como mecanismo para fomentar la creatividad, la innovación y la autonomía de las personas. Su política educativa es un retorno a la vieja aspiración adoctrinadora del antiguo régimen, donde lo relevante era una escuela que en cada hijo diera un priista. Ahora, los libros de Marx Arriaga se enfocan en formar creyentes en la doctrina de la pretendida cuarta transformación, aunque no sepan ni sumar y restar, mucho menos multiplicar o dividir, y precariamente reconozcan las letras del alfabeto.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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