Por: Matilde Pérez*

A casi dos años y medio de la implementación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que parecía ser la apuesta del Gobierno federal para asegurar el acceso a la salud de la población sin seguridad social, en marzo de 2022, se anunció un cambio radical en el sector salud, ahora toda la infraestructura médica y personal de los estados se transferirán del Insabi al  IMSS-Bienestar para que éste sea el encargado de administrarlos y de brindar servicios de salud a esta población, ya que, de acuerdo con el Gobierno federal, dado que el IMSS es una institución de mayor estabilidad y fortaleza puede estar más equipada para brindar esta atención.

Apenas en noviembre de 2019, con la promesa de superar las limitaciones de cobertura y accesibilidad del Seguro Popular, se reformó la Ley General de Salud para crear el Insabi, que sería el encargado de atender a toda la población sin seguridad social, que ascendía a 66 millones personas –14 millones más que los 52 millones que cubría el Seguro Popular. El Insabi brindaría, de manera progresiva, el acceso universal y gratuito a la salud. Algunos de las promesas que se plantearon fueron la eliminación del requisito de afiliación, cubrir más padecimientos, asegurar la gratuidad de medicamentos, servicios médicos y exámenes. Además, se apostaba por el fortalecimiento del primer nivel de atención y por atender las carencias de personal médico e infraestructura en donde fuera más necesario.

El Insabi inició su funcionamiento con varios cuestionamientos, el principal sobre la viabilidad presupuestal de sus promesas de universalidad y gratuidad, pues históricamente el Estado mexicano nunca ha alcanzado el gasto del seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) recomendado por organismos internacionales. Además, en el caso del Insabi, su gasto per cápita es muy bajo en comparación con otros subsistemas de salud. En 2022, su gasto per cápita fue de tres mil 641 pesos, mientras que en Pemex y las Fuerzas Armadas fue de 21 mil 611 pesos. Otro cuestionamiento radica en que en estos años ha disminuido la información disponible sobre los procesos, funcionamiento, plazos e indicadores que el INSABI se ha planteado alcanzar y que permitan evaluar su evolución.

Debido a la falta de claridad y la poca información que se ha brindado sobre cómo será la transición del INSABI al IMSS-Bienestar, más allá de comunicados o anuncios mediáticos del gobierno, desde sociedad civil se han llevado a cabo varios espacios de discusión en el que diversas personas especialistas y pacientes han planteado dudas sobre ¿cómo será la transición al IMSS-Bienestar?, ¿qué ventajas y desventajas tiene apostar por este nuevo modelo?, ¿qué pasará con el Insabi?, ¿quién será responsable de administrar los recursos y realizar las contrataciones y las licitaciones?, ¿qué pasará con el Fondo de Salud para el Bienestar, el fideicomiso encargado de financiar las enfermedades de gasto catastrófico o de alto costo?, ¿cómo se asegurará la transparencia y la rendición de cuentas?, ¿qué rol tendrá la Secretaría de Salud y las secretarias estatales con este cambio?, y ¿qué pasará con el tercer nivel de atención?

A partir de estos espacios de reflexión se han podido dibujar algunas recomendaciones:

-Aumentarse el gasto per cápita para ampliar la cobertura y la atención a enfermedades catastróficas, actualmente, el gasto per cápita es muy bajo, lo que es preocupante ya que es el subsistema que atiende al mayor número de personas en México y que busca corregir las desigualdades en el acceso a la salud. En la transición al IMSS-Bienestar debe aumentarse este gasto per cápita para ampliar la cobertura. Además, la transición a IMSS-Bienestar es una oportunidad para cumplir la promesa de ampliar el cuadro básico de enfermedades catastróficas, que actualmente sólo incluye 66 intervenciones, y eliminarse algunas barreras de edad que persisten para garantizar salud sin discriminación.

-Establecer reglas claras sobe el acceso, en las que se explique cómo será el acceso a servicios de salud en el IMSS-Bienestar y una socialización adecuada entre las personas beneficiarias para que los utilicen.

-IMSS-Bienestar debe buscar atender las desigualdades que existen entre estados y municipios en infraestructura médica, personal y medicamentos para ir disminuyendo la brecha. A diferencia de lo que pasó con el INSABI, esta transición se debe realizar con la mayor transparencia, publicando información clave como los planes, los horizontes de tiempo, las metas, los indicadores, y los diagnósticos que se han realizado en los estados en los que ya empezó a operar, como Colima, Nayarit y Tlaxcala.

Dado que el IMSS-Bienestar no tiene presencia ni cobertura nacional, hay dudas sobre cómo podrá transitar a una cobertura de población sin seguridad social en todo el país, sin que se genere una crisis. Además, hay interrogantes sobre qué cobertura ofrecerá, y si ¿será un mero mecanismo financiero cómo lo fue en su momento el seguro popular?, ¿sólo pagará intervenciones de alto costo, infraestructura y medicamentos?

Frente a la falta de claridad que existe, es necesario que las instituciones empiecen a transparentar de manera proactiva información y que den certeza sobre a qué van a poder acceder las y los pacientes, además de señalar cómo se van a atender los desafíos de transparencia rendición de cuentas y la insuficiencia presupuestaria. De lo contrario, podría generarse una crisis que terminará afectando los derechos de las y los pacientes. Hacemos un llamado a las instituciones a hacer un diálogo abierto que responda a las interrogantes que, desde las organizaciones de la sociedad civil, colectivos de pacientes e incluso el personal de salud se está haciendo.

* Matilde es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.

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