Tan sólo hasta diciembre de 2014, las autoridades federales -el SAE, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de la Federación- lograron el aseguramiento y decomiso de 36 millones 610 mil 661 bienes muebles y dos mil 165 bienes inmuebles a la delincuencia organizada.
La propuesta es que todos estos bienes incautados puedan ser utilizados en beneficio de la sociedad mexicana y resarcir los daños de manera material, moral y simbólica; además de mejorar las condiciones de paz y por ende, aumentar el grado de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Ciudad de México, 20 de marzo (SinEmbargo).- Combatir el cáncer la delincuencia organizada en México no es sólo una cuestión de fuerza bruta, de ataques frontales. Hoy, más que nunca, requerimos de técnicas de inteligencia e investigación para mermar su poder económico y abatir su capacidad de acción, además de prevenir y reparar los daños causados a la sociedad, refirieron este día diversos especialistas en la materia.
A partir de 2008, la Constitución mexicana fue modificada con la intención de establecer un sistema de protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos. Las enmiendas llevaron a la transición a un nuevo sistema de justicia penal.
Entre los objetivos de este nuevo sistema, está la reparación de los daños causados por el delito, considerando “a la sociedad en su conjunto como víctima de la delincuencia organizada”, más allá de la reparación en la esfera individual de las víctimas.
La cuestión, en ese sentido, radica en cómo reaprovechar los recursos arrebatados al crimen organizado para utilizarlos en beneficio de la sociedad mexicana y resarcir los daños de manera material, moral y simbólica; además de mejorar las condiciones de paz y por ende, aumentar el grado de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, mencionó el maestro Roberto Martínez Yllescas, representante de la OCDE en México.
Los datos oficiales refieren que el crimen organizado genera alrededor de 33 mil millones de dólares anuales sólo en Estados Unidos, mencionó el maestro Armando Rodríguez Luna, quien ha sido académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sin embargo, en años recientes, sólo se han decomisado poco más de 740 millones de pesos y el uno por ciento de lo incautado termina como presupuesto para programas de prevención social.
En ese respecto, dijo que “estamos pensando en desmantelar redes trasnacionales que facilitan y permiten el negocio criminal”, aunque hasta ahora las autoridades no han dado los resultados adecuados. Hacen falta mejores instrumentos y reglas para resolver la situación, concluyó.
En el sistema jurídico mexicano, existen diversas herramientas que tienen como objetivo la intervención de aquellos bienes que se encuentren relacionados con alguna investigación criminal.
El aseguramiento, el abandono, el decomiso y la acción de extinción de dominio implementado a partir de 2008, entre otros, son algunos de los principales mecanismos, comentó Armando Porras Palomino, integrante de la Fiscalía Especializada de Extinción de Dominio.
El problema radica en que, “de manera categórica, en México no existe ningún antecedente del que podamos hablar y que haya tenido la intención de reutilizar un bien perteneciente a los grupos de la delincuencia organizada en beneficio de la sociedad”, refiere un documento presentado durante el seminario internacional “Hacia el desmantelamiento de la estructura patrimonial de la delincuencia y la reutilización social de sus bienes”.
De acuerdo con éste, el más reciente informe del Servicio de Administración de Enajenación de Bienes (SAE) reportó la realización de tres mil 137 actos de “entrega recepción” de bienes relacionados con procedimientos penales.
Hasta diciembre de 2014, las autoridades federales -el SAE, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial de la Federación- lograron el aseguramiento y decomiso de 36 millones 610 mil 661 bienes muebles y dos mil 165 bienes inmuebles.
En teoría, estos bienes podrían ser utilizados para mejorar las condiciones de la población mexicana, sobre todo de las víctimas de algún tipo de violencia. Pero eso no sucede en la mayoría de los casos.
No obstante, a pesar de la falta de referencias concretas de reutilización social de los bienes de la delincuencia a nivel nacional, este año se logró la introducción de esta obligación del Estado en la Constitución Política de la Ciudad de México, gracias el esfuerzo de diversas organizaciones civiles y la Red Retoño.
En su artículo 42, la Carta Magna capitalina establece la “prevención social de la violencia y el delito”, a partir de la cual, las autoridades tienen la obligación de adoptar medidas administrativas, legislativas, presupuestales y judiciales a fin de prevenir los exabruptos y los ilícitos, además de “garantizar la reutilización social de los bienes asegurados que causen abandono […] y de aquellos cuyo dominio se declare en sentencia firme, así como la salvaguarda y restitución del patrimonio de las víctimas”.
LOS PROBLEMAS A RESOLVER: RECOMENDACIONES
Así como en la capital del país, las organizaciones civiles y organismos internacionales urgieron la necesidad de aplicar este tipo de medidas y obligaciones legales a nivel federal.
También hicieron un llamado para evaluar las figuras de abandono, decomiso y extinción de dominio, a fin de desmantelar la base financiera de la delincuencia organizada.
Según el más reciente informe anual de actividades de la PGR, entre el 1 de septiembre de 2014 y el 30 de junio de 2015, fueron resueltos dos mil 918 juicios, de los cuales, dos mil 728 fueron favorables. Sin embargo, en materia de extinción de dominio -o pérdida de derechos sobre los bienes-, sólo hubo cinco resoluciones, siendo dos favorables.
En contraste, la información ofrecida durante el seminario internacional refiere que la declaración de abandono a favor del Gobierno federal -o la renuncia material y voluntaria de los bienes- opera con mayor frecuencia que la declaración de extensión de dominio.
Esto quiere decir que las autoridades recuperan más bienes por voluntad de los investigados que como resultado de las investigaciones de las autoridades, lo que indica anomalías en las capacidades de las agencias investigadoras para identificar en primer término los bienes relacionados con la delincuencia organizada; y en segundo término, para acreditar el origen ilícito de los bienes en cuestión.
Mientras esto suceda, confirmaron los panelistas, la injusticia y la impunidad seguirán siendo el pan de cada día.
Por otro lado, las organizaciones civiles e internacionales refirieron la urgencia de promover la donación de los bienes de la delincuencia, por parte de las autoridades federales, no como un caso excepcional sino como un caso de uso preferencial de la comunidad.
Las leyes vigentes [artículo 34 de la Ley General del SAE] no permiten que los recursos ilícitos decomisados o donados, en poder de las autoridades, sean utilizados en primera instancia para fines de asistencia social.
En ese sentido, es necesario evaluar los procesos de evaluación del SAE y realizar modificaciones legales que permitan eficientar sus funciones y garantizar la reutilización social de los bienes, concluyeron los seminaristas.
Este proceso, cabe mencionar, va de la mano con dos cuestiones elementales.
Uno. El deber de crear unidades de inteligencia financiera a nivel regional.
Dos. La necesidad de generar campañas para visibilizar a las comunidades como víctimas de la delincuencia organizada y su derecho a la reparación -material, moral y simbólica- del daño.
En el evento participaron respresentantes de la OCD, de la Unión Europea, de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, además de asociaciones como Cauce Ciudadano, Red Retoño, Asimetrics, Misiones de Seguridad AC, entre otros, con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.
