Baja California ha venido a refrendar su crónico desencanto electoral y recientemente además mostró que sus diputados y diputados son incapaces no sólo de revertir ese malestar, si no peor votar en contra de la Constitución que juraron, con el brazo extendido, cumplir y hacerla cumplir.

Sabemos que en este estado norteño se dio la primera alternancia en el Gobierno durante el verano de 1989 y eso generó ilusiones generalizadas de cambio, sin embargo, devino con los años en un alto abstencionismo que ha rondado el 70 por ciento de la lista nominal el más alto y constante de la federación.

Pero, sin duda, lo que faltaba ver es que su sistema de representación podría no estar anclado a ese voto ciudadano sino a intereses no votados el pasado 2 de junio. Y es que mire estimado lector ¿de qué manera se puede interpretar que una elección prevista para generar un Gobierno de dos años de la noche a la mañana una amplia mayoría de diputados locales, sin distingo partidario, haya decidido extender el mandato a 5 años para que Baja California se alinee a la concurrencia de elecciones federales y estatales?

Mucho se ha argumentado a favor de que un mandato de dos años sirve para poco o nada y les asiste la razón. La tradición marca que el primer año de Gobierno es prácticamente para instalarse y el segundo para empezar a realizar la oferta electoral y eso significa, prácticamente, que se gobernaría un solo año que cómo se vea es un escenario desastroso.

Entonces, tiene lógica y es persuasivo el argumento, pero en esas condiciones han sido gobernados la mitad de los estados cuando han tenido y tienen mandatos por debajo de los seis años constitucionales – Baja California, quizá, es excepcional pues ningún otro estado ha tenido un gobierno de dos años para alinear el calendario electoral que quizá para algunos, hubiera sido menos costoso, dejar otros dos años a “Kiko” Vega.

Se supone que detrás de la concurrencia haya un bien mayor aun cuando esto signifique problemas para la operación en los gobiernos electos estatales aun con todas las reservas que se le quiera poner.

Así lo marca la norma constitucional y reglamentaria y aquí vale aquel principio del derecho romano: dura lex, sed lex (la ley es dura, pero es la ley) y exige acatarlo sin más siendo un demócrata respetuoso de las reglas del juego.

Sin embargo, en Baja California no es así porque terminan poniéndose en entredicho principios básicos y no falta que intereses individuales busquen hacer la trampa para poder extender mandatos y alcanzar unos beneficios políticos en el mediano o largo plazo.

Y es que resulta difícil, aceptar que sólo se trate de los intereses de los diputados y diputadas de la 22 legislatura del Congreso del Estado y estén ausentes otros, entre ellos, algunos que no fueron votados en 2016 y que deberían evitarse para no contaminar el ambiente político.

Primero, Jaime Bonilla el Gobernador electo, obtuvo un triunfo holgado con el 50.38 por ciento muy lejos de Oscar Vega, el candidato del PAN que alcanzó un segundo lugar con un 23.14 por ciento de los votos. Este candidato fue quien impulsó la idea de ampliar el mandato a 5 años, al tramitar ante el Tribunal Electoral de BC que cambiara la disposición que desde 2014 establece que la siguiente elección de Gobernador fuera sólo para un periodo de 2 años. El PAN impugnó y el primer intento fracasó pero la idea estaba presente.

Más aún, cuando las encuestas de intención de voto favorecían a los candidatos de la coalición “Juntos haremos Historia”, esto acrisoló aún más la figura del Gobernador panista Francisco “Kiko” Vega quien para muchos bajacalifornianos no ha tenido un buen desempeño y abría un principio de oportunidad.

Se dice que el Gobernador convenció a 9 de los 12 diputados panistas para apoyar la iniciativa de reforma presentada por un Diputado de Morena y volver sobre el tema de la ampliación del mandato y no es descartable, que haya operado, para que los diputados priistas votaran a favor alcanzando 21 de los 25 diputados que integran la legislatura.

Sin embargo, hay algo que no cuadra, el Gobernador en funciones ha dicho que no dará trámite a la ampliación de mandato cómo se puede leer en su cuenta de Facebook: “Estamos comprometidos en atender la voluntad de los ciudadanos expresada el pasado 2 de junio, en la que se votó por una gubernatura por 2 años (..) Por tal motivo, informo que no publicaré en el Periódico Oficial del Estado la reforma aprobada en el Congreso del Estado”. Es decir, si estuvo detrás de la corrección de los diputados panistas porque de ultimo momento da un paso atrás, ¿Acaso reconsidero el apoyo? ¿Por qué?

Finalmente, hay quienes hablan de que en Baja California lo que se busca es pulsar el ambiente para si puede dejar sentadas las bases para una posible reelección de AMLO, como en su momento lo intento Carlos Salinas a través de las elecciones de San Luis Potosí en 1992. Recordemos a Gonzalo Martínez Corbalá, quien en aquel año era Gobernador interino y buscó postularse lo que técnica y políticamente representaba una reelección., lo que no estaba, ni está previsto para Presidente de la República, ni gobernadores en nuestra legislación. Así fueran interinos.

Salinas de Gortari le dio juego pues buscaba pulsar los ánimos de los potosinos y por extensión del resto de los mexicanos sobre una eventual reelección y el primero que le salió al paso fue Fidel Velázquez, quien lo conminó a respetar las reglas del juego y con ello tuvo que frenar a Martínez Corbalá. Éste, por cierto, argumentaba que los potosinos estaban con él y que lo podría demostrar con una gran movilización a lo que Salinas molesto le habría detenido palabras más, palabras menos con un: Si tu insistes en postularte recuerda que podríamos duplicar la movilización que seas capaz de organizar. Ahí quedó el diferendo.

Lo cierto es que la sola posibilidad de que detrás de Baja California haya un propósito mayor atizado por la postura irreductible de Yeidckol Polevnsky, quien apoya la ampliación del mandato, “porque los bajacalifornianos así lo quieren” encuentra la amenaza constitucional de Porfirio Muñoz Ledo que amenaza con desaparecer los poderes en el estado fronterizo.

La gran interrogante es cuál va a ser la postura de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en última instancia, la de los miembros de la Suprema Corte de la Nación, cuando reciban las acciones de inconstitucionalidad por la ampliación del mandato constitucional.

Se espera que se imponga la sensatez y se respete la ley, cómo también la voluntad del pueblo bajacaliforniano para, quizá, elevar la confianza y contrarrestar al fin los altos niveles de abstencionismo que rayan ya en la ilegitimidad por el número reducido de votantes.

Ernesto Hernández Norzagaray

https://www.sinembargo.mx/author/ernestohernandez

Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Ex Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales A. C., ex miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ciencia Política A.C. Colaborador del diario Noroeste, Riodoce, 15Diario, Datamex. Ha recibido premios de periodismo y autor de múltiples artículos y varios libros sobre temas político electorales.

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