El 20 de agosto el agente vigilante de competencia económica inició una investigación sobre las expendedoras de combustible para embarcaciones por la posible comisión de prácticas monopólicas.

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo).- Las expendedoras de diésel marino, combustible que utilizan las embarcaciones, serán investigadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por la posible ejecución de prácticas monopólicas.

La investigación fue iniciada por la Comisión con el expediente DE-029-2019, pero no significa que haya un “prejuzgamiento sobre la responsabilidad de agente económico alguno, toda vez que hasta el momento no se han identificado, en definitiva, violaciones a la normatividad en materia de competencia económica”, destacó la institución.

Serán objeto de investigación las estaciones de servicio que proveen combustible a embarcaciones en zonas costeras o cercanas a afluentes. La Cofece determinó que en algunas de estas locaciones se podrían estar desarrollando prácticas monopólicas absolutas como contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí para manipular precios, generar restricciones o limitar la oferta o la demanda.

La indagatoria se abrió el 20 de agosto de 2019 y desde entonces tuvo 120 días hábiles para su realización, más la posibilidad de ampliar el lapso por cuatro ocasiones más.

“Si al término de la investigación no se encuentran elementos que presuman la realización de dicha práctica anticompetitiva, el Pleno de la Cofece resolvería su cierre”, determinó el mandato de la Comisión. 

De encontrarse responsables por una posible violalción a la Ley de competencia, quienes resulten responsables serán llamados a juicio para presentar una defensa por el caso y, de comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, quienes resulten responsables podrían ser acreedores de una multa de hasta el 10 por ciento de sus ingresos, así como quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la realización de estas prácticas. El delito podría concluir en una sanción con prisión hasta por 10 años.