Romero Deschamps. Foto: Cuartoscuro.

A dos meses del cierre de su primer año de Gobierno, el Presidente de la República ha logrado avances significativos de las políticas, programas y reformas de la “Cuarto Transformación”, en un escenario socio-económico difícil y complejo, y una creciente polarización política.

¿Cómo lo ha logrado?  Con la persistencia que siempre le ha caracterizado a lo largo de toda su trayectoria política, el apoyo de los ciudadanos y la develación pública de los puntos débiles de los adversarios, los cuales como es sabido, desde que inició su mandato, se abocaron no solo a boicotear su gestión de Gobierno tanto en lo que se refiere al cambio del sistema político anterior y su  modelo neoliberal, sino también a crear incertidumbre social.

Los poderes fácticos empresariales y financieros, los organismos no gubernamentales que les asesoran, los líderes de los partidos políticos opositores y los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, por mas campañas mediáticas que han emprendido en contra del nuevo Gobierno con las banderas de la legalidad, los derechos humanos, la autonomía de los poderes legislativo y judicial, se les han derrumbado, por una sencilla razón:

La mayoría de todos ellos están inmersos en actos de corrupción, saqueos de las arcas públicas, fraudes, desvío de recursos, contratos leoninos, sobornos estafas y hasta enriquecimiento ilícito.

¿Con que cara esos personajes, funcionarios y ministros del poder judicial, lideres sindicales y de organizaciones no gubernamentales pueden presentarse como defensores de la democracia, los derechos humanos, la división de poderes y el interés nacional y además responsabilizar al Presidente de los graves problemas  económicos, sociales  y de seguridad que enfrenta el país, que día tras día difunden por todos los medios a su alcance, para demostrar a todos los sectores de la sociedad que el cambio de régimen político  y la “Cuarta Transformación” son un fracaso?. Evidentemente ya ni poniéndose máscaras pueden hacerlo.

Ellos lo saben. Tan es así que personajes de alta alcurnia como el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora y el cacique del Sindicato de Pemex, Romero Deschamps, optaron por renunciar a sus puestos una vez que la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria, puso al desnudo sus fechorías.

Medina Mora fue acusado del delito de lavado de dinero con la transferencia a sus cuentas bancaras del Reino Unido y Estados Unidos que superan los 102 millones de pesos depositados en los dos últimos años (2017 y 2018), cantidad que no se corresponde con sus ingresos asignados desde 2015. Romero Deschamps y su familia son investigados también por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, aunque en este caso, según dijo el propio Presidente no se le han congelado sus cuentas bancarias.

Pero lo que más impactó y sacudió al poder oligárquico y sus cámaras empresariales fueron otros dos casos:

La revocación de las últimas 7 suspensiones definitivas de los 147 amparos interpuestos por el colectivo “No mas Derroches” que mantenían detenido el proyecto para construir el nuevo aeropuerto en la Basé Área de Santa Lucia—el cual Claudio X. González y corifeos bloquearon- en venganza por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, en cuanto asumió la Presidencia López Obrador y la aprobación de la reforma a la Ley que tipifica  la defraudación fiscal y la compraventa de facturas falsas como delitos de delincuencia organizada y por tanto, la privación de la libertad de quien incurra en este delito. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pusieron el grito en el cielo

La Coparmex anunció que interpondrá un juicio de ampara ante esta ley, en tanto la CEE, señaló que la Ley en comento sobre delitos fiscales “generará temor e incertidumbre  en las empresas formales del país”, lo que es un contrasentido, pues si en efecto son empresas formales apegadas a la legalidad, no tienen porque preocuparse de la aprobación de la Ley sobre delitos fiscales.

Y no es para menos.

Con la resolución que revoca las siete suspensiones, ya no existe orden judicial alguna que impida al Gobierno continuar con el proyecto de construir el nuevo aeropuerto en la Base Área de Santa Lucía,  lo que indudablemente es un gran logro para el Presidente de la República que el jueves pasado dio el banderazo para iniciar la obra la cual dijo, se pondrá en funciones el 21 de marzo de 2021, siempre y cuando -espero que así sea- cumpla con los trámites administrativos y permisos establecidos por la Ley.

El presidente de la Asociación “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”, Claudio X. González, dejó en claro que “seguirán luchando para que prevalezca el Estado de Derecho, el respeto estricto a los Derechos Humanos y un uso honesto de los recursos” (El Universal).

Sería un craso error que se hiciera caso omiso de los permisos establecidos por la ley y de los trámites administrativos. Claudio X. González, es hijo de uno de los empresarios más ricos de México. Preside el Consejo de Administración de Kimberly Clark de México y también el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y se confrontó abiertamente con López Obrador cuando inició su campaña presidencial y también una vez que asumió la silla presidencial.

Al inicio de su gestión el Presidente lo acusó de defender el proyecto de la construcción del aeropuerto ya en curso en el Lago de Texcoco, lo que dijo “era el saqueo mas grande que se tenía preparado, pues iba a tener un costo de casi un billón de pesos” y, posteriormente, cuando Mexicanos Unidos contra la Corrupción, interpusieron más de 140 amparos para que no se construyera el aeropuerto en Santa Lucía, López Obrador en una de sus conferencias mañaneras hizo mofa de ellos, a los que primero sarcásticamente denomino como “Mexicanos Unidos por la Corrupción” y les cuestionó. ¿“Qué hizo Mexicanos contra la Corrupción, si la corrupción estaba legalizada  en la época en que ellos simulaban que la combatían”?  Y como él lo dice: “eso si calienta”.

Para un servidor queda en claro que este episodio, y el de la penalización de las facturas fraudulentas que han sido un jugoso negocio para los poderes fácticos empresariales y financieros, va poner en pie de guerra los poderes fácticos de la oligarquía en un contexto complejo.

Está en curso una crisis económica global que por supuesto afectará a ambos poderes, y por supuesto, también  a los ciudadanos. La tasa de crecimiento de la economía mundial se estima será el próximo año del 3 por ciento, la más débil desde la crisis financiera mundial de hace una década.

En su informe de Perspectivas de la economía mundial el FMI recortó al 3 por ciento el crecimiento global este año, como consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cuyos castigos arancelarios entre ambas naciones, afectó el crecimiento del comercio internacional, el cual cayó 1% en el primer semestre de 2019- el nivel más bajo desde 2012- y se va a reflejar una caída de 0.8 por ciento de la economía internacional en 2020.

En este escenario, lo más prudente es atemperar los conflictos y poner por delante los intereses de la nación y los ciudadanos. En las crisis recesivas nadie gana todos pierden, así que ¡fuera máscaras!

Bien lo dijo hace unos días Carlos Slim: La principal adversidad que enfrenta México es la caída en la inversión y el consumo, no en el bajo crecimiento del PIB. En congruencia a ello, anunció que invertirá 100 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura, telecomunicaciones, sector inmobiliario y energético.

Para ganar la confianza de los inversionistas financieros, Slim señalo tres factores: estabilidad monetaria, finanzas públicas sanas y una buena tasa de referencia.

Veremos y diremos si los poderes en conflicto le hacen caso.