Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– El problema de la seguridad pública en México no son sólo las policías municipales ni se resolverá únicamente relevando a los ayuntamientos de esta función, coincidieron ayer alcaldes reunidos para analizar la iniciativa de reforma al Artículo 115 Constitucional.
El primero en cuestionar esta medida propuesta en noviembre pasado por el Presidente Enrique Peña Nieto fue el también priista Ramiro Hernández García, Alcalde de Guadalajara, y quien en la primera de las audiencias organizadas en el Senado para analizar esta modificación cuestionó que ésta diera tanto peso a la eliminación de las corporaciones locales.
“A veces nos da la impresión de que una forma de reducir las causas de la delincuencia es sólo pensando que son las policías las causantes de estos males, y yo no niego que son un elemento que ha generado un nivel de agravamiento de la problemática, pero estamos muy lejos de que esta sea la única causa”, dijo Hernández García en su exposición.
“No se puede reducir la solución a la desaparición de las policías municipales (…) No todos los municipios somos iguales, y no podemos pensar que una decisión generalizada sea la solución para resolver de golpe el problema de la inseguridad”, agregó, luego de asegurar que en la Zona Metropolitana de Guadalajara sí existe coordinación entre corporaciones de diferentes municipios para operar en un solo territorio.
En coincidencia con el Alcalde tapatío se expresó el de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, el perredista Juan Manuel Zepeda Hernández, quien también se pronunció por la “coordinación” en lugar del establecimiento de un mando único estatal, como implica la iniciativa presidencial.
“Que nos quieren imputar los males de este país, yo digo que no; digo que Nezahualcóyotl es un claro ejemplo de que, no con mando único, pero tampoco aislados, sino con un mando coordinado podemos dar resultados”, dijo, para luego enlistar una serie de medidas que, aseguró, se han aplicado en su municipio para reducir los índices de delincuencia.
Los dos alcaldes –al frente de dos de las zonas conurbadas más pobladas de la República– fueron los únicos que acudieron ayer a la primera de las tres audiencias programadas en el Senado para analizar la propuesta con la que Peña Nieto plantea relevar de tareas de seguridad pública a los municipios cuyas policías sean sospechosas de estar infiltrados por el crimen organizado.
De acuerdo con el programa, en la primera ronda de participaciones –titulada “Experiencias locales”– estarían también los alcaldes de Apodaca, Nuevo León; de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de Aguascalientes y otros, pero no llegaron, como tampoco llegó el Gobernador chihuahuense César Duarte, acusado de peculado y ayer agendado para exponer su experiencia en el tema junto con otros mandatarios estatales.
GOBERNADORES, POR EL “MANDO ÚNICO”
En esta parte de la audiencia, y en contraste con lo que plantearían después los alcaldes, dos gobernadores y el jefe del Gobierno del Distrito Federal (GDF) coincidieron en que es mejor tener un “mando único estatal” a cargo de la seguridad pública en lugar de que esta responsabilidad esté repartida entre decenas de municipios.
El más crítico con el actual esquema en el que los gobiernos locales tienen a su cargo la seguridad pública fue el Gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, quien recordó que esta facultad les fue dada a los municipios en 1996, por lo que –dijo– quitárselas no es un atentado al Federalismo, y porque es evidente, agregó, que es una medida fracasada.
En ese sentido, el morelense narró que, al llegar al Gobierno de su estado en 2012, encontró que había varios municipios –de diferentes partidos– cuyas policías estaban infiltradas por el crimen, por lo que, contó, empezó a generar convenios que paulatinamente le cedieron el mando al Gobierno del estado.
“Va a ser más fácil que decidamos 32 policías estatales, a ver qué Gobernador no está cumpliendo con sus obligaciones que distribuirlo en un amplio mapa de más de dos mil municipios”, dijo Ramírez Garrido Abreu.
“Construyamos 32 policías, y que den la cara 32 gobernadores, y que haya claridad en que hay responsabilidad indivisible, y que los municipios atiendan el Bando de Policía y Buen Gobierno”, agregó.
“NARCO OFRECE CONTROLAR DELITOS COMUNES”
En una parte de su intervención, Ramírez Garrido también aseguró que los miembros de la delincuencia organizada acuden a los gobiernos estatales a plantearles resolver los problemas de delincuencia común a cargo de que se les permita cometer sus delitos federales, como el tráfico de drogas.
“Los grandes grupos delictivos del crimen organizado dirigían la policía estatal, y las policías municipales estaban bajo su encargo, bajo su nómina (…) y hay gobernadores que no lo quieren decir, pero yo sí lo digo, bajo la oferta que nos hacen, diciéndonos: ‘te controlamos el delito del fuero común, pero déjanos actuar y te tenemos el problema resuelto y en paz’. Es una ilusión vana en la que han caído algunos gobernantes”, dijo.
Como él, a favor del mando único estatal, se pronunciaron Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien destacó ventajas de que un solo mando esté a cargo de la capacitación, control y operatividad de casi 80 mil elementos. Y, también, el Gobernador de Nuevo León, el priista Rodrigo Medina de la Cruz, quien mencionó que si bien el establecimiento de un mando único es caro, “es más cara la inseguridad”.
La propuesta del Ejecutivo en materia de seguridad pública plantea una reforma al artículo 115 Constitucional –que da autonomía a los municipios– para que, en caso de que la Procuraduría General de la República (PGR) considere que en una administración local hay infiltración del crimen organizado, se inicie un trámite para que la Federación asuma –en diferentes grados– las labores de seguridad pública.
La medida fue presentada por Peña Nieto en noviembre pasado, en medio de la crisis política derivada de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Guerrero, al parecer a manos de policías municipales de Iguala y Cocula.
