Las organizaciones condenaron los feminicidios de la niña Fátima Cecilia y de la joven Ingrid Escamilla en la Ciudad de México, por lo que manifestaron su solidaridad las familias de las víctimas por su pérdida.
“Exigimos a las autoridades una investigación expedita y apegada a derecho para sancionar a quienes resulten responsables, así como garantías de no repetición. Los feminicidios son la punta del iceberg del incumplimiento del deber del Estado de proteger la vida de las mujeres que hemos denunciado desde la sociedad civil durante más de dos décadas con los feminicidios en Ciudad Juárez”, subrayaron.
Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo/AP).– Decenas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) pidieron este jueves al Gobierno mexicano implementar una serie de políticas públicas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.
“Las OSC [Organizaciones de la Sociedad Civil] exigimos al Estado mexicano a que implemente políticas públicas, de tipo transversal e integrales, tendentes a garantizar la seguridad y la vida de las mujeres en México”, dijeron en un comunicado conjunto.
Asimismo, solicitaron que dichas medidas incluyan, entre otras recomendaciones, las que hizo a México en 2018 el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), las cuales contemplan emprender acciones para superar las actitudes patriarcales sexistas y los estereotipos discriminatorios sobre las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad. “Las mismas deben ir acompañadas de presupuestos adecuados y suficientes para implementación”, apuntaron.
Mujeres y Organizaciones de la Sociedad Civil exigimos al Estado mexicano medidas concretas que prevengan y erradiquen la violencia contra las mujeres.#NiUnaMenos #VivanLasMujeres #JuntasHastaLaVida pic.twitter.com/tTQUyzRm4e
— GIRE (@GIRE_mx) February 20, 2020
“En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) emitió la sentencia sobre el caso del campo algodonero. Desde entonces el Estado mexicano ha sido omiso en la estandarización de protocolos, manuales y criterios de investigación de todos los delitos que se relacionen con desapariciones forzadas, violencia sexual y feminicidios. Esta sentencia mandata además una serie de políticas públicas orientadas a la prevención de las violencias contra las mujeres que no han sido cumplidas por el Estado mexicano, tal como lo evidencia el incremento sostenido en el número de asesinatos de mujeres”, recordaron las ONG’s.
Además, señalaron que dos tercios de las niñas y mujeres de 15 años o más en el país han sufrido violencia de género al menos una vez en su vida. De acuerdo con cifras oficiales, en 10 años, de 2007 a 2017, la tasa de homicidios de mujeres casi se triplicó, ya que pasó de 34.2 a 85 por cada 100 mil mujeres.
“Uno de cada diez feminicidios es en menores de 17 años. Durante 2019 se registraron 3 mil 616 muertes violentas de mujeres, de las cuales 976 están siendo investigadas como feminicidios por las fiscalías”, apuntaron.
A su vez, las OSC firmantes consideraron que “la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha demostrado que los feminicidios y otras violencias contra las mujeres sea un tema prioritario. Al respecto, sólo se han hecho públicas dos políticas gubernamentales en materia de violencia contra las mujeres: el Plan Emergente para garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mujeres y las Niñas en México, y el Acuerdo Nacional entre Hombres y Mujeres 2019-2024, que menciona al Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2019-2024 (PROIGUALDAD)”.
Sin embargo, aclararon, ninguno está publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). “El Estado también nos debe la publicación del Programa Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que por mandato de ley debe elaborar”, denunciaron.
Mujeres y Organizaciones de la Sociedad Civil exigimos al Estado mexicano medidas concretas que prevengan y erradiquen la violencia contra las mujeres.
Liga al comunicado: https://t.co/mGE7qIyZ0S 👈 #NiUnaMenos #VivanLasMujeres #JuntasHastaLaVida #YaEsHora pic.twitter.com/3tt8DCqQpw— Amnistía Int. México (@AIMexico) February 20, 2020
A lo largo del documento, las organizaciones condenaron los feminicidios de la niña Fátima Cecilia y de la joven Ingrid Escamilla en la Ciudad de México, por lo que manifestaron su solidaridad las familias de las víctimas por su pérdida.
“Exigimos a las autoridades una investigación expedita y apegada a derecho para sancionar a quienes resulten responsables, así como garantías de no repetición. Los feminicidios son la punta del iceberg del incumplimiento del deber del Estado de proteger la vida de las mujeres que hemos denunciado desde la sociedad civil durante más de dos décadas con los feminicidios en Ciudad Juárez”, subrayaron.
También afirmaron que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. “Los lamentables feminicidios de Ingrid y Fátima ponen de manifiesto la forma en que la inclemente violencia nos persigue a las mujeres desde la niñez hasta la vida adulta, ante la indiferencia del Estado”, acusaron.
“Por ello las mujeres exigimos que el Estado nos proteja y se nos deje de asesinar sólo porque somos mujeres. Por eso también defendemos nuestro derecho a salir a las calles a protestar y exigir al Gobierno acciones concretas que prevengan y erradiquen las violencias que atentan contra nuestra integridad y nuestra vida”, concluyeron.
CRITICAN AUMENTO DE PENAS POR FEMINICIDIOS
Colectivos de mujeres de México criticaron el miércoles el aumento de las penas a los feminicidas aprobado por la Cámara de Diputados en medio de una creciente indignación por los recientes crímenes en la capital, pues consideran que la medida no evitará nuevos asesinatos.
“Es populismo penal que no vale para nada”, afirmó la abogada Verónica Cruz, de la organización Las Libres, con décadas de experiencia en temas de género.
Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró los cambios y aseguró que “se está haciendo” todo lo necesario para enfrentar este tipo de crímenes.
Los legisladores tomaron su decisión unos días después del brutal asesinato y la exhibición en la prensa del cuerpo de la joven Ingrid Escamilla y de un nuevo homicidio que impactó a los mexicanos, el de Fátima, una niña de 7 años que fue secuestrada al salir de la escuela y cuyo cuerpo se encontró en una bolsa de plástico.
Distintas organizaciones han insistido en que el problema de los feminicidios es la impunidad y la falta de investigaciones confiables, con lo que de poco sirve contar con condenas mayores si la gran mayoría de los responsables no llegan a la cárcel o no se les detiene.
“Lo fundamental es una investigación con la debida diligencia”, que haya mejores peritos y que los investigadores entiendan los contextos de violencia familiar y social, subrayó María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, una agrupación de organizaciones no gubernamentales que trabaja con las autoridades.
El incremento de penas aprobado el martes con 415 votos a favor y uno en contra para subir de 45 a 65 años las condenas por feminicidio _el cual pasará ahora al Senado para que lo examine_ tendría pocos efectos prácticos, ya que la modificación afecta al código penal federal y los feminicidios suelen ser delitos del fuero común regidos por leyes estatales.
“Sólo dan respuesta al tema mediático porque no saben qué hacer”, lamentó Cruz.
El Senador opositor Miguel Ángel Mancera, ex Jefe de Gobierno de la capital, prevé que el cambio legal salga adelante también en la cámara alta, aunque reconoció que es “derecho penal simbólico” y no la solución, que debe pasar por activar protocolos eficaces.
En un comunicado esta semana, el Observatorio denunció la “ausencia de una política integral” que garantice una vida libre de violencia para las mujeres y la “falta de voluntad política” para atajar un crimen que se ha incrementado 137.5 por ciento en los últimos cinco años, según cifras oficiales.
Lo que nadie duda es la importancia de la presión social, la única que, según Verónica Cruz, obliga a los gobernantes a actuar.
Y el caso de Fátima es un ejemplo: tan sólo 24 horas después de que la Fiscalía capitalina identificara a dos sospechosos, la pareja estaba ya detenida gracias a la ayuda de la Guardia Nacional, algo nada habitual cuando otros casos quedan sumidos en el olvido.
Uno de ellos es el de Diana, la hija de Lidia Florencio, un ama de casa del Estado de México. Florencio participó la semana pasada en las protestas convocadas tras el feminicidio de Escamilla y se quejaba de que, tres años después del asesinato de su hija, ni siquiera hay una línea de investigación. Nadie salió a la calle a pedir justicia por Diana.
Por eso los colectivos feministas quieren mantener la presión y las protestas, y en las redes sociales circulan ya diversas convocatorias en torno al Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, como una para que las mexicanas se queden en casa el día 9 y el país note su ausencia.
Los grupos feministas insisten en que la clave son políticas públicas de prevención, así como castigar la tentativa de feminicidio y la violencia familiar. Además, dicen, es necesario sancionar tanto a quien no investigue como a quien revictimice, y poner en marcha protocolos que han sido eficaces.
“Nosotras, los movimientos feministas, también estamos fallando en la narrativa”, agregó Cruz en una autocrítica, porque no sólo hay que acreditar un feminicidio, sino que también es preciso saber por qué se comete para poder prevenirlo.
Mientras continúa el debate, siguen las muertes y las palabras de las autoridades prometiendo justicia: el miércoles las capitalinas hablaban de Fátima, las de Guerrero de otra niña, Jaqueline, asesinada en la localidad de Coyuca de Benítez, y las de Coahuila, en el norte del país, del hallazgo del cadáver de una bebé en un terreno baldío de la ciudad de Saltillo.
