“Ojalá que en la Asamblea hubiera personas capaces de dar dos pasos atrás y reflexionar sobre las consecuencias”. Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro

¿Cuándo llegará el momento de darnos cuenta de que, así como descuidamos nuestra atmósfera por mucho tiempo, estamos descuidando igual de gravemente nuestro subsuelo? Más grave dadas las condiciones lacustres de la ciudad de México.

Tuvieron que pasar muchas crisis y varias catástrofes para que fuera aceptado comúnmente que debemos cuidar el aire. Fuimos ciegos y sordos a todas las señales de la contaminación ambiental en la primera mitad del siglo veinte. La alerta del calentamiento global cada vez es más aterradora y va teniendo consecuencias que están costando muchas vidas. Así como Trump y sus secuaces niegan la existencia comprobada científicamente del calentamiento global y están tomando medidas de gobierno que son perjudiciales para el mundo, el gobierno de la ciudad de México ha enviado a la Asamblea de la Ciudad un proyecto de ley absolutamente Trumpiano con respecto al subsuelo. Un proyecto que tiene una actitud completamente negacionista de la responsabilidad del gobierno para pensar que la salud del subsuelo de la ciudad es un bien común como lo es la salud del aire.

Con el proyecto el gobierno pretende obtener de la Asamblea permisos extraordinarios para aumentar en un 35 por ciento la altura de los edificios que se cayeron o tendrán que ser derruidos. Con esa ganancia en la construcción se se pretende financiar el costo de la reconstrucción. El asunto es escandaloso, turbio e irresponsable por todas las esquinas. Sólo puede ser visto como una buena idea por quienes tienen intereses creados. Desde las constructoras que se encargarán del asunto, y algunas que ya han sido designadas a toda prisa, hasta los funcionarios que dan estás concesiones a un organismo privado, un fideicomiso privado por ejemplo, que tiene manga ancha y ninguna obligación de ser fiscalizado. El proyecto pretende todas las libertades para intermediarios gozando de obscuridad que ya se han obtenido para otros proyectos urbanos que son enormes negocios.

Como en tantos casos anteriores, estas facultades extraordinarias se disfrazan de bien público. En este caso la urgencia de vivienda y reconstrucción. Pero se pretende, ya de plano tener dispensa absoluta de cualquier estudio de impacto urbano de todo tipo. De nuevo lo que hemos vivido una y otra vez, la legalización de una irresponsabilidad urbana que en muchos otros países sería inconcebible.

Como en otras ocasiones, los nuevos piratas urbanos, públicos y privados, pretenden justificarse con la creación de “comites científicos” a modo, limitados a lo que se les diga, a opinar sobre técnicas constructivas y por lo mucho sobre técnicas para construir en terrenos blandos. Nunca emprenden un estudio del daño que un edificio alto ejerce sobre las construcciones a su alrededor y ya no se diga sobre el impacto urbano de sobrepoblar zonas sin modificar su proporción con respecto a las infraestructuras de todo tipo que son necesaraias para esa población.

Si se quisiera de verdad hacer con cierta responsabilidad un repoblamiento de zonas poco pobladas de la ciudad, ya se hubieran ocupado de todos los locales en el centro que las mafias que controlan a los ambulantes tienen como bodegas. Y han descuidado y maltratado hasta dejar que se caigan. Incluyendo casas de valor histórico. Lo mismo en la zona rosa y en otras. Pero esas mafias son intocables porque son movilizadas por los mismo gobernantes y por los partidos a voluntad. Son sus instrumentos clientelares y no pueden sino cederles zonas enteras de la ciudad para vergüenza total de todos.

Este proyecto urgente de ley tiene todos los vicios que tenía esa abominación que fraudulentamente se quiso llamar Corredor Cultural Chapultepec: cero estudios verdaderos de responsabilidad urbana de ningún tipo, comites científicos a modo que avalen ese desfalco, mecanismos intermediarios de financiamiento y administración que aseguren la obscuridad y que aseguren también las decisiones de compañías constructoras. Y la concesión de terrenos en algunos casos muy por abajo de su valor. Detrás de la urgencia de la vivienda está, evidentemente la urgencia vergonzosa de gobernantes y negociantes de la construcción por sacar provecho antes de que acabe el sexenio.

Si esta iniciativa de ley de reconstrucción es aprobada por la Asamblea se hará sin darse el tiempo de pensar que el subsuelo merece atención, merece tiempo de reflexión, y merece ser repensado su cuidado. La ciudad entera y su concepción urbana tiene que ser repensadas. Esta es la generación que pasará a la historia como la que tuvo la oportunidad de hacerlo antes de la siguiente catástrofe. Es desolador pensar que este gobierno pase a la historia exclusivamente como ejemplo de lo que no se debería hacer después de un temblor. Ignorar que el problema arranca desde el desconocimiento real y preciso que se tiene de todo el subsuelo de la ciudad en su zona lacustre.

Ojalá que en la Asamblea hubiera personas capaces de dar dos pasos atrás y reflexionar sobre las consecuencias a mediano y a largo plazo, en el aire y en el subsuelo, de lo que están haciendo ahora nuestros gobernantes voluntariamente a ciegas. Con los ojos en los bolsillos, las manos en el reloj y el corazón extraviado.