México, 20 Jul. (Notimex).- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) solicitó a la PGR entregar información sobre el número de arraigos de 2006 a 2010, así como la entidad federativa y municipio donde ocurrieron.
Lo anterior debido a que un particular solicitó información a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre los arraigos concedidos en 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010.
El individuo requería conocer, entre otros datos, el número total de arraigos, el de personas arraigadas, cuántos fueron mujeres y cuántos hombres, así como las edades, delitos por los que se determinó el arraigo, municipio y estado de donde eran originarios, lugar de los arraigos, y número de días que duraron los arraigos.
Por conducto de la Agencia Federal de Investigación, el sujeto obligado respondió que no contaba con la información en los términos solicitados porque no todas las personas a las que se les decreta el arraigo a petición del agente del Ministerio Público federal cumplen con la medida cautelar en las instalaciones del Centro Federal de Arraigo (CFA).
Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión ante el IFAI, el cual fue admitido y turnado a la ponencia de la comisionada María Marván, se informó en un comunicado.
El pleno del IFAI resolvió que la clasificación del nombre de los arraigados es el primer dato que hace identificable a una persona, por lo que confirmó la reserva hecha por el sujeto obligado.
Sin embargo, determinó que es posible entregar el estado y municipio de origen de las personas arraigadas, sin vincularlo al nombre, lo cual no afectaría su intimidad por ser solamente datos estadísticos.
En su respuesta, la PGR omitió pronunciarse sobre el lugar de los arraigos y número de personas consignadas y liberadas, por lo que el IFAI le instruyó a proporcionar al particular, de manera genérica, los lugares que habilita para el arraigo, toda vez que indicó que la medida cautelar no se cumple siempre en el CFA.
Lo anterior sin proporcionar el nombre de hoteles o el domicilio postal de los arraigados. En caso de no encontrar la información, la PGR deberá declarar la inexistencia mediante resolución debidamente fundada y motivada.
