Las esterilizaciones forzadas ocurrieron durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, bajo el mandato de Fujimori, cuando se incrementaron ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV).
Lima, 20 noviembre (EFE).- Las víctimas de las esterilizaciones forzadas que se cometieron en Perú durante el régimen del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) llevan más de dos meses esperando que el Juez a cargo del caso revele si abrirá juicio oral contra el político, luego de que este sábado postergara por octava vez la lectura de su fallo.
A pesar de la insistencia de las organizaciones defensoras de las víctimas de no dilatar más esta etapa del proceso judicial, el Magistrado Rafael Martínez, del Juzgado Penal Supraprovincial Transitorio de Crimen Organizado, suspendió la audiencia al cabo de cuatro horas y programó dos nuevas sesiones para los días 25 y 26 de noviembre.
En total, Martínez ya acumula ocho sesiones repartidas en más de dos meses, desde que el pasado 14 de setiembre comenzó a leer su extensa resolución, sin que hasta ahora haya desvelado su fallo definitivo sobre este caso, en el que están imputados Fujimori y sus exministros de Salud Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga.
Al término de la audiencia, que como todas las anteriores fue traducida al quechua por ser la lengua de la mayoría de las víctimas de este caso, el letrado aseguró que tratará de finiquitar la lectura la próxima semana, aunque ya avanzó que, “ante la eventualidad de no poder concluir”, reprogramaría otras dos sesiones para la primera semana de diciembre.
VÍCTIMAS URGEN FALLO
La octava sesión de la lectura de la resolución estaba inicialmente prevista para el miércoles pasado, pero no llegó a instalarse porque Martínez tuvo que asistir a otro compromiso en la jurisdicción donde fue recientemente trasladado por el Poder Judicial, que decidió retirarlo de su cargo actual y designar al Juez Littman Ramírez en su reemplazo.
El cambio de Magistrado, a pesar de que no afectará a esta etapa del proceso porque Martínez debe acabar de leer su resolución, fue percibido como un nuevo “maltrato” y una “jugada política” de la Justicia peruana por las víctimas de las esterilizaciones forzadas, quienes llevan meses urgiendo conocer la decisión judicial.
“Terminó la audiencia sin resultados. ¡Crece la incertidumbre!”, compartió en redes la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas.
MÁS DE DOS MIL DENUNCIAS
Las esterilizaciones forzadas ocurrieron durante la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, bajo el mandato de Fujimori, cuando se incrementaron ostensiblemente la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV), como se les denominó a las ligaduras de trompas y vasectomías.
El programa se centró en la población en condición de pobreza para reducir su natalidad y, como consecuencia de ello, evitar el incremento de pobres en el país, según la tesis de la Fiscalía.
Durante ese periodo, fueron esterilizadas cerca de 300 mil personas, entre ellas más de 272 mil mujeres y unos 22 mil hombres, según los informes del Ministerio de Salud recogidos por la Defensoría del Pueblo, pero en la actualidad aún se desconoce cuántas de ellas fueron forzadas.
Por ahora hay algo más de ocho mil víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), abierto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2016.
Sin embargo, dado el tiempo transcurrido desde los hechos, hay víctimas que pueden haber fallecido sin denunciar y otras que pueden seguir vivas pero no se atreven a hacerlo por vergüenza, miedo o desconocimiento, ya que la mayoría de las víctimas son mujeres pobres, andinas, rurales y quechuahablantes.
Poco más de dos mil son las que han denunciado formalmente haber sido esterilizadas de manera forzosa, de las que mil 307 terminaron con lesiones graves, y de ellas cinco fallecieron a causa de las secuelas de la intervención.
CONDENA DE 25 AÑOS
Fujimori, de 83 años, cumple actualmente una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetradas por el grupo militar encubierto Colina.
También por el secuestro de un empresario y de un periodista, este último durante el “autogolpe” de Estado que dio en 1992 para clausurar el Parlamento y controlar la Fiscalía y la judicatura.
Además de por las esterilizaciones forzadas, la Justicia peruana también está pendiente de decidir si abre igualmente juicio a Fujimori por la matanza de Pativilca (1992), donde murieron otras seis personas a manos del grupo Colina.
