En el este de Guerrero, las comunidades indígenas se gobiernan por medio de asambleas democráticas que eligen a sus líderes con base en su historial de servicio voluntario. Los cargos de autoridad no son remunerados y responden directamente a la comunidad en las asambleas. Esto crea un sistema de gobernanza basado en el honor que, sostienen los autores, hace que los líderes sean menos susceptibles a la corrupción.

Estas comunidades también han participado en movimientos activistas indígenas desde la década de los ochenta, lo cual ha fomentado la cooperación y ha permitido la creación de un sistema judicial y policial autónomo conocido como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC).

Por Cat Rainsford

Ciudad de México, 20 de octubre (InSightCrime).– Un reciente informe que analiza los factores que permiten a algunas comunidades indígenas hacer frente al crimen organizado en México brinda una interesante perspectiva sobre dinámicas criminales locales, aunque todavía persisten grandes diferencias a nivel nacional.

El informe, titulado “Resistencia indígena a la gobernanza criminal: Por qué las instituciones étnicas autónomas regionales protegen a las comunidades del dominio de los narcos en México”, compara comunidades indígenas en dos estados fuertemente afectados por la violencia criminal: Guerrero, en el centro del país, y Chihuahua, en el norte.

Miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC). Foto: Moisés Pablo, Curtoscuro

Ambos estados tienen un papel clave en la producción de drogas y como corredores de tráfico ilegal. Sin embargo, las comunidades indígenas de la región Montaña/Costa Chica en el oriente de Guerrero han resistido la violenta arremetida de los cárteles de la droga, mientras que el pueblo Tarahumara de Chihuahua ha sido devastado por ellos.

Los autores cuantifican estos datos examinando la incidencia de los asesinatos relacionados con el crimen organizado en las dos regiones.

En el periodo objeto de estudio, 2007 a 2012, la tasa de asesinatos relacionados con el crimen organizado en 11 municipios indígenas de Montaña/Costa Chica fue de solo 12 por cada 100 mil habitantes —a pesar de que la tasa en una región cercana, Tierra Caliente, también en Guerrero, llegó a 95 por cada 100 mil habitantes—. En Sierra Tarahumara, la tasa fue de 53.63 por 100 mil.

Para explicar esta diferencia, el estudio identifica dos factores que determinan la capacidad de las comunidades indígenas para hacer frente al crimen organizado: las estructuras de gobernanza comunitaria y el historial de movilización.

En el este de Guerrero, las comunidades indígenas se gobiernan por medio de asambleas democráticas que eligen a sus líderes con base en su historial de servicio voluntario. Los cargos de autoridad no son remunerados y responden directamente a la comunidad en las asambleas. Esto crea un sistema de gobernanza basado en el honor que, sostienen los autores, hace que los líderes sean menos susceptibles a la corrupción.

Policías comunitarios de Guerrero. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

Estas comunidades también han participado en movimientos activistas indígenas desde la década de los ochenta, lo cual ha fomentado la cooperación y ha permitido la creación de un sistema judicial y policial autónomo conocido como Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC). Esta policía no cuenta con muchas armas y tiene la autoridad para investigar los delitos, los cuales luego se someten a juicio en las asambleas comunitarias. Si es hallado culpable, el infractor ingresa a un programa de servicio comunitario, con el fin de que se rehabilite.

Los autores sostienen que tales instituciones permiten a las comunidades “ampliar” sus sistemas de honor tradicionales y fortalecerse en número, para de esta manera hacer frente al control que intenten ejercer individuos externos a la comunidad. Aunque algunas les venden sus cosechas de opio a los cárteles, lo hacen por cuenta propia.

En Sierra Tarahumara, aunque los sistemas de gobernanza tradicionales son similares, las comunidades indígenas se encuentran aisladas unas de otras, y tienen poca tradición de movilizaciones coordinadas. Por lo tanto, no han podido replicar las instituciones regionales del este de Guerrero, y por lo tanto sus comunidades han sido devastadas por la violencia criminal, el reclutamiento por parte de los narcos y el desplazamiento.

Alrededor de 50 indígenas Tarahumaras realizan un plantón en la catedral de la ciudad en busca de apoyo por parte del Gobierno para tener mejores condiciones de vida, educación, clínicas, materiales para sus hogares y la rehabilitación del camino que va de Sinaloa de Leyva al ejido Cuitabaco de donde son provenientes. Foto: Rashide Frías, Cuartoscuro

ANÁLISIS DE INSIGHT CRIME

A menudo se cree que las comunidades indígenas son más vulnerables al crimen organizado, debido a su pobreza y marginación. Este informe proporciona una perspectiva más acertada para estudiar la respuesta de las comunidades indígenas a la incursión de los criminales, aunque su teoría debe mirarse a la luz de dinámicas locales complejas, considerando sus implicaciones en regiones donde los cárteles de la droga están ejerciendo mayor control.

Entre estas regiones se encuentra el mismo Guerrero, donde las comunidades indígenas han sufrido la escalada de la violencia criminal. Guerrero fue el tercer estado más violento del país en 2018, con una tasa de homicidios de 61.35 por 100 mil habitantes. También representó el 44 por ciento de los desplazamientos forzados de México, con devastadoras consecuencias sobre la población indígena del estado.

La región donde actúa la CRAC-PC también ha sufrido mayores amenazas. El 13 de abril de 2019 fue asesinado Julián Cortés, uno de los tres coordinadores de la policía comunitaria.

Pero en entrevista con InSight Crime, los autores del informe se mostraron optimistas con respecto a la resiliencia de la CRAC-PC. Se refirieron a una comisión creada por la organización para investigar el asesinato de Cortés, la cual identificó y alertó a la comunidad sobre los intentos del cártel de Los Rojos de ingresar a la región.

“Sus mecanismos de control interno y externo le han permitido a la CRAC-PC reagruparse luego del primer asesinato de un miembro de alto rango”, señalan.

En su opinión, son posiblemente más preocupantes las tensiones entre la CRAC-PC y el Estado. Desde 2018, el marco jurídico de las instituciones policiales indígenas ha sido atacado, amenazando con convertir la CRAC-PC en un organismo ilegal.

Los autores también llaman la atención sobre las dificultades para expandir modelos exitosos como la CRAC-PC, que es una de las manifestaciones es el movimiento de autodefensas en Guerrero, surgido gracias a la unión de las comunidades para defenderse de la violencia de los narcotraficantes. Pero muchos de estos movimientos carecen de las sólidas normas comunales que sustentan la transparencia de la CRAC-PC. Algunos han sido acusados de oclocracia, de participar en operaciones criminales, o incluso de asociarse con los cárteles.

El vecino estado de Oaxaca, que se está convirtiendo en uno de los campos de batalla de los narcos mexicanos, aparece como un interesante contraste a las observaciones del informe. Allí, las comunidades indígenas, particularmente los Triqui, en el norte de Oaxaca, se han vuelto grandes productores de opio y marihuana, a la vez que la violencia criminal se ha extendido por todo el estado.

En la región de Triqui, las comunidades han colaborado con los narcos para oponerse a la erradicación de sus cultivos de opio por parte del ejército. Por el contrario, a nivel regional, redes indígenas como el Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) señalan que el Estado se ha aliado con intereses criminales para impulsar megaproyectos en sus tierras, atacando y acosando a quienes se les oponen.

Al igual que en Guerrero, los indígenas de Oaxaca tienen una sólida tradición de movilización regional, aunque esto se complica por los múltiples conflictos por tierras entre esos mismos grupos.

“En todos los pueblos hacen al menos una reunión al mes”, dijo César Mendoza, analista político de Oaxaca, en conversación con InSight Crime. “Luego se organizan en redes de pueblos a nivel regional […] Conforman una especie de sistema de autodefensa, que los protege de las personas ajenas a su comunidad”.

Mendoza coincide en que esto último les da a las comunidades indígenas de Oaxaca una ventaja sobre las de Sierra Tarahumara, que pueden ser fácilmente desarticuladas, acorraladas y controladas por los cárteles.

Sin embargo, es cauteloso con el uso del término “resistencia”.

“Creo que, más que resistencia, les da mayor capacidad de negociación”, afirma. “Pueden negociar con los cárteles de la droga porque controlan la tierra. Y lo que dichos cárteles no quieren es que dejen de cultivar [drogas], porque esa es su materia prima”, dice.

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