Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).– “Todas las sospechas han sido confirmadas”. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, “prostituye a la institución. Los mexicanos estamos gastando mil millones de pesos al año para tener un ‘Ombudsman Bala’, un hombre que avala el poder; estamos tirando mil millones al año a la basura”.

Eso dijo esta mañana Darío Ramírez, director en México de la organización internacional Artículo 19, luego de que el periódico Reforma diera a conocer hoy que el Ombudsman nacional ha inaugurado un busto, un auditorio y cátedras universitarias que llevan su propio nombre.

El salón de usos múltiples de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla lleva ahora su nombre, gracias a su cercanía con Rafael Moreno Valle, Gobernador de Puebla, a quien el mismo Plascencia avaló la controvertida “Ley Bala”. Reforma publica la foto de los dos, juntos, inaugurando el salón.

“En los últimos dos años, y en al menos tres entidades, el Ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, ha inaugurado un busto, un auditorio y cátedras universitarias que llevan su propio nombre”, dijo el diario.

Darío Ramírez lo calificó como “una vergüenza, descaro, cinismo”. Pero no es el único que denuncia a Plascencia Villanueva. Con él, organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, así como activistas, han venido denunciando que Plascencia Villanueva vendió la Comisión a los poderes, como el Presidente Enrique Peña Nieto.

“¿Con qué cara voltea a ver a 25 mil desaparecidos y a 75 periodistas asesinados?”, cuestionó el director de Artículo 19. “La CNDH está secuestrada por un grupo de personas incompatibles con la defensa de los derechos humanos. Es, claramente, el ‘Ombudsman Bala’. Refleja la práctica a través de una acción. Fue él quien avaló la ley del ‘Gobernador Bala’, Moreno Valle”.

“Plascencia Villanueva ya no es un ombudsman del pueblo. No cumple con ninguna de las características de un defensor del pueblo. Independencia: no la tiene. Incomodidad ante el poder: no la tiene. Cercanía con las victimas: no la tiene”, agregó Ramírez.

“Lo publicado por Reforma confirma dos cosas: que en México hay una institución pero no hay un defensor del pueblo; y que está vacante la CNDH”, sostuvo. “Esto implica que tenemos gastos de más de mil millones de pesos tirados a la basura, con una burocracia inútil”.

Ramírez comentó que Raúl Plascencia Villanueva no cumple con las características de un defensor de los derechos humanos, quienes deben ser incomodos al poder. “No hay manera de tener esa cercanía y esa comodidad. Lo que confirma esto, es esa cercanía. Habla de lo que era una hipótesis: que este hombre está tan cercano a los poderes… que avaló la ‘Ley Bala’ de Moreno Valle y sirve de aval a los políticos”.

“Lo peligroso –sostuvo– es que las decisiones sus decisiones son políticas. Puede mentir flagrantemente en aras de mantener la comodidad y la prebenda: auditorios, cátedras con su nombre, etcétera”.

La visita del Presidente a la CNDH ayer, dijo Ramírez, tiene dos lecturas: una que confirma que no hay una sana distancia con el poder, y otra es que su reelección es inminente.

“Es un golpe a los derechos humanos. Y lo será el show para ratificarlo como ombudsman. La cercanía indica que va por la reelección”, expresó.

EL OMBUDSMAN DEL PODER

Al menos en tres entidades, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, ha inaugurado en los últimos dos años un busto, un auditorio y cátedras universitarias que llevan su nombre.

El más reciente fue en enero de 2013, cuando develó la placa del salón de usos múltiples de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, entidad en la que se ha cuestionado su papel por avalar la llamada “Ley bala” y actuar de manera tibia en el caso del niño muerto por una bala de goma disparada por policías en Chalchihuapan.

En la develación de la placa estuvieron presentes tanto el Ombudsman como el Gobernador poblano, Rafael Moreno Valle, a quien ciudadanos acusan de reprender cualquier expresión contraria a su proyecto.

“En alusión al trabajo desempeñado por el presidente del organismo defensor a nivel nacional”, señaló la CNDH en un comunicado emitido tras la develación de la placa, publica el diario Reforma.

Por otra parte, la Escuela Libre de Derecho de Puebla mantiene vigente la cátedra que lleva el nombre del presidente de la CNDH. El también abogado se desempeña en esa casa de estudios como profesor honoris causa y docente de posgrado.

“Por acuerdo del Consejo de Directores de la Escuela Libre de Derecho de Puebla y por la trayectoria y desempeño en el ámbito de los derechos humanos, a partir del ciclo escolar 2013-2014, la conferencia inaugural de cada ciclo escolar en dicha institución, llevará el nombre de Cátedra Prima Raúl Plascencia Villanueva”, indica el Instituto en su página de internet.

La Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana campus Distrito Federal también inauguró una cátedra que se imparte a alumnos de noveno semestre.

Para dicha asignatura, el encargado de dictar la conferencia inaugural y la de clausura es el mismo Plascencia, además de que la mayoría de los ponentes son integrantes de la CNDH.

La cátedra concluirá días después del proceso de selección del Ombudsman, que es en noviembre, y en el que puede aspirar a la reelección.

Por otra parte, el nombre del presidente de la CNDH también está inscrito en un busto en Sonora. El 18 de octubre de 2012 fue inaugurado el Instituto Superior de Derechos Humanos Dr. Raúl Plascencia Villanueva, en presencia del Ombudsman, quien develó la escultura.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos indicó en un comunicado que el nombre del nuevo Instituto era “un reconocimiento a la contribución de Plascencia a los derechos humanos en México, luego de su intenso trabajo e impulso para concretar la reforma constitucional en beneficio de México”.

LOS CUESTIONAMIENTOS

Raúl Plascencia Villanueva ocupa desde el 16 de noviembre de 2009 la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); durante su desempeño ha sido cuestionado por la actuación de la institución en casos como la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y en el caso de la francesa acusada de secuestro y absuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Florence Cassez.

En los últimas semanas ha estado otra vez en medio de la polémica por la actuación de la Comisión en el caso Chalchihuapan, en Puebla, donde el menor José Antonio Tlehuatlie perdió la vida a consecuencia de una bala de goma disparada por policías a manifestantes.

Integrantes del Frente para la Libertad de Expresión desconfiaron de la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para presentar un examen pericial que esclarezca los hechos ocurridos el pasado 9 de julio, donde hubo un enfrentamiento entre policías estatales y habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, en el que perdió la vida un niño.

Tras la visita de Plascencia Villanueva al lugar, la semana pasada, distintas organizaciones calificaron su actitud de “incongruente”, pues previamente avaló la llamada “Ley Bala”, propuesta el pasado 7 de mayo por el gobernador Rafael Moreno Valle y aprobada por el Congreso de la entidad, que preveía “mecanismos para hacer prevalecer el orden colectivo privilegiando el diálogo, la persuasión o la advertencia”, y no descartaba el uso de armas “no-letales” por parte de los policías, como última medida para defenderse a sí mismos o a terceros de agresiones.

La ley indicaba que las “armas incapacitantes no letales” son las que no ocasionan lesiones que puedan poner en riesgo la vida de las personas, pero no ejemplifica qué tipo de artefactos pueden ser utilizados por la fuerza pública.

Los organismos ciudadanos agrupados en el Frente de Libertad de Expresión y Protesta Social, destacaron que cuando la “Ley Bala” fue aprobada solicitaron a la CNDH interponer un recurso de inconstitucionalidad, pero fueron ignorados.

En su momento, Simón Hernández León, del Centro Pro Derechos Humanos, declaró que “el Frente de Libertad de Expresión se pronunció mucho antes para que la CNDH planteara la acción de inconstitucionalidad a la ‘Ley Bala’ en Puebla y a leyes similares en Quintana Roo y Chiapas. Y pues en su momento Plascencia dijo que la ‘Ley Bala’ de Puebla contaba con toda la legalidad y se apegaba a los protocolos internacionales y ahora está aquí inspeccionando los hechos que fueron desatados por esa misma ley que él avaló”.

El 7 de agosto, Raúl Plascencia, cuestionado sobre el caso Puebla, recordó que el organismo investiga violaciones graves a los derechos humanos que derivaron en la muerte del menor José Antonio Tlehuatlie, delito por el cual aún no hay detenidos.

“Quien avala las leyes y las aprueba es el Congreso del estado. La Comisión Nacional, a través de la Dirección General Jurídica, revisa si tiene un problema de inconstitucionalidad. La Dirección General Jurídica la revisó y no encontró un punto de inconstitucionalidad en la materia”, aseguró.

A través de un oficio emitido el 6 de julio, la directora general de Asuntos Jurídicos de la CNDH, Claudia Fernández Jiménez, concluyó, que:

“Esta Unidad Jurídica analizó el decreto que se adjuntó a su escrito, por el que se expidió la Ley en cita, y llegó a la conclusión de que no existen temas de inconstitucionalidad o inconvencionalidad en materia de derechos humanos en dicho ordenamiento…”

El oficio de la CNDH agregó que, en virtud de los resultados de su análisis, “no se promovió acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar algún precepto de la Ley referida”.

Organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos reprobaron la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues aseguraron que los mecanismos de esta institución para frenar los ataques y represión contra periodistas y defensores de los derechos humanos es prácticamente nula.

Este lunes, en el Coloquio: Evaluación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizado por el Partido Movimiento Ciudadano en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Diputado Ricardo Mejía Berdeja calificó de omiso al ombudsman nacional por no haber dado respuesta a las observaciones que le hicieron los legisladores con motivo de su más reciente informe de labores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El legislador también acusó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja de obstaculizar la comparecencia que algunos diputados están exigiendo del titular de la CNDH ante la Cámara de Diputados federal, para que explique, entre otras cosas, su actuación frente a la controvertida Ley Bala aprobada en el estado de Puebla y que ya dejó un muerto y varios heridos.

En ese sentido, sostuvo que el actuar de Raúl Plascencia al frente de la CNDH “está condicionada a sus filias y a sus fobias” y en base a ello ha actuado con respecto a la violación de derechos humanos en el caso Chalchihuapan a raíz de la Ley Bala, dijo.

En su oportunidad, el investigador del Área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, Fundar, Miguel Moguel, indicó que en el caso de la Ley Bala, en Puebla, “las organizaciones que formamos parte del frente, nos quedamos a la expectativa de una respuesta de por qué no había lugar a una acción de inconstitucionalidad”, toda vez que había elementos ello.

Mientras que Iván Báez, de la organización Articulo 19, México, advirtió que “la percepción que tenemos desde la sociedad civil con respecto a la CNDH es muy bajo”, y calificó como de principal preocupación “la falta de una política clara de la CNDH para contrarrestar las leyes que criminalizan la libertad de expresión”.

Añadió que se desconoce si la CNDH cuenta con una metodología para fiscalizar las reformas legales que se aprueban en los congresos locales y que podrían ser contrarias al respeto de los derechos humanos de la sociedad para, en su caso, emitir de manera oportuna las recomendaciones correspondientes e incluso ejercer la acción de inconstitucionalidad como debió suceder en la preocupante Ley Bala y cuyas consecuencias funestas pudo haber prevenido la CNDH, dijo.

“Nos preocupa que tenga que ser la sociedad civil la que, mediante una carta y a veces mediante un escrito de amparo, exija que la CNDH valore la presentación de las acciones de inconstitucionalidad”, y cuando la sociedad lo ha hecho, las respuestas de la CNDH han sido muy vagas, advirtió.