El artículo en cuestión, el 491-A, fue añadido al código a través de la Ley 55 de 2012, conocida como “Ley Blindaje”, y cuya derogación implica que los diputados serán investigados, en el caso de ser acusados, en el mismo período de tiempo que cualquier otro ciudadano, es decir, seis meses más prórrogas.

Por votación unánime los magistrados de la CSJ resolvieron la inconstitucionalidad de esa reforma este jueves, después de que la misma acumulara tres advertencias que alegaban su desacierto.

La última de estas vino del magistrado de la máxima instancia judicial Oydén Ortega, quien investiga al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), diputado del Parlacen.

En julio pasado, Ortega, quien ejerce el rol de fiscal en la causa contra el ex mandatario, interpuso este reclamo ante la Corte al considerar insuficiente el tiempo para indagar las supuestas irregularidades en la compra de comida deshidratada a través de un programa estatal durante la pasada Administración.

Ortega presentó la advertencia de inconstitucionalidad bajo el argumento de que estas indagaciones no deben tener límite de tiempo.

El proceso contra Martinelli, suspendido entonces mientras se solucionaba la demanda, ya no tendría impedimentos para continuar, dijeron este viernes a Efe fuentes del Órgano Judicial (OJ).

Este es uno de los seis procesos que el expresidente y parlamentario centroamericano tiene abierto en la CSJ.

Será el próximo jueves, cuando se reúna de nuevo el pleno de la Corte, que los magistrados firmen el fallo y den a conocer los detalles y motivaciones de la decisión de inconstitucionalidad, indicó el OJ.

La televisora local Telemetro adelantó este jueves que la decisión de la CSJ es “irrecurrible”, es decir, no puede presentarse ningún recurso en su contra.

Organizaciones de la sociedad civil han hecho pública su satisfacción respecto a la medida y la consideran un “avance en la lucha contra la impunidad”, como la calificó Annette Planells del Movimiento Independiente, en declaraciones a La Prensa.

La CSJ tiene pendiente por resolver un “recurso de objeción por inexequibilidad” (que no se puede ejecutar) del Presidente, Juan Carlos Varela, sobre la ley 214 del pasado 29 de octubre, que ampliaba de dos a cuatro meses el período de investigación al presidente de la República, magistrados de la CSJ y diputados, y sumaba dos meses de prórroga.

La ley, que tiene algunos artículos aprobados por “insistencia” tras ser vetada por Varela, exige que las denuncias y querellas contra estos altos funcionarios aporten elementos de “convicción” que vinculen al señalado.

El mandatario considera “discriminatorias” esas prerrogativas, porque crean privilegios y “atentan contra la presunción de inocencia”, y recordó que para el resto de la sociedad el plazo es de seis meses y puede extenderse de uno a dos años.