El Congreso local del estado de Veracruz aprobó la Ley de Perturbación que tipifica como delito la perturbación del orden social y la difusión de rumores a través de las redes sociales.

La iniciativa fue propuesta por el gobernador de la entidad, Javier Duarte de Ochoa, después de que el pasado 25 de agosto los tuiteros María de Jesús “Maruchi” Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, fueran arrestados y condenados a prisión por los supuestos “delitos de terrorismo equiparado y sabotaje”, ya que difundieron, a través de las redes sociales, mensajes de supuestos ataques del crimen organizado en centros escolares de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Con 33 votos a favor y 14 en contra, los legisladores aprobaron hoy la llamada “Ley Duarte”.

Al tiempo, los usuarios de las redes sociales se manifiestan en contra de la iniciativa en las afueras del Congreso. Los manifestantes, quienes portan cartulinas con consignas como “Cuando la autoridad censura no es digna de confianza”, “Me afecta más la censura que los rumores”, “No a la censura, no a la regulación de Internet”, exigen la pronta liberación de “Maruchi” Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera.

A los “tuiteros” veracruzanos se les dictó, el 31 de agosto pasado, auto de formal prisión, por lo que podrían alcanzar una pena máxima de 30 años de cárcel.

Ante este escenario, Duarte de Ochoa envió esta iniciativa de Ley con la que, de acuerdo a lo declarado por el secretario de Gobierno estatal, Gerardo Buganza Salmerón, Bravo Pagola y Martínez Vela podrían alcanzar libertad bajo fianza de ser aprobada la reforma al código penal del estado.

De acuerdo a la iniciativa, comete el delito de perturbación del orden público quien por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego, de sustancias químicas biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público.

De acuerdo al artículo 373 de la legislación penal, el cual se discute hoy en sesión extraordinaria en la legislatura local, se le impondrá cárcel de uno a cuatro años y multa de 500 a mil días de salario, atendiendo a la alarma o perturbando el orden efectivamente producido.

(Con información de Notimex)