Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional. Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro

El desenlace del culebrón del caso del general Cienfuegos ha dejado al descubierto las pústulas y los costurones del sistema de procuración de justicia en México. Más allá de la cínica representación que nos brindó el fiscal general, claro representante de la vieja política de los tiempos del PRI, que llena con grandilocuencia las oquedades de su comprensión del mundo, el hecho es que no existe en México un cuerpo profesional, serio, encargado del ministerio público, de defender los intereses de la sociedad frente a los delincuentes y a los corruptos.

La actuación del gobierno y de la fiscalía frente a la detención del general en los Estados Unidos, su regreso a México y su exoneración también son expresión de que en México los militares son intocables. El grado que alcanza la impunidad militar es reflejo del poder adquirido o recuperado por las fuerzas armadas en los últimos tres lustros y es un fracaso de la construcción democrática. Los gobiernos elegidos democráticamente han renunciado a reformar al ejército y a construir cuerpos de seguridad civiles. Ello va a acabar siendo costosísimo para el inacabado y endeble proceso de superación del autoritarismo. La complicidad surgida entre López Obrador y el estamento castrense es una señal de alarma sobre la posibilidad de que el ejército decida recuperar el control del Estado y acabe por ahogar la incipiente democracia mexicana.

Pero en todo este acto de sumisión de las autoridades civiles a la autoridad militar, la actuación de la fiscalía y la desaforada auto apología de Gertz en las entrevistas que “concedió” para defender su actuación son especialmente ofensivas para la inteligencia. La manera en la que el fiscal mintió, tergiverso los hechos y manipuló la información fue indignante. Gertz no pudo disfrazar su incompetencia, a pesar de sus desmesuras expresivas y sus exageraciones histriónicas. Un farsante que renunció por completo a cualquier tipo de autonomía y que ha confirmado los temores de que el cambio de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía pretendidamente autónoma sería meramente nominal, debido a la dependencia de la trayectoria en la operación de la organización y la falta de voluntad política para invertir recursos en un auténtico proceso de reforma institucional que transformara a la antigua organización, corrupta y e incapaz, vendedora de protecciones particulares y operadora de venganzas políticas o privadas, en un cuerpo de fiscales profesionales y autónomos, capaces de investigar de manera profesional e independiente los delitos y presentarlos ante la judicatura sólidamente sustentados.

La reforma constitucional para crear la fiscalía autónoma y la ley orgánica que la regula eran promisorias, pero, como suele ocurrir en México, se confundió cambio legal con cambio institucional real. La ley se convirtió en papel mojado desde que fue designado Gertz, alguien sin compromiso alguno con el sistema de justicia garantista. El proceso mismo de designación del actual fiscal mostró que López Obrador no estaba dispuesto a ceder el control político del ministerio público. Por eso impuso a un fiscal que es exactamente igual de dependiente de la voluntad presidencial que cualquiera de los procuradores de la época clásica del PRI y que toma decisiones esencialmente políticas, de acuerdo con el Presidente de la República y nunca contra su voluntad.

Gertz no ha sido capaz de encabezar la reforma del cuerpo de acuerdo con la ley orgánica. Por ello quiere hacer una nueva ley a la medida de su arbitrariedad y su sumisión al gobierno. Como fiscal, ha impulsado reformas legales que representan retrocesos importantes en el proceso de construcción de un nuevo sistema de justicia penal, del cual evidentemente desconfía, y que sirven de subterfugio a la ineficacia de un cuerpo inútil para procurar justicia y lograr la condena de los delitos si no es en el marco de la arbitrariedad que viola garantías procesales y otros derechos humanos.

El proyecto de ley que impulsa Gertz es, como hemos dicho desde los colectivos Fiscalía que sirva y Seguridad sin guerra, “un retroceso para las víctimas, para las investigaciones efectivas, para la autonomía y para la consolidación de una institución que sea capaz de procurar justicia”.

La estructura actual de la Fiscalía en realidad sigue siendo la de la vieja procuraduría. Con esta es imposible que en el corto plazo se reduzca la impunidad, lo que seguirá operando a favor de la delincuencia y de la corrupción y en contra de la reducción de la inseguridad y la violencia.

Sin Fiscalía autónoma la corrupción no va a disminuir un ápice, contra la idea fantasiosa de que el asunto se resolvería con la llegada a la presidencia de un hombre honrado que podría barrer las escaleras de arriba para abajo. Sin una Fiscalía eficaz nunca va a funcionar el sistema penal acusatorio, ni los delitos van a ser perseguidos con profesionalismo por las policías. Sin una Fiscalía profesional, en suma, no habrá justicia en México.

Gertz ha demostrado que no tiene ni la intención ni la capacidad para encabezar la reconstrucción democrática del ministerio público. Sus reflejos son autoritarios y conservadores y ha renunciado evidentemente a ser un funcionario autónomo del Estado nombrado por el Senado de la República. Ya decidió ser un operador leal y disciplinado del Presidente de la República. Su permanencia en el cargo es inconstitucional, pues la someterse al ejecutivo desacata su mandato legal

Si este fuera un régimen decente, después del papelón representado en la farsa de investigación sobre Cienfuegos, Gertz debería renunciar. Pero eso no va a ocurrir, porque él solo siguió instrucciones del nuevo Señor del Gran Poder.