El Departamento de Ingeniería Mecánica de la estatal Universidad de Chile publicó el fin de semana un informe en el que denuncia que los proyectiles usados por los Carabineros (nombre de la Policía chilena) están compuestos en un 20 por ciento de caucho y en un 80 por ciento de plomo, silicio y sulfato de bario.

“El plomo es un metal que puede tener consecuencias graves en el organismo como daño en los riñones, abortos espontáneos en el caso de las embarazadas, daño al cerebro y perturbaciones al sistema nervioso”, dijo el centro de estudios.

Santiago de Chile, 20 de noviembre (EFE/AP).– La Policía chilena suspendió este martes temporalmente el uso de perdigones y balines en protestas en las que no está en riesgo la vida de los agentes, días después de que un informe revelase que los proyectiles usados en el estallido social no son sólo de goma, sino que también tienen plomo.

“Como una conducta de prudencia, se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios”, anunció en una comparecencia el director general del cuerpo de seguridad, Mario Rozas, quien días atrás había negado la existencia de otros componentes en los proyectiles aparte del caucho.

Los perdigones y balines, apuntó, “sólo podrán ser utilizados, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte”.

Manifestantes antigubernamentales, con parches en los ojos, se presentan frente a la Corte Suprema en Santiago, Chile, el lunes 18 de noviembre de 2019. Foto: Esteban Félix, AP

El Departamento de Ingeniería Mecánica de la estatal Universidad de Chile publicó el fin de semana un informe en el que denuncia que los proyectiles usados por los Carabineros (nombre de la Policía chilena) están compuestos en un 20 por ciento de caucho y en un 80 por ciento de plomo, silicio y sulfato de bario.

“El plomo es un metal que puede tener consecuencias graves en el organismo como daño en los riñones, abortos espontáneos en el caso de las embarazadas, daño al cerebro y perturbaciones al sistema nervioso”, dijo el centro de estudios.

El director de carabineros indicó este martes que la institución realizó otro estudio que, si bien no coincide con el informe de la Universidad de Chile, sí revela “diferencias con la composición declarada por el proveedor en su ficha técnica”.

Rozas, que no dio detalles sobre el informe realizado por su institución, explicó que los proyectiles fueron adquiridos en 2017 a la empresa TEC Harseim, que los promociona como perdigones de goma de calibre 12, con un tamaño de 8 milímetros y un peso de 7 gramos cada uno.

La suspensión de los proyectiles se mantendrá hasta que el proveedor aclare la situación y se reciban los resultados de varios estudios “complementarios” que la institución ha encargado a laboratorios extranjeros, agregó el director.

Manifestantes antigubernamentales chocan con la policía en Santiago de Chile el martes 19 de noviembre de 2019. Foto: Esteban Félix, AP

La brutalidad con que las fuerzas de seguridad están reprimiendo las marchas ha sido denunciado por diversas asociaciones civiles y varios organismos internacionales se encuentran en el país investigando supuestas violaciones de derechos humanos.

El estallido social iniciado hace un mes, el mayor desde el retorno de la democracia en 1990, ha dejado al menos 23 muertos -cinco de ellos presuntamente a manos de agentes- y 2 mil 381 heridos, de los cuales mil 360 fueron por disparos de balas, perdigones, balines o armas de fuego no identificadas, según el estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Los casos más preocupantes para el INDH son los 222 manifestantes que fueron disparados al rostro por los carabineros y que presentan graves heridas oculares.

El propio Presidente, el conservador Sebastián Piñera, reconoció por primera vez el domingo en una comparecencia que ha habido abusos y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y se comprometió a investigar y sancionar esos atropellos.

Lo que empezó siendo un llamamiento de los universitarios chilenos a colarse en el metro de Santiago para protestar contra el aumento de la tarifa se convirtió en una revuelta social sin parangón en las últimas tres décadas, que carece de líderes identificados y que clama por un modelo económico más justo.

Un manifestante antigubernamental camina con un bote de gas lacrimógeno antes de devolverlo a la policía durante los enfrentamientos en Santiago de Chile, el martes 19 de noviembre de 2019. Foto: Esteban Félix, AP

Las marchas, que comenzaron siendo multitudinarias, han ido perdiendo fuerza con el paso de los días, aunque sigue existiendo descontento en las calles y muchos manifestantes desconfían de las tibias medidas sociales anunciadas por el Gobierno y el acuerdo parlamentario sobre una nueva Constitución.

LA CIDH DENUNCIA VIOLACIONES

El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, afirmó el miércoles que desde el estallido social en Chile hace 34 días se han violado los derechos humanos durante la represión de las multitudinarias protestas en reclamo de mejores condiciones de vida.

“Hay violaciones a los derechos humanos. Nuestra misión está registrando y documentando un conjunto de informaciones, denuncias y testimonios y también estamos escuchando”, dijo Abrao a radio Cooperativa.

En esta foto de archivo del 25 de octubre de 2019, un manifestante herido durante enfrentamientos con la policía es llevado a un carro en Valparaíso, Chile. Foto: Matías Delacroix, Archivo, AP

Agregó que “hay situaciones muy concretas: personas fallecidas, que fueron heridas, personas que están informando abusos por parte del accionar de los carabineros (policía)” además de centenares de detenidos. Abrao sostuvo que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera está “colaborando íntegramente” con la CIDH.

Piñera admitió tres días atrás que en algunos casos no se respetaron los protocolos, hubo un uso excesivo de la fuerza y se cometieron abusos o delitos.

La noche del martes una joven universitaria resultó herida en una pierna por una bala disparada por policías cuando intentaban dispersar a una turba que atacaba con piedras y palos un vehículo policial, relató una compañera. El coronel Andrés Merino aseguró que los tres funcionarios de la patrulla usaron sus armas de fuego “en una legítima defensa”.

El lunes un joven recibió tres perdigones en una pierna, el tórax y el esófago en el vecino puerto de Valparaíso.

Desde el estallido social que remeció a Chile el 18 de octubre y que fue seguido por incesantes y masivas protestas que se suceden casi a diario en demanda de mejoras sociales -en las que hay presencia de enmascarados que saquean y se enfrentan con la policía- se han registrado 26 muertos y miles de lesionados.

Visto a través de una barricada callejera en llamas, un manifestante antigubernamental ondea una bandera chilena en Santiago de Chile, el lunes 28 de octubre de 2019. Foto: Matías Delacroix, AP

Las crecientes denuncias por el desborde policial en la represión obligaron al director de esa fuerza, Mario Rozas, a anunciar la noche del martes la suspensión temporal del uso de las escopetas antidisturbios que disparan balines y perdigones, en ocasiones a la cara, dijo a The Associated Press el vicepresidente del Colegio Médico, doctor Patricio Meza.

Rozas afirmaba que sus hombres disparaban municiones de goma. Pero luego admitió que la información técnica proporcionada por su proveedor de municiones de 12 milímetros -que al dispararse se dividen en 12 perdigones de ocho milímetros – no coincide con los antecedentes entregados por expertos de la Universidad de Chile y por su propio Laboratorio de Criminalística. No explicó en qué difieren y dijo que la el tema será reevaluado cuando obtenga los resultados de estudios que encargaron al extranjero.

La Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de esa universidad precisó que “los perdigones analizados contienen un 20 por ciento de caucho y 80 por ciento restante corresponde a otros compuestos” que identificó como sílice, sulfato de bario y plomo.

“Lo más probable es que nosotros deberemos recomendar medidas que tengan que ver con el establecimiento de la verdad, la debida reparación a las víctimas, la garantía del acceso a la justicia… y también algunas medidas de no repetición”, concluyó Abrao.

La víspera un grupo de diputados opositores presentó una acusación constitucional contra Piñera para buscar su destitución por supuestas violaciones a los derechos humanos durante los primeros días de la crisis, cuando sacó a los militares a la calle. Pero no se espera que la acción prospere porque necesita de los votos de los dos tercios del Congreso.