De acuerdo con el informe “Violencia y Terror”, presentado por la Universidad Iberoamericana (Ibero), las fosas clandestinas es un fenómeno “persistente, recurrente y extendido” y una clara evidencia de la violencia, impunidad, falta de transparencia y la crisis de derechos humanos en la que está sumergida el país.

Además, destaca la opacidad sistemática sobre el tema de fosas, pues denuncia que las autoridades no cuentan y otras se niegan a entregar información que permita conocer la dimensión real de la exhumación clandestina en México.

Ciudad de México, 20 de junio (SinEmbargo).– Al menos mil 606 fosas clandestinas han sido localizadas entre los años 2006 a 2017, de las cuales, se exhumaron 2 mil 229 cuerpos y hasta 93 mil 296 restos humanos, de acuerdo a las cifras oficiales reportadas por autoridades estatales y federales; mientras que la Fiscalía General de la República (FGR, antes Procuraduría o PGR) en 15 años sólo ha abierto 81 averiguaciones previas por las fosas halladas entre 2000 a 2015, señala el informe “Violencia y Terror” presentado hoy por la Universidad Iberoamericana (Ibero).

El documento reitera que las fosas clandestinas es un fenómeno “persistente, recurrente y extendido” y una clara evidencia de la violencia, impunidad, falta de transparencia y la crisis de derechos humanos en la que está sumergida el país. Además, destaca la opacidad sistemática sobre el tema de fosas, pues denuncia que las autoridades no cuentan y otras se niegan a entregar información que permita conocer la dimensión real de la exhumación clandestina en México.

Sólo se han identificado el 6 por ciento de los cuerpos exhumados entre 2000 y 2015, de acuerdo al informe con cifras de FGR. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo

“Se trata de un fenómeno acumulativo que no se ha detenido [las fosas clandestinas]; los casos se siguen agregando. El hallazgo de fosas es una evidencia contundente del nivel de violencia, de la falta de estrategias de prevención e impunidad y la debilidad de los sistemas de justicia, de procuración y forenses“, expresó Denisse González Nuñez, quien es parte del equipo que coordinó la investigación académica.

David Fernández Dávalos, Rector de Universidad Iberoamericana, indicó que el estudio también presenta la hipótesis de que los perpetradores realizan las fosas con la finalidad que sean encontradas para demostrar la vulnerabilidad de las vidas humanas y para hacer alarde de la impunidad.

Sólo se han identificado el 6 por ciento de los cuerpos exhumados entre 2000 y 2015, de acuerdo al informe con cifras de FGR.

“Las fosas clandestinas es un tema de seres humanos a los que se les ha negado su identidad. […] Es un problema que persiste, se acumula y seguimos sin conocer la magnitud real de esta problemática. El informe presenta la realidad que hemos podido documentar, pero reconocemos y subrayamos qué hay un gran número desconocido de fosas”, expresó.

Esta segunda edición es la actualización del estudio que presentó hace dos años el Programa de Derechos Humanos de la Ibero junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDHPH) y Artículo 19.

Jan Jarab, representante en México de Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, coincidió en qué aún hay desconocimiento importante sobre la magnitud del problema, pero también llamó a ver más allá de las cifras. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo

“Ese fue el primer ejercicio orientado a comprender el fenómeno de la inhumación clandestina. Desde entonces concluimos que no era un tema aislado o circunstancial sino que se trata de un hecho recurrente y extendido”, insistió el Rector.

Jorge Ruiz Reyes, otro de los coordinadores del proyecto, explicó que el informe no es sobre cuántas fosas clandestinas hay en el país sino cuánto se ha registrado en la prensa; lo reportado por FGR y las 21 fiscalías estatales que sí respondieron a las solicitudes de información, más información de tres estados que recopilaron de otros informes.

“Este estudio es sobre la producción social de la información de fosas”, añadió el investigador de la Ibero.

“Las cifras no son el total, lamentablemente son sólo un fragmento, y tampoco todas las fosas son atribuibles al crimen organizado”, añadió Denisse González.

La disparidad entre los datos que otorgan o cuentan las autoridades de los tres niveles, así como las dificultades para acceder a la información oficial, son aspectos que igual recalcaron los exponentes.

“Por un lado, la información proporcionada por una misma institución llega a cambiar de manera significativa y sin establecer de manera clara por qué. Por el otro lado, cada una mantiene un registro que no dialoga o se cruza con el resto de las instituciones federales o estatales”, señala el documento.

Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, sostuvo que las autoridades entregan la información a cuenta gotas.

“Vemos un retroceso lamentable en el acceso a información y trasparencia”, dijo.

Jan Jarab, representante en México de Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, coincidió en qué aún hay desconocimiento importante sobre la magnitud del problema, pero también llamó a ver más allá de las cifras.

“Las estadísticas son importantes y por otro lado siempre tenemos que ver los seres humanos. No son sólo las estadísticas, no debemos olvidar que detrás de un número de fosas hay historias de personas que fueron privadas de la vida”.

El representante de la ONU comentó que el fenómeno de las fosas manda manda un mensaje a la sociedad de que se puede ocultar y dificultar el acceso a la verdad y justicia. Además, recalcó, socava la credibilidad del Estado.

Jarab también destacó que es necesario avanzar en la transparencia y la generación en sistema de registros de información eficientes.

“A la clandestinidad de las fosas no se le debe de agregar la clandestinidad de la información”, expresó.

Karla Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda, reconoció qué hay vacíos por la falta de información en los registros de personas desaparecidas, de fosas clandestinas y en la emergencia forense, sin embargo, comentó que la CNB ya está trabajando en la sistematización del registro de personas desaparecidas y en diversos diagnósticos como el nacional forense.