Un monitoreo elaborado por las organizaciones El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) detectó la presencia de refrescos en escuelas en el 74 por ciento de los casos; venta de comida chatarra en el 98 por ciento y el 75 por ciento aún no cuenta con oferta suficiente de fruta ni verdura.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).– La venta de comida chatarra y la ausencia de frutas y verduras en escuelas públicas y privadas del país sigue presente en la mayoría de los estados, a pesar de las regulaciones, así lo reveló un reporte de las organizaciones El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Los resultados de la plataforma “Mi Escuela Saludable” mostraron que en el ciclo escolar 2018-2019 se recibieron 4 mil 748 reportes, provenientes de 4 mil126 escuelas públicas y privadas de todos los estados de la República Mexicana.

Los reportes indicaron la presencia de refrescos en el 74 por ciento de los casos; venta de comida chatarra en el 98 por ciento y el 75 por ciento aún no cuenta con oferta suficiente de fruta ni verdura.

En el 94 por ciento de los reportes se reveló la ausencia de la figura del “Comité de Establecimientos de Consumo Escolar”, que de acuerdo a los Lineamientos que regulan la oferta de alimentos y bebidas en las escuelas tiene diversas atribuciones esenciales para el adecuado funcionamiento de esta medida.

Además, en alrededor del 43 por ciento de los casos hay presencia de bebederos, aunque con base en los testimonios, muchos de ellos no se encuentran funcionando. Otra de las preocupaciones manifestadas por la comunidad escolar es el uso de cooperativas escolares como negocio que beneficia los intereses económicos de unas pocas personas en perjuicio de la salud de las y los escolares.

“Dentro de las demandas de la población están que las autoridades visiten las escuelas y sancionen a los responsables de la venta de comida chatarra”, señaló el reporte.

Para las organizaciones estos datos son alarmantes al tener en cuenta que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 1 de cada 3 escolares viven con obesidad (30 por ciento), sin embargo, esa prevalencia aumenta a 50 por ciento cuando concluyen la educación primaria y, de no hacer nada, 1 de cada 2 menores nacido a partir del 2010 desarrollará diabetes.

Sandra Mejía, responsable del área de legislación y políticas públicas de Redim, mencionó que “el Estado tiene la obligación de cumplir con la regulación de alimento y bebidas en las escuelas, lo cual contribuirá a garantizar el derecho a la salud y a la alimentación, cumpliendo con lo señalado en la Ley General de Educación y la Ley General de Derechos de Niña, Niños y adolescentes”.

La obesidad infantil no sólo es causada por malos hábitos individuales de consumo, también es resultado de un entorno que promueve la obesidad, denominado ambiente obesogénico.

Al respecto, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública mostró que los niños tienen por lo menos cinco oportunidades para consumir alimentos durante el horario escolar y prácticamente una oportunidad para realizar actividad física a la semana, por lo que, en promedio, durante el tiempo que pasan en la escuela cubren casi el 50 por ciento de sus requerimientos diarios de energía, esto antes de comer.

Por otro lado, los escolares están expuestos constantemente a publicidad de alimentos y bebidas no saludables al interior y exterior de las escuelas debido a que los logos y colores representativos de las empresas de alimentos y bebidas (especialmente de Coca-Cola y Boing) pueden encontrarse en las bardas, en el mobiliario (mesas, sillas, lonas) de las tiendas de las cooperativas escolares y en la infraestructura para las actividades deportivas, como las canastas y las porterías, pese a que desde 2015 la Ley General de Salud prohíbe este tipo de publicidad.

“Pese a esta prohibición se nos ha informado que la industria de alimentos y bebidas pretende elaborar un acuerdo con la Secretaría de Educación que les permitiría entrar a las escuelas con el pretexto de promover estilos de vida saludables, cuando esa claramente no es su labor. Es sustancial que se implemente una política de alimentación en entornos escolares, libre de conflicto de interés, como pilar fundamental de una política integral para la prevención del sobrepeso y la obesidad que beneficie a los infantes en el interés superior de los derechos de la infancia”, expuso Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor.

Katia García, coordinadora de Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor, señaló que “se debe hacer cumplir la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas dentro de las escuelas, en cumplimiento con lo establecido en la Ley General de Salud del 2015 y garantizar el cumplimiento de lo establecido en el componente cuatro del programa de reforma educativa sobre la operación de la instalación y mantenimiento de bebederos escolares, para asegurar el acceso al agua potable gratuita y de calidad”.

De acuerdo con las organizaciones, la política de alimentación en entornos escolares deberá:

– Designar recursos económicos suficientes del erario para el presupuesto de la SEP para el sostenimiento de las escuelas primarias y para la implementación de los Lineamientos.

– Evaluar, vigilar y sancionar el incumplimiento de los Lineamientos en las escuelas primarias e involucrar a la Secretaría de Salud en la evaluación de los resultados e impactos a la salud de la política, todas estas acciones se deben realizar sin conflicto de interés.

– Realizar campañas de capacitación y sensibilización permanentes en los que se incluyan talleres en el curriculum escolar con temas relacionados a la educación nutricional y de alimentación saludable, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación.

– Establecer y promover un sistema de compras con pequeños productores locales que garanticen la disponibilidad de alimentos regionales y de temporada en las escuelas.