Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).— Para Jacqueline Santana López y Bryan Reyes Rodríguez, quienes estuvieron encarcelados casi ocho meses acusados falsamente de un robo a una policía federal, la experiencia en prisión fue más un aprendizaje que un castigo.

Se trató, a decir de Bryan –29 años, músico– de una oportunidad de construir y compartir ideas con otros internos. Jacqueline –22 años, pasante de la Licenciatura en Economía– resume como “una serie de experiencias gratas”, la vivencia con otras internas en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, a donde fue trasladada luego de que el Juez Interino 39 Penal en el Distrito Federal, Rafael Ángel Jiménez Abundes, determinó dictarles auto de formal prisión –a ella y a Bryan– por supuestamente haberle robado 500 pesos a una policía federal.

La historia es conocida: los jóvenes fueron detenidos el pasado 15 de noviembre por policías vestidos de civil en la colonia Jardín Balbuena, de la delegación Venustiano Carranza. Jacqueline y Bryan se dirigían al mercado de La Merced cuando fueron interceptados por los policías –que, después se sabría, estaban adscritos a la Coordinación de Operaciones Encubiertas de la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Policía Federal (PF)–, quienes, a la fuerza y sin identificarse, los subieron a sendos vehículos particulares.

Los jóvenes creyeron que se trataba de un secuestro, luego acusarían la acción como un intento de desaparición forzada. Si el desenlace fue distinto se debió a que los policías que los trasladaban fueron interceptados dos veces por policías capitalinos. Identificados, a los agentes federales no les quedó más que llevar a los muchachos ante el Ministerio Público, pero los presentaron como presuntos responsables de un robo a una de sus compañeras.

De manera inusualmente expedita, los jóvenes fueron consignados por robo agravado. Con el transcurrir de las semanas y los meses, sus abogados echaron por tierra la acusación al demostrar que los muchachos habían sido detenidos en una circunstancia distinta a la relatada por los policías, además de acreditar que ni los cuchillos con los que supuestamente habían amagado a la agente ni el billete supuestamente robado tenían sus huellas. Eventualmente, una juez de amparo determinó que, en efecto, no había elementos para acreditar el supuesto robo y ordenó liberarlos. El pasado 10 de julio, a días de cumplir ocho meses de encierro, Jacqueline y Bryan fueron finalmente excarcelados.

Las circunstancias de su detención fueron tan conocidas que, en una conferencia de prensa ofrecida el pasado 14 de julio, ni Jacqueline ni Bryan se detuvieron a rememorarlo. Tampoco intentaron señalar la responsabilidad del Estado ni exigir que se investigue y sancione a los servidores públicos y funcionarios involucrados tanto en su detención ilegal como en el proceso jurídico que los llevó a prisión, como sí lo demandan sus abogados defensores.

Entrevistados por SinEmbargo a cuatro días de su excarcelación, tras esa conferencia de prensa en la que aprovecharon la presencia de los medios de comunicación para reivindicar su apoyo a la causa anticarcelaria, Jacqueline y Bryan hablaron de su experiencia en prisión, de los abusos y la violencia institucional que atestiguaron y padecieron, de lo que esa experiencia significó en sus vidas, y de cómo evidenciar la responsabilidad del Estado ante la inoperancia de mecanismos de reparación.

Sin desdeñar el impacto que tuvo en sus vidas el encarcelamiento, ambos han optado por trascender esa experiencia y dimensionar su vivencia respecto a la de otras víctimas del sistema de justicia en el país.

Bryan recuerda el caso del profesor tzotzil Alberto Patishtán Gómez, quien pasó 13 años en prisión acusado de homicidio y fue excarcelado sólo porque el Presidente Enrique Peña Nieto le concedió un indulto, o el de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador, Atenco, acusados del secuestro de siete policías mexiquenses, quienes estuvieron encarcelados cuatro años hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó su liberación al señalar que las imputaciones se apoyaban en el prejuicio y la criminalización de la protesta social.

“Llegar a la cárcel sí interrumpió procesos, pero no es tan grave el asunto de esa interrupción. Solamente fueron casi ocho meses y las cosas pueden estar continuando de alguna manera”, sopesa el joven músico, de figura espigada.

Para él, lo más complicado ahora es lograr que la gente se sensibilice sobre la experiencia del encarcelamiento.

“Hay mucha gente que cree que la cárcel es necesaria y no se da cuenta de que a pesar de que hay más cárceles y más prisioneros todo el tiempo, los barrios marginales o delictivos no dejan de ser los barrios delictivos [y] el número de robos no disminuye. Todo va el aumento: el número de prisiones, el número de presos, pero también el número de crímenes. Lo único que va en descenso son las garantías que tiene cada persona para la subsistencia”, expone.

Al reflexionar sobre el sistema penitenciario, Bryan categoriza los motivos que pueden llevar a una persona a prisión. Enlista cuatro: la pobreza, la desigualdad social, la delincuencia arraigada y la táctica política. Dentro de esta última cabrían casos como los suyos, que por su activismo político se convierten en personas de interés para el Estado para desmovilizar la protesta y la organización, valora.

“El concepto de presos políticos hace que nosotros seamos una de las cartas, de los ases que trae el Estado para desmovilizar cualquier situación, porque un preso político es un preso de efervescencia”, explica. “Porque se organiza la gente para sacar a ese individuo. Sale [y] se deshace la efervescencia y vuelve a caer otra persona, y hay que volver a empezar desde cero para volver a sacarlo”.

La detención de Jacqueline y Bryan ocurrió en medio de las protestas sociales suscitadas por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que tuvieron su epicentro en la Ciudad de México. En ese contexto, se registraron detenciones de manifestantes. En esos casos, expone Jacqueline, se dio la efervescencia del apoyo y la presión social para que fueran liberados dado el evidente trasfondo político de la detención. Sin embargo, en su caso, dice, se recurrió a otra estrategia, pues además de que los detuvieron en una circunstancia distinta, no les imputaron un delito “político” (como alteración de la paz pública), sino uno de orden común, lo que hizo más complicado probar su no responsabilidad. A

Jacqueline no le gusta hablar de “inocencia”, por eso opta por la expresión de “no responsabilidad”.

“Claro que nosotros lo entendimos como una estrategia, porque había interés de su parte en la desaparición y en la prisión, que es de alguna manera cosas similares”, dice. Y considera que, pese al uso de una táctica diferente, el efecto disuasivo se cumplió. “Claro que cumplen el objetivo de disuadir, de que desaparezcan las exigencias, porque hay represión, y el mensaje queda claro para los demás […]. La terapia del shock funciona […] Lo entendemos porque nosotros ya teníamos un antecedente”.

El antecedente al que se refiere son más bien varios: había notado que la seguían y que habían intentado entrar a su cuenta de Facebook, además de que sospechaba que su teléfono estaba intervenido, porque cuando  le llamaban por teléfono le decían que había contestado otra persona, situación que ella misma experimentó cuando llamaba a Bryan.

“Nosotros ya nos habíamos dado cuenta de esto y estábamos por platicar las acciones a seguir contra este seguimiento, pero se nos adelantaron”, dice.

LA EXPERIENCIA EN PRISIÓN

Paradójicamente, el activismo político que Jacqueline y Bryan atribuyen como razón del supuesto intento de desaparición forzada –que derivó en una falsa imputación y su consecuente encarcelamiento– fue lo que convirtió su paso en prisión como una experiencia más de aprendizajes que de castigo.

A pesar de que llevaron ese activismo al interior del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla y al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, a donde fueron enviados, se negaron a ser tratados como presos políticos, pues eso implicaba una distinción respecto al resto de los internos que ambos rechazaron asumir.

En esa cotidianidad intramuros comprendieron que no existe una verdadera propuesta de reinserción social, comenta Bryan. Ante esa realidad, “tienes que hacer algo para que la gente lo entienda, que deje de estigmatizarse a sí mismo como un delincuente y como la escoria de la sociedad, porque es lo que te tratan de implantar”, considera.

Para Jacqueline, trabajar a partir de ese planteamiento fue más difícil, porque, a diferencia de Bryan, no encontró en la cárcel a personas afines de su lucha. Pero para ella era una responsabilidad “hacer frente a los métodos que utiliza el sistema”.

“Es más bien una necesidad por mantener la dignidad de la vida, no era simplemente un capricho, una forma de activismo, sino una necesidad”, asegura.

Pero, como todo en la cárcel, ese activismo tuvo un precio: el hostigamiento por parte del personal penitenciario, que se transmitía a los internos.

A ello se sumaron las situaciones degradantes que, como cualquier interno, tuvieron que padecer.

Jacqueline fue susceptible de una práctica que consiste en que los custodios llevan a las internas a “platicar” con internos, quienes pagan a los custodios a cambio del servicio. Por supuesto no se trata sólo de platicar, también hay prácticas de prostitución.

“O sea te venden”, remata Jacqueline. “Los custodios que te llevan a la diligencia reciben dinero si alguien más quiere hablar contigo, porque como eso está prohibido recurren a la corrupción y a la venta, a la compraventa de personas”, explica.

Cuando le ocurrió, el asunto terminó en una discusión y enfrentamiento con los custodios, refiere.

“Pero nadie lo denuncia porque además es una forma de subsistir de las internas”, quienes suelen estar más abandonadas que los hombres y, en consecuencia, se enfrentan a la dificultad de conseguir dinero para sobrevivir en prisión, donde las extorsiones son comunes, dice la joven.

Bryan lo ilustra con su propia experiencia. Dice que por cada visita había que pagar 130 pesos, “más lo que te cobran por quitar el candado, por hablarte, por abrir la puerta”. En total, unos 200 pesos, estima.

Lo que no aceptó fue pagar los 3 mil pesos que le pedían en el área de Ingreso para librarlo de hacer la fajina, como se le conoce a la limpieza. Más que una tarea se trata de un castigo, a juzgar por lo que narra Bryan, pues la fajina consiste en dar vueltas en cuclillas por más de dos horas en un pasillo, para supuestamente estar limpiando, aún sin tener un trapo.

“Si estás aguantando te echan agua, te quitan tu ropa, te pegan, meten barras de jabón a los calcetines y te las avientan para que de repente digas ‘ya no aguanto, te doy los 3 mil pesos que cuesta hacer esto’”, recuerda.

Además del pago por las visitas, los internos deben pagar entre 10 y 20 pesos por el pase de lista, más la estancia o cantón. A quienes no pagan los envían a un espacio llamado “Castillo Grayskull”, un dormitorio habilitado para cuatro en donde tienen que acomodarse hasta 60.

“Hay gente sentada en la moto, o sea en el baño; están amarrados en las rejas para no caerse al quedarse dormidos parados”, refiere Bryan.

Recuerda que para describir la condición de la prisión solía compartir una alegoría con su amigo Fernando Bárcenas Castillo, acusado de quemar un árbol de navidad de la empresa Coca-Cola durante una movilización contra el aumento del precio del Metro el 13 de diciembre de 2014, y quien también se encuentra interno en el Reclusorio Varonil Norte.

“A veces cuando el patrón está contento, te deja pintar tus cadenas, pero tú tienes que comprar tu pintura”, se decían los amigos.

Jacqueline, de grandes y expresivos ojos, ofrece una imagen más contundente al señalar que de todo por lo que una persona puede ser consignada a una prisión, de hecho ya ocurre ahí dentro.

“Te pueden robar, te pueden picar, te pueden secuestrar a alguno de tus familiares afuera, te pueden extorsionar, te pueden tratar. O sea todo. De todo existe en estos lugares y era a mí lo que me parecía un poco increíble, que gente que antes haya estado en reclusión nunca haya mencionado estas cosas tan importantes que ocurren dentro de la prisión, que atentan contra la vida del ser humano y que no aportan para nada en una política de reinserción social, que más bien corresponde a este orden de estar castigando para justificar sus leyes”, expresa.

TRASCENDER, AVANZAR, PLANEAR…

Tras pasar 237 días en prisión, Jacqueline y Bryan hablan de trascender esa experiencia.

“Más que nada es emprender de nuevo esa lucha, que no se repitan cosas que degradan la vida y la percepción y apreciación de lo que es un ser humano […] Lo que toca ahora es acudir a la planeación”, dice ella.

Los dos han visto con renuencia la posibilidad de demandar a las autoridades la reparación del daño, no sólo porque consideran la vivencia como algo irreparable, sino porque no confían en que ese sistema que los llevó a prisión sea el que les resarza el perjuicio causado. La estrategia, considera, es la difusión.

“Hablar de una reparación del daño también sería nosotros mentirnos, porque sabemos que esas cosas no suceden puesto que hay también a nivel internacional un solapamiento de todas las instituciones. Más bien lo que yo creo que es necesario, independientemente de si proceda o no, es buscar los métodos para hacer difusión con la gente de lo que está sucediendo y que puede ser cualquiera la siguiente persona que pueda encontrase en esta situación, y que además no todas responden de la misma manera, porque actúa el miedo, actúan las terapias que implementa el Estado contra las personas”, sostiene Jacqueline. “El camino es ese, claro que tenemos que evidenciarlo porque es necesario, no porque sea un acto de capricho, es necesario evidenciarlo, entonces creo que es el camino”.