La ejecución del ex gobernador Aristóteles Sandoval Díaz (2013-2018), la madrugada del viernes 18 de diciembre en Puerto Vallarta, es un hecho con pocos precedentes en la historia política de Jalisco. Según el recuento del director del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado, Sandoval es el sexto gobernante asesinado en 200 años de Jalisco como Estado federado de México.

Antes de Aristóteles Sandoval fueron asesinados cinco mandatarios: 1) el general José María Blancarte, muerto en una batalla el 24 de octubre de 1853; 2) Santos Degollado, muerto en una batalla entre liberales y conservadores el 15 junio de 1861; 3) Ramón Corona, asesinado en el centro de Guadalajara por Primitivo Ron el 11 de noviembre de 1889. Este asesinato se le atribuye a Porfirio Díaz, celoso de la carrera política del gobernador de Jalisco; 4) el general José María Mier de los Santos, 8 julio 1914 en la batalla por la toma de Guadalajara por los Constitucionalistas; y 5) Manuel M. Diéguez, el 20 abril 1924 fusilado por órdenes de Álvaro Obregón.

Aristóteles Sandoval es el sexto gobernador en la historia política de Jalisco asesinado. Pero con una diferencia relevante que remarcó el doctor Javier Hurtado. Los anteriores cinco gobernadores fueron asesinados directamente en el campo de batalla o por reyertas políticas entre las facciones que dirigían el país.

La ejecución de Aristóteles Sandoval no ocurrió en medio de una guerra civil en México, pero sí en medio de una guerra no convencional detonada a partir de la estúpida decisión del presidente Felipe Calderón Hinojosa de declarar la guerra contra el crimen organizado para tratar de conseguir cierta legitimidad política tras haber llegado al poder con cuestionamientos de fraude electoral.

En estos catorce años de despliegue de esta supuesta guerra contra el narco (falsa porque las organizaciones criminales son más grandes, más ricas y más poderosas), la violencia que la ha acompañado ha impactado enormemente a la sociedad con su estela de asesinatos, fosas y desapariciones. Además ha modificado sustancialmente las nociones sobre soberanía política, aumentando la infiltración del crimen organizado en la política profesional y la transformación del sistema mexicano en algo parecido a un Narco-Estado.

No parece haber duda de que la ejecución de Aristóteles Sandoval es una operación ejecutada por el crimen organizado, como lo revelan el testimonio de que el comando era integrado por 30 sicarios, además de la tardanza en la llegada de las policía municipal o estatal que permitió que trabajadores del bar Distrito 5 limpiaran los indicios y huellas de la escena del crimen, lo que parece dar cuenta del nivel de impunidad o protección por parte de quienes ordenaron borrar evidencias. Curiosamente las cámaras de videovigilancia del municipio no funcionaban. Todos estos elementos no dejan dudas sobre el involucramiento del crimen organizado en la comisión del asesinato de Aristóteles Sandoval.

Y no puede dejar de citarse en sus años recientes en el servicio público, como presidente municipal de Guadalajara y como gobernador, varios allegados o colaboradores directos de Aristóteles Sandoval fueron asesinados o atacados en hechos imputados al crimen organizado. Entre ellos el secretario de Turismo, Jesús Gallegos, apenas en la segunda semana de iniciado su sexenio en marzo de 2013. Y en mayo de 2018, hacia el final del sexenio, el atentado contra el ex secretario de Seguridad y fiscal, Luis Carlos Nájera, quien ese momento era secretario del Trabajo del ex gobernador priista.

Sin haber investigaciones concluyentes sobre estos hechos, la mayoría se han atribuido al cártel predominante en el estado, y para nadie es una novedad que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha crecido y se ha fortalecido en los últimos tres sexenios, incluido de manera relevante en el periodo del gobernador priista.

Y la presencia de un cártel de estas dimensiones en un territorio que en teoría la soberanía y ejercicio legal de la violencia le corresponden al gobierno, lo que ocurre en Jalisco en décadas recientes nos dice que dicha soberanía no existe, que en ciertos territorios y ciudades quien manda, quien decide quien vive y quien muere y quien ejerce la soberanía (de la violencia y de la política) son las organizaciones criminales con quienes las autoridades se deben enfrentar, pactar o corromper.

La ejecución de Aristóteles Sandoval es la confirmación de que en Jalisco existe un entrelazamiento de soberanías y que no existe un Estado legalmente constituido que imponga la ley, sino un terreno pantanoso de funciones, facultades y negocios lícitos e ilícitos que parecen definir a un Narco-Estado.

Lamentablemente que lo que ocurre en Jalisco parece ocurrir en todo el país. El gobierno de la Cuarta Transformación ofreció detener la absurda guerra lanzada por Calderón en 2006. Para ello ofreció no sólo regresar a los militares a los cuarteles, también programas sociales a los jóvenes para ofrecerles alternativas al trabajo en organizaciones criminales y también despenalizar o legalizar las drogas, o al menos algunas de ellas. Con excepción de los programas sociales a los jóvenes (que habría que medir su impacto) el resto de estrategias para contener el crimen organizado no solo no se han cumplido, sino que en algunos casos se profundizó en la anterior estrategia como es el caso del aumento de la militarización del país y la entrega de la seguridad pública a las fuerzas armadas del país.

El condenable asesinato del ex gobernador priista Aristóteles Sandoval es un hecho grave que obliga a mirar la crisis de inseguridad que vive Jalisco. Pero con toda la fama política que conlleva, no deja de ser una víctima entre miles más que se acumulan en Jalisco.

A la vez que el Narco-Estado asesina a un ex gobernador, la complicidad entre poderes públicos y organizaciones criminales hace que sigan imparables los asesinatos, la proliferación de fosas clandestinas y las desapariciones que lastiman a miles de familias.

Como el caso de la señora María Guadalupe Ávalos quien hace un año enfrentó la desaparición de cuatro de sus hijos varones por parte de la policía municipal de Ocotlán, el 19 de diciembre de 2019, además de seguir con la búsqueda de su hija desde junio de 2016.

Y el caso de esta madre con cinco hijos desaparecidos es un ejemplo concreto de cómo opera esta soberanía mixta o compartida entre el Estado “legalmente” constituido y las organizaciones criminales con poder de facto para ejercer soberanía en los territorios que controlan.

Desesperada por no saber el paradero de sus cinco hijos, decepcionada de la respuesta de las autoridades tanto estatales como federales (la madre envió un telegrama al presidente López Obrador para pedirle ayuda y no sirvió de nada), María Guadalupe Ávalos grabó y difundió en redes sociales en mayo de este año un video dirigido a Nemesio Oceguera Cervantes, El Mecho, cabeza del CJNG para pedirle ayuda para dar con el paradero de sus cinco hijos desaparecidos. Si el Estado constituido no pude dar respuesta, esta se busca en el Estado de facto que controla territorios para la valorización de capital de sus mercancías y negocios y quien también decide el destino de las vidas que las habitan. Es este Narco-Estado que asesina con impunidad calculada a un ex gobernador y desaparece hasta cinco hijos de una misma familia. Esto es Jalisco ahora.

Debemos parar el narco-Estado, para que ya no asesine gobernadores o políticos, pero especialmente para que no sigan sangrando y lacerando a miles de familias en todo Jalisco y en el país.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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