Son niños y  jovencitos destruidos y envejecidos por la droga y por la apatía de una sociedad que los puede ver a diario en la misma banqueta, pero nunca hará nada por ellos. Son el último y más triste escalón de la tragedia humana que se vive en el Distrito Federal. No tienen seguridad social. Los hospitales públicos los rechazan y los médicos (también del gobierno) los tratan con desprecio. ¿Alguien les surte una receta? Claro que no. Algunos han muertos, dicen organizaciones sociales, por negligencia médica. Ellos son, literalmente, los hijos de nadie…

PRIMERA DE DOS PARTES

Ciudad de México, 20 de noviembre (SinEmbargo).– Marina está recostada sobre unas cobijas sucias. Tiene liendres en el cabello, está drogada con thinner y trata de proveerse calor junto a otros jóvenes indigentes que se calientan cerca de unas brazas.

Unas patas de gallina hierven dentro de una olla despostillada. Hombres y mujeres inhalan sentados a la orilla de una banqueta, en las inmediaciones de la estación del metro Juárez, en el Distrito Federal.

Ella, Marina, tiene 23 años. Vive en la calle desde los nueve y padece una extrema delgadez. Levanta sus brazos flacos y con uno de sus largos dedos señala a un punto en el aire en medio de un vaivén.

Hace un mes que acudió al Centro Toxicológico Venustiano Carranza porque vomitaba sangre, pero regresó a la calle, donde vive, igual como se fue: enferma y sin medicamentos. No hubo quién le surtiera la receta en el hospital.

“Me dijeron que no necesitaba internamiento. La doctora que me atendió me dijo que me fuera. Yo me sentía muy mal”, dice Marina.

La joven no es la única indigente que llega a un hospital y se le niega la atención médica.

Carlos Alberto León, miembro del Proyecto Ixaya, una agrupación de jóvenes que trabajan con personas en estado de calle, dice que es común que a los indigentes se les niegue la atención médica y que mueran en las banquetas o lo camellones, sin recibir ningún tipo de servicio de salud.

“Hemos sido testigos y ellos son el testimonio de que llegan al hospital y no los quieren recibir. Son heridas que cualquier persona que va a un hospital se las curan; una fractura por ejemplo, pero ellos presentan deformaciones de sus huesos, porque se ponen pedazos de madera, de fierros, porque no los quieren atender porque los ven sucios”, narra.

Gabriela García Salas, también de Ixaya, dice que cuando un indigente llega al nosocomio, se le niega el acceso e incluso son “echados” por los guardias de seguridad.

“Entran con olor a thinner, van oliendo mal y de plano los dejan afuera, no los dejan pasar y no los atienden aunque estén sentados ahí todo el día. De hecho la necesidad de atención médica es lo que ellos siempre piden cuando vamos a trabajar. Están ansiosos por ser atendidos, tienen dolencias, están lastimados y muchos se están muriendo, por desnutrición y por las drogas”, dice.

La organización ha documentado algunos casos: nombres hay, apodos, referencias y lamentablemente, algunos son anónimos y solo han encontrado la fosa común.

“La falta de documentos hace muy difícil el acceso a los servicios de salud pública. Algunos con trabajos cuentan con acta de nacimiento, algunos no tiene nada, entonces muchas veces ellos acuden por necesidad a los servicios médicos y se les son negados. Han llegado a fallecer por falta de atención médica”, dice Gabriela Galicia.

Sebastián Avante Camarena recuerda algunos de los testimonios, donde él ha sido participe.

“Yo he llevado a varios, al Hospital General Balbuena, al Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, en la colonia Morelos y al Gregorio Salas y he visto el trato que reciben”, indica.

Carlos Alberto León recuerda a Paulina, una joven de 21 años que vivía en la calle, junto con Marina y otros, que falleció por negligencia médica.

“En el grupo que estamos trabajando murió una chica de 21 años por negligencia médica. Tenía problemas en los riñones y se le agravó por falta de potasio en el cuerpo. Fue al hospital y le dijeron que tenía gripa. Después se sintió muy mal y falleció en la calle. Se llamaba Paulina”, recuerda Carlos.

La misma suerte de Paulina, corrió José Alberto, un hombre de 55 años al que apodaban “El Padrino”, quien murió de un paro cardiaco y fue sepultado en una fosa común.

“Fue hace un año en un grupo de Lindavista con el que trabajábamos. El Padrino fue uno de los miembros más queridos del grupo. Los chavos de la calle lo velaron, pasó una patrulla, recogió el cuerpo y se lo llevó. Al día siguiente fue sábado y nos tocó hacer trabajo de campo, llegamos y los encontramos tristes, drogados y deprimidos. Lo primero que nos dijeron fue: ‘vayan a buscar al padrino’, pero no pudimos hacer nada, porque nos dijeron que sólo un familiar directo podría reclamarlo. El Padrino no tenía papeles y fue a dar a la fosa común”, dice Carlos.

Hace unos días, Proyecto Ixaya llevó a un grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para que realizaran un chequeo general a los indigentes que habitan en las inmediaciones del metro Juárez.

Los estudiantes midieron su masa corporal, checaron la presión, el daño físico y al final el médico que lideraba al grupo les avisó que algunos de los indigentes estaban ya muy enfermos y probablemente morían pronto.

“Pero para el gobierno son invisibles. Para ellos no hay hospital, son discriminados por su apariencia, porque están sucios, porque si no tienes papales, no eres nadie”, dice Gabriela Galicia.

En el Distrito Federal existen varios grupos de jóvenes indigentes, con un promedio de 20 miembros.

Se encuentran principalmente en las inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en las estaciones de Tasqueña, Cuauhtémoc, Hidalgo, Lidavista, Deportivo 18 de Marzo, Indios Verdes, Candelaria y Garibaldi.

“Hay distintos grupos, desde cinco hasta 35 personas. Alguno son de sólo jóvenes, como el de Juárez, pero otros, son de familias enteras, donde hay niños”, dice Sebastián Avante.

El Distrito Federal no es el único lugar donde se han denunciado casos de indigentes discriminados por el sistema de servicios de salud mexicano. Recientemente la historia de un jornalero que murió tirado en el patio de un hospital de Guaymas, Sonora, fue noticia.

José Sánchez Carrasco, un jornalero de 38 años originario de Casas Grandes, Chihuahua llegó en los huesos y pidió ayuda en el Hospital General de Guaymas.

Sin embargo, a pesar de que arribó una semana antes de su muerte al nosocomio, encontró solo el piso, unos cartones y una cobija para agonizar, afuera, en el patio.

Sánchez Carrasco no murió en una cama de hospital, murió en la calle y el hoy ex director General del nosocomio, Alfredo Cervantes Alcaraz, dijo a la prensa que el jornalero no se veía enfermo y que él esperaba verlo en el patio del hospital, como en días anteriores.

Reconoció que, como no tenía dinero, no lo atendieron.

“Él llegó al hospital pero no contaba con dinero y no se le pudo atender. Él mismo decidió quedarse debajo de un árbol, donde durmió varios días y un médico salió a checarlo en el trayecto de su estancia en las afueras del hospital. Pero nunca fue hospitalizado”.

Al ser cuestionado sobre el por qué le fue negado el servicio, Cervantes Alcaraz respondió que en la revisión inicial se detectó que estaba deshidratado y desnutrido, por lo que se solicitó el apoyo del Sistema DIF Municipal.

En el nosocomio, dijo, estaban muy ocupados atendiendo a los jornaleros accidentados en un camionazo registrado días antes.

“Tampoco quería que lo movieras, por eso se llamó al DIF y el DIF respondió de inmediato y yo pienso que hoy por ser día hábil… Lo otro ya es, ya es mala suerte. Yo creo, porque yo esperaba verlo ahí, ahorita, en la mañana que llegué. También recibía apoyo de las personas que acuden al hospital: le daban frutas, comida, verduras y agua purificada le brindaban. Pero al no superar su desnutrición y deshidratación, pues falleció”, se limitó a señalar Cervantes Alcaraz.

Días después, cuando la muerte del jornalero indigente se volvió viral en las redes sociales, tras la difusión de un video grabado un día antes de su muerte por un reportero de Sinaloa, Cervantes Alcaraz negó sus declaraciones a la prensa local, pero aun así, fue despedido de sus funciones.

Pero, el problema del acceso a los servicios de salud en México no se solucionó con la recisión del contrato del directivo del hospital de Guaymas, Sonora.

Es un problema grave y extendido a lo largo de toda la República Mexicana.

SIN ACCESO A SERVICIOS DE SALUD

José Sánchez Carrasco sólo es uno de tantos casos y de tantos rostros.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la mayor parte de la población derechohabiente, un 85 por ciento, se encuentra afiliada en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), constituido por el Seguro Popular y el Seguro Médico para una Nueva Generación.

Un porcentaje muy marginal de la población, 2.8%, se atiende en instituciones privadas, sin que este dato signifique que esta cantidad de mexicanos cuenten con los recursos para pagar un Seguro de Gastos Médicos Mayores o para pagar la cuenta de un hospital privado cuando se requiere.

De acuerdo con Miguel Ángel González, Director de Servicios a Programas de Salud de la práctica de Salud de la consultora PricewaterhouseCoopers México (PwC), 16% de ese 2.8% se atiende con médicos en puntos de venta, es decir, consultan en las farmacias, un servicio que está de moda y que se ha popularizado entre la población.

De acuerdo con el INGEI, dos terceras partes de la población infantil de cero a 14 años y de los adultos de 30 a 59 años, están afiliadas en alguna institución de salud.

Los adultos mayores tienen la mayor cobertura con más de 70%, pero los jóvenes de 15 a 29 años, presentan el acceso más marginal.

“Probablemente porque la derechohabiencia para este grupo de edad, está ligada al trabajo formal o a la asistencia escolar”, dice el Perfil Sociodemográfico del último Censo de Población y Vivienda del INEGI.

Aunque el Seguro Popular constituye un avance importante para mejorar el acceso a la salud de los mexicanos, el experto de PwC dice que alrededor de 20% de la población aún no está afiliada a esta modalidad de servicio.

“El seguro popular ha venido a cubrir las necesidades de esta población sin servicios médicos, cada vez tiene más, no sólo más afiliados, sino que cubre más número de enfermedades. Vamos por buen camino, se está cumpliendo el objetivo principal, cubrir más personas y mayor número de enfermedades. Tenemos el fondo para gastos catastróficos para estas enfermedades tan agresivas que sí son independientemente del nivel socioeconómico, un gasto importante, como el cáncer”, dice.

González advierte que si bien hay un avance, aún hace falta cobertura real, pues se estima que hasta 13% del padrón del Seguro Popular está duplicado con población derechohabiente del IMSS o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Contrario a este dato, más del 20% de la población mexicana dice no tener una forma de salud. Ello contradice algunos de los registros que afirman que ya fueron afiliados, esto habla de que la población que no ha sido adecuadamente informada, en fin hay muchas razones y nos habla que hay una brecha para lograr la cobertura efectiva”, dice.

“QUIERO SABER SI ESTOY EMBARAZADA”

Marina se pone en pie y sus pantaloncillos de mezclilla parecen los de una niña de diez años. Se levanta la camisa de cuadros que lleva puesta y enseña una cicatriz horizontal en el vientre.

“Esta es la cicatriz de una cesárea que me hicieron. Fue de mi primer hijo, lo tuve en un hospital de paga, porque lo di en adopción. Las mojas me dijeron que podría saber del niño, pero ya nunca supe nada”, dice.

La joven parió un hijo a los 15 años y después abortó otros cinco.

De aquel, del primero no sabe nada. De los otros, los que no nacieron, se perdieron en la calle junto con ella. En las drogas, en la invisibilidad, en el olvido.

Lucía, una joven de 19 años que vive en el grupo al que pertenece Marina se acerca y deja por un momento el envase de refresco roto a la mitad, que le sirve como plato, donde comer su caldo de pata de gallina para preguntar por un hospital.

Está drogada.

“Quiero ir al hospital porque quiero que me digan si estoy embarazada”, dice.

Lucía tiene el estómago abultado y dice que desde hace meses se le retiró el periodo.

“Que me digan si estoy embarazada, para dejar de drogarme”.

A un lado de las cobijas donde estaba recostada Marina, está sentado Antonio, un indigente originario de Veracruz y con 20 años en el DF.

Antonio habla con dificultad, tiene los huesos de los dedos de la mano derecha deformados por una fractura que no recibió atención médica y se arrastra, toma un preservativo del suelo y lo lanza.

Una ambulancia pasó por el lugar la noche anterior y les arrojó un puñado de condones, que quedaron regados en la banqueta.

Nota: Algunos de los nombres fueron cambiados por solicitud de los activistas de Ixaya, para preservar su seguridad, pues temen represalias en contra de ellos por parte de las autoridades locales. SinEmbargo cuenta con los testimonios y grabaciones.