Miami (EE.UU), 20 ago (EFE).- El abogado del cubano Gerardo Hernández, condenado a cadena perpetua en EE.UU por su participación en la red de espionaje “Avispa”, solicitó hoy la anulación de la sentencia con el argumento de que Radio y TV Martí presuntamente pagó a varios periodistas para que influyeran en el jurado.
El letrado Martin Garbus dijo en una teleconferencia que la moción se presentaría hoy en un tribunal de Miami (Florida) pidiendo revocar la condena, junto con una declaración jurada en la que se detalla la manera en que supuestamente se procedió para que se emitiera un veredicto y una sentencia de culpabilidad en contra de su cliente.
“Los documentos que hemos desvelado detallan cómo el Gobierno estadounidense a través de Radio y TV Martí intentó ilegalmente influir en el juicio”, informó Garbus.
Radio y TV Martí, financiada por el Gobierno de Estados Unidos, se creó mediante la Ley de Transmisiones Radiales para Cuba de 1983, durante la presidencia de Ronald Reagan.
Sin embargo, Gloria La Riva, coordinadora del Comité Nacional para la Liberación de los Cinco Cubanos, horas después de la teleconferencia, notificó a Efe que se aplazó la presentación del documento porque “hubo problemas técnicos de último momento, se va a ajustar y posiblemente se presente entre el jueves y el viernes”, pero declinó suministrar detalles.
Garbus explicó en la mañana que el equipo legal hizo un seguimiento a una investigación que realizaron los diarios The Miami Herald y The New York Times sobre el presunto pago a periodistas de varios medios de comunicación quienes cubrían el juicio contra Hernández y otros cuatro cubanos en un tribunal de la ciudad.
Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron acusados de pertenecer a la red “Avispa” desmantelada en 1998 y que, según las autoridades, infiltró a grupos del exilio cubano y espió instalaciones militares estadounidenses en el sur de Florida.
Según las autoridades, Hernández era el líder de la red y cumple dos cadenas perpetuas, una de ellas impuesta por supuestamente conspirar en el derribo de dos avionetas de “Hermanos al Rescate” en 1996, por parte de cazas MiG cubanos, hecho en el que murieron cuatro pilotos.
La investigación que a su vez realizaron los abogados de Hernández determinó que los miembros del jurado y la comunidad donde vivían fueron “bombardeados” con informaciones presuntamente pagadas por el Gobierno.
Algunos de los artículos se publicaron en The Miami Herald y el Nuevo Herald y el caso se ventiló en programas de radio y canales de televisión de Miami, según Garbus.
“Estas conversaciones, publicaciones, discursos e imágenes tenían dinero del Gobierno estadounidense involucrado y eran parte de un plan para influir al jurado y a la comunidad para un veredicto de culpabilidad contra los acusados”, aseveró el abogado.
Para el letrado, el supuesto pago a periodistas es un “caso sin precedente en la historia de Estados Unidos”.
En la moción de 80 páginas se indicó que la defensa demostrará que el Gobierno hizo “pagos clandestinos a periodistas que estaban totalmente comprometidos a hacer lo que pudieran para asegurar una condena” en contra de Hernández.
También se pidió que en caso de que el tribunal ratifique la sentencia, se convoque a una audiencia pública para examinar los documentos que, según los abogados, posee el Gobierno.
El Tribunal Supremo estadounidense se negó en 2009 a admitir a trámite un recurso presentado por los cinco cubanos en el que alegaban no haber tenido un juicio justo por “el sentimiento anticastrista” de parte de la comunidad cubana en Miami.
Ese mismo alegato fue rechazado por el Undécimo Tribunal de Apelaciones de Atlanta.
“Los Cinco”, como se les conoce en Cuba, admitieron en el juicio que eran agentes del Gobierno cubano, pero afirmaron que espiaban a “grupos terroristas de exiliados que conspiraban” contra el entonces mandatario Fidel Castro y no al Gobierno estadounidense.
Ramón Labañino fue condenado a 30 años de cárcel, Fernando González a 17 años, Antonio Guerrero a 21 años y René González fue condenado a 15 años de cárcel, que por buena conducta se redujeron a 13 y ahora cumple con tres años de libertad supervisada. EFE
