Hace algunos días, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se declaró en contra de continuar con la Iniciativa Mérida, o el plan de cooperación antinarcóticos entre México y Estados Unidos que se vincula al tema de la seguridad en nuestro país. En este contexto, se plantea, además, la necesidad de reformular el combate al tráfico de drogas y reducir los niveles de consumo de éstas a través de eliminar la prohibición a las sustancias que hoy son ilícitas. Lo anterior forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que propone “reorientar los recursos actualmente destinados a combatir [el] trasiego [de drogas] y aplicarlos en programas de reinserción y desintoxicación”.

La propuesta del Gobierno mexicano ha recibido fuertes críticas por parte de la oposición y de algunas organizaciones de la sociedad civil especializadas en los temas de seguridad y que surgieron al amparo—o que trabajaron cerca—de las dos administraciones anteriores. Algunos advierten sobre los riesgos de poner fin a la Iniciativa Mérida, enfatizando sus supuestos éxitos y alertando sobre los posibles peligros de terminar con este tipo de cooperación que ellos consideran clave para mejorar la seguridad del país. Destacan el hecho de que a través de este programa de cooperación, México adquirió equipo muy necesario para enfrentar a la delincuencia organizada, al tiempo que recibió valioso asesoramiento para mejorar la infraestructura en el Poder Judicial.

Quienes apoyan la Iniciativa Mérida hacen énfasis en la supuesta capacidad institucional que se generó de la mano de Estados Unidos y consideran la ayuda como fundamental para el combate exitoso al crimen organizado en México. Ellos nos recuerdan que este acuerdo de cooperación fue mucho más que una estrategia anti-drogas y destacan la versión oficial de que la iniciativa vino por parte de México y que el programa se dio en el marco del reconocimiento de una “responsabilidad compartida”.

Ciertamente, la Iniciativa Mérida no fue exclusivamente una estrategia bilateral de combate a las drogas. Los cuatro pilares de la Iniciativa son los siguientes: I) Afectar la capacidad operativa del crimen organizado; II) institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de Derecho; III) crear la estructura fronteriza del siglo XXI; y IV) construir comunidades fuertes y resilientes. Un enfoque en el desarrollo institucional y la inclusión de la sociedad civil parecen haber sido partes integrales del acuerdo.

No obstante lo anterior, es preciso reconocer el hecho de que, como lo haría cualquier otro país en el mundo, Estados Unidos decidió participar en un programa de este tipo por así convenir a sus intereses. Desde que Nixon declara en 1971 su “guerra contra las drogas”, Estados Unidos ejerce una enorme presión e influencia sobre otros países del hemisferio Americano, que abona a la prohibición de los estupefacientes en esta región y a la criminalización de su oferta y trasiego. Este país ha gastado billones de dólares en programas de cooperación anti-drogas enfocados en el descabezamiento de los denominados “carteles de la droga” (kingpin strategy) y, más recientemente, en la militarización de la lucha anti-narcóticos. Lo anterior representa para Estados Unidos grandes beneficios, entre ellos: una mayor capacidad de control geoestratégico en el continente americano y mayores ventas de armamento que benefician a su economía.

Parece entonces adecuado afirmar que la Iniciativa Mérida no se hubiera dado en un esquema distinto al de la prohibición actual que encabeza la Unión Americana. Lo contenido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y la propuesta de terminar con Iniciativa Mérida en su modalidad actual, redirigiendo los recursos asignados hacia el desarrollo de proyectos de infraestructura en el sur de México, representa una propuesta de transformación radical en la cooperación bilateral en materia de seguridad. Evaluando los resultados efectivos del esquema actual de prohibición y militarización de la estrategia antinarcóticos con un enfoque en las cabezas de los carteles, un cambio fundamental de los esquemas de cooperación entre México y Estados Unidos parecería bastante apropiado y lógico.

La Iniciativa Mérida avala, refuerza y complementa la denominada “guerra contra las drogas” o militarización de la seguridad en México con un enfoque en los capos de la droga que inició Felipe Calderón y que ha continuado hasta nuestros días. Si analizamos bien los resultados de la estrategia en general, podríamos hablar de una cooperación definitivamente fallida, pues los indicadores de homicidio y violencia se encuentran en sus niveles más altos de la historia contemporánea. Además, el contubernio entre las autoridades y el crimen organizado ilustran la debilidad del Estado de Derecho y la fragilidad de las instituciones mexicanas de procuración de justicia. Lo que es peor, no obstante los recursos millonarios que se han invertido en el combate al narcotráfico, hoy en día Estados Unidos vive una de sus peores crisis de adicciones y el comercio de estupefacientes se ha mantenido intacto, diversificándose y adaptándose exitosamente a las nuevas condiciones del mercado.

El costo que ha pagado México por una guerra que nunca debió haber hecho suya es exorbitante. Más de 200 mil muertos en doce años, decenas de miles de desaparecidos y la disfuncionalidad del sistema de procuración de justicia mexicano hacen necesaria una transformación radical de la estrategia de seguridad en México y una redefinición de los paradigmas para la cooperación con Estados Unidos. Los altísimos costos que ha pagado México en términos de recursos materiales y vidas humanas parecen dar la razón al actual Presidente de México: debemos terminar con este programa y buscar nuevos esquemas de colaboración con nuestro vecino del norte. Nuestro país pagó muy caro el apoyo que Estados Unidos le dio condicionado y a cuentagotas. En pocas palabras, Iniciativa Mérida representó para nuestro país muchos garrotes y pocas zanahorias.

La estrategia de seguridad mexicana en el marco de la cooperación anti-narcóticos con Estados Unidos ha sido hasta la fecha fallida, por decir lo menos. ¿Por qué no cambiarla? Tenemos ahora una multitud de células criminales operando como sistemas complejos adaptativos. El tema de la corrupción y la protección que brindan autoridades gubernamentales a entes criminales son aspectos delicados. Nuestro principal problema no son las drogas, sino estos grupos fuertemente armados que extraen rentas de los ciudadanos y negocios mexicanos. El tema de la Guardia Nacional es complejo y controvertido. La militarización inicial de la estrategia alentó la militarización criminal a niveles nunca antes vistos. No parece ser factible en este momento la “seguridad sin guerra” o, mejor dicho, la seguridad sin militarización policial. Es irónico pero es real y la idea de la Guardia Nacional no fue del todo descabellada.

De lo que sí podemos prescindir es de la prohibición y de la cooperación con Estados Unidos en sus término, bajo sus reglas y para proteger sus intereses. Apoyo, sin condiciones, al Presidente de México para dar fin a la irracional “guerra contra las drogas” y la fracasada Iniciativa Mérida.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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