Sancionados por fallas de L-12 se dicen “chivos expiatorios”; protegen a culpables, acusan

20/08/2015 - 12:03 am
El pasado 11 de marzo se cumplió un año del cierra de la Línea Dorada. Foto: Cuartoscuro.
El pasado 11 de agosto se cumplieron 17 meses del cierra de la Línea Dorada. Foto: Cuartoscuro.

Ciudad de México, 20 de agosto (SinEmbargo).— Un grupo de ex empleados del Proyecto Metro que fueron de los 71 sancionados por las fallas en la Línea 12 del Sistema del Transporte Colectivo (STC) Metro denunciaron que las imputaciones contra ellos son incongruentes y desproporcionadas, y que las perciben más como una búsqueda de “chivos expiatorios” para no castigar a los verdaderos responsables.

Se trata de 16 ex empleados del Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF), órgano desconcertado creado para la construcción de la Línea 12, quienes se han organizado como la Unión de Ingenieros y Arquitectos para la Reivindicación Profesional y el Bienestar de sus Familias. Todos ellos han emprendido juicios de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) contra las sanciones que les impuso la Contraloría General del Distrito Federal por su presunta responsabilidad en las fallas de la Línea 12 que llevaron a su cierre parcial hace 17 meses.

En entrevista con SinEmbargo, cuatro de esos ex empleados no sólo rechazaron la responsabilidad de las irregularidades atribuidas, sino que acusaron que las imputaciones que se les hacen se refieren a trabajos en los que ellos no tenían injerencia alguna. Por ello, consideraron, las sanciones no son sólo erróneas sino también incongruentes.

A Héctor Rosas Troncoso, quien hasta principios de año se desempeñó como Subdirector de Obra Civil C en la Dirección de Construcción de Obras Civiles del Proyecto Metro, la Contraloría lo inhabilitó un año porque no había firmado una estimación relacionada con los contratos de la obra.

El ex empleado del Proyecto Metro expuso que si no firmó dicho documento fue porque para cuando éste llegó a dicha instancia -el 31 de enero de 2012- él ya no trabajaba ahí, pues había sido removido de ese trabajo el 11 de enero previo, es decir 20 días antes.

“Ya no estaba ni físicamente ni tenía ninguna atribución ni facultad para poderla haber firmado”, señaló.

Rosas Troncoso consideró absurdo que se le pretenda hacer responsable por no haber firmado un documento, cuando el sentido común operaria en sentido contrario: “Si no firmo algo, soy responsable de nada, [pero] se me responsabiliza de no haber firmado, siendo que el sentido común diría: ‘si no firmó, ¿de qué lo puedo acusar?’”.

La Contraloría también lo responsabilizó de no haber verificado que ciertos trabajos de obra cumplieran con los lineamientos pactados. Por esa causa le imuso dos sanciones, que suman inhabilitaciones por 15 años y una sanción económica de un millón 208 mil 671 pesos.

Otro de los ex empleados que han denunciado incongruencias en las sanciones de la Contraloría es Juan Manuel Mora, quien era Jefe de la Unidad Departamental de Arquitectura de la Dirección de Diseño de Obras Civiles del Proyecto Metro.

Él fue sancionado por la Contraloría por presunta omisión, pues supuestamente no informó que un andador de mantenimiento en el tramo elevado de la Línea 12 no se había construido. Asimismo se le señaló responsable de presuntamente haber hecho pagos indebidos por ese trabajo que no fue realizado.

Mora se defiende diciendo que no era su atribución verificar que dicha obra se llevara a cabo, y mucho menos hacer pagos, pues su competencia se limitaba al diseño de la obra civil, que sí incluía el andador en cuestión.

“Nosotros como cualquier trabajador del gobierno estamos apegados a un manual de procedimiento donde nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, qué trabajo tenemos que desarrollar dentro de las diversas direcciones que existen en Proyecto Metro. En mi manual de procedimientos no dice, o en ningún lado dice que yo tenga que realizar esa actividad”, argumentó.

De acuerdo con el Manual Administrativo del Órgano Desconcentrado del Proyecto Metro del Distrito Federal, la Jefatura a su cargo se encarga de revisar y supervisar los estudios, anteproyectos y proyectos arquitectónicos, lo que implica analizar la procedencia técnica y elaborar los dictámenes técnicos de éstos.

Él fue inhabilitado del servicio público por 10 años, además de que se le impuso un pago de 390 millones de pesos.

Salvador Trejo Nava, ex Jefe de la Unidad Departamental de Ingeniería adscrito a Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas del Proyecto Metro, también fue inhabilitado por 10 años, pero a él se le impuso una sanción económica por mil 613 millones de pesos.

“Tendría que vivir unos 600 años para poderles pagar, si es que tuviera trabajo y ganara lo que ganaba ahí y aportara todo lo que ganaba”, expresó.

A él la Contraloría lo responsabilizó de presuntamente no haber informado sobre trabajos pendientes de obra electromecánica por 103 millones de pesos y haberlos entregado pese a las faltas, por trabajos pendientes de obra civil y por presuntamente haber contratado y pagado actividades dobles en la obra civil. Pero él también se defiende diciendo que su trabajo era hacer el proyecto, mas no supervisar la obra y que los trabajos de obra civil no eran de su competencia, pues el suyo era el trabajo electromecánico.

El Manual Administrativo refiere que el cargo que Trejo Nava ocupaba es responsable de coadyuvar en la planeación y elaboración del presupuesto, dar seguimiento a los estudios, investigaciones y proyectos ejecutivos electromecánicos para el equipamiento de la red del Metro, así como llevar el control de los avances físicos y financieros de los programas de ejecución de las obras.

En todo caso, las Jefaturas de Unidades Departamentales son puestos de tercer nivel, por debajo de las respectivas direcciones y subdirecciones de área, de acuerdo con la estructura orgánica establecida en documento.

Trejo Nava también fue responsabilizado de presuntamente no haber informado sobre certificados de control de calidad. Es la única imputación que considera relacionada con su trabajo, pero aún así rechaza su responsabilidad ya que, argumentó, le pedían 132 controles de calidad y él entregó 135, “contratados debidamente”.

Sergio Vázquez Galicia, ex Jefe de Unidad Departamental de Obra, para el tramo comprendido de Calle 11 a Lorenzo Tezonco, fue inhabilitado cinco años. A él se le atribuye la responsabilidad de ministraciones faltantes pero que corresponden a otro tramo de la obra, el que va de Pueblo Culhuacán a Atlalilco, refirió.

“Es una incongruencia que me estén acusando de una cosa que yo ni siquiera en ese tramo estaba”, dijo.

Asimismo fue señalado por la Contraloría de haber firmado ministraciones que, aseguró, ni siquiera pasaron por sus manos.

INCONGRUENCIAS Y DESASEO

Los cuatro ex empleados de Proyecto Metro señalaron además que las imputaciones que se les hacen ni siquiera tienen que ver con los problemas que supuestamente provocaron las fallas en la operación de la Línea 12 y que llevaron a su cierre parcial.

Ellos sostienen lo anterior con base en lo expuesto por la empresa Systra en su informe final sobre la Línea 12, trabajo encargado por la administración local para diagnosticar las causas de las fallas.

En las conclusiones de dicho informe, presentado el año pasado, se señala que “el origen del problema no parece ser un defecto de los materiales (excepto el balasto), sino un problema muy delicado de incompatibilidad a nivel de la interfaz riel/rueda”, además de que el sistema es de vía férrea y el material rodante tiene características de tren suburbano.

Según el informe, “el comportamiento de las obras en el tramo en viaducto es normal” y atribuye el desgaste undulatorio de as curvas con radio menor a 350 metros y la ruptura de ciertos componentes como consecuencias y no causas de las fallas.

Asimismo no se plantean acciones en el corto plazo relativas a la obra civil, como sí en lo concerniente con la vía férrea y la interfaz riel/rueda.

Por lo anterior es que los ex empleados sancionados arguyen que si las fallas en la Línea 12 tuvieron que ver con la incompatibilidad entre el riel y la rueda, no es lógico que se les responsabilice por acciones que no guardan relación con ese aspecto.

Rosas Troncoso ilustró con una metáfora la incongruencia de las acusaciones en su contra: “Imagínate que este inmueble es la Línea 12 y alguien no le puso los balcones, y por no ponerle los balcones tú digas ‘ah, por los balcones no me funciona el baño, se afectó mi clóset, la duela se me afectó por no tener esos balcones’. O sea es algo que no tiene nada que ver”.

Vázquez Galicia dijo además que en el informe de la Contraloría se había presentado la credencial de elector de otro ingeniero, mientras que a Mora lo consignaron como Director de Construcción de Obras Civiles, es decir un puesto que no es el que ocupaba.

“¿Qué es lo que pasa? Que todos los documentos que se están presentando están mal colocados. Entonces quiere decir que todo lo hicieron mal”, sin cuidado para revisar la documentación básica, señaló Vázquez Galicia.

Para Rosas Troncoso la impresión es que sólo “cortaron y pegaron” las sanciones que iban a imponer, sin tener cuidado de revisar a quién le estaban atribuyendo qué cosas.

SinEmbargo buscó la postura de la Contraloría sobre estos señalamientos, a través de su oficina de Comunicación Social. Al cierre de edición no se había obtenido respuesta.

Por estas incongruencias es que ellos, como varios ex empleados más, se han inconformado con las sanciones de la Contraloría. Son varios los casos en los que resoluciones judiciales han dado un revés a la Contraloría.

El pasado 22 de mayo, el director de asuntos jurídicos y responsabilidades de la Contraloría General, Juan Carlos Ávila López, refirió que para entonces el TCADF había emitido 17 sentencias, en primera instancia, determinando la nulidad “lisa y llana” de las sanciones administrativas impuestas por dicha dependencia en relación con la Línea 12. El funcionario informó también que 33 de los sancionados habían interpuesto juicios de nulidad ante el Tribunal, entre ellos el ex director de Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, cuyo proceso sigue en curso ante dicha instancia judicial.

En el caso de los 16 ex empleados agrupados en una organización, la mitad de los recursos interpuestos ante el TCADF  han resultado favorables, de acuerdo con Rosas Troncoso. Él es uno de quienes han obtenido resoluciones a favor, en los juicios de nulidad II-77606/2014 y II-5006/2015, que anulan las inhabilitaciones de 10 y 5 años y las sanciones económicas y obligan a la Contraloría a restituir sus derechos.

El mismo ex empleado refirió que la Contraloría ha impugnado todas las resoluciones que han anulado sus sanciones.

ESTIGMATIZACIÓN, DESEMPLEO, ESTRÉS…

La PGJDF informó que se ejecutaron tres órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios implicados en el proyecto de la Línea 12 del metro. Foto: Cuartoscuro
La PGJDF ejecutó al menos tres órdenes de aprehensión en contra de ex funcionarios implicados en el proyecto de la Línea 12 del metro. Foto: Cuartoscuro

Los ex empleados del Proyecto Metro se quejaron también de que, según su consideración, pese a que las sanciones de la Contraloría están mal fundamentadas y ni siquiera tienen que ver con las fallas de la Línea 12, ellos fueron exhibidos públicamente como los responsables.

Rosas Troncoso dijo que previo a hacerse públicas las sanciones, sostuvieron audiencias con la Contraloría para que presentaran elementos a su favor. En esa audiencia, contó, los funcionarios de la Contraloría les preguntaban que si querían que su información personal se hiciera pública o no; además les aclararon que si no respondían, ellos tenían la obligación de no hacerla pública.

Él pidió que sus datos no se difundieran y, sin embargo, aparecieron en el listado de los primeros 33 sancionados, dados a conocer el 9 de septiembre por el entonces Contralor General, Hiram Almeida.

“¿Por qué se hicieron públicos? No lo sabemos”, dijo Rosas Troncoso.

Las imputaciones y la exhibición que de ellos hizo la Contraloría les han traído consecuencias negativas, agregó. La principal es que ahora no encuentran trabajo.

Los cuatro entrevistados tienen más de 20 años de experiencia en la construcción de metros, en sus respectivas áreas.

La falta de trabajo ha significado, en el caso de Trejo Nava, que sus deudas hayan crecido porque no ha podido pagarlas o que haya tenido que dejar de usar su automóvil al no tener dinero para mantenerlo. Los problemas económicos han derivado en problemas familiares también.

“Si mi familia me está poniendo eso, es mi núcleo básico, ¿qué se diga en todo el entorno social? Estamos siendo repudiados en un momento dado”, expresó.

Las repercusiones no son sólo familiares sino en su salud, añadió Mora.

“Yo me despierto por las mañanas y me despierto pensando en esto y con el temor […]. Yo no salgo tranquilamente de mi casa, ni llego tranquilamente. Me despierto pensando en esto, y como que todo ese temor se concentra en mi estómago, todo como que llega ahí y como que me comienza a doler, a molestar”.

“Nos han afectado tanto físicamente como mentalmente”, terció Vázquez Galicia. “Nosotros nos estamos enfrentando como David contra Goliat”.

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