El 20 de enero, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que el país cerró el 2020 con 34 mil 515 homicidios dolosos, lo que significó una caída del 0.4 por ciento con respecto a las cifras del 2019; incluso destacó que desde 2015 no había una disminución del número de asesinatos del país. Sin embargo, el ONC refirió que esa reducción no es atribuible al Gobierno y que deben fortalecerse con urgencia los planes en materia de seguridad.

Ciudad de México, 21 de enero (SinEmbargo).– En el año 2020 no se reportó un cambio real en materia de seguridad con respecto del 2019, según lo informó el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), y destacó que la política de seguridad mexicana es deficiente.

El reporte del ONC, basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), destacó que el homicidio doloso se mantuvo en un estado crítico y que aunque hubo una baja en la tasa de víctimas de este tipo de delito, se debió a la disminución de la movilidad en el contexto de COVID-19, sobre todo por el descenso de diciembre.

Incluso sostuvo que “no existe evidencia de que se esté revirtiendo la tendencia del homicidio doloso”.

De acuerdo con las cifras, Colima, Guanajuato y Baja California están posicionados como los estados más letales del país. De hecho, las entidades con las mayores tasas de homicidio doloso permanecen en el noroeste y en el bajío del país, entre ellas están Tijuana, Juárez, León, Celaya, Culiacán, Cajeme, Guadalajara y Zamora. Según el estudio, una de cada cinco carpetas de investigación por homicidio doloso se abre en alguno de estos ocho municipios.

Sin embargo, tanto Zacatecas como Yucatán tuvieron un aumento importante en el número de homicidios dolosos, con un 65.4 por ciento y un 64.7 por ciento, respectivamente.

“Es difícil asegurar que la disminución porcentual de 0.4 por ciento en números absolutos de las víctimas de homicidios (que equivale a 1.28 por ciento en tasas por 100 mil habitantes) sea un éxito derivado de una acción o política pública de la autoridad federal”, dijo Francisco Rivas, director del OCN, durante una videoconferencia de prensa.

El dirigente de la organización apuntó que además no hay acciones gubernamentales específicas a las que se les pueda atribuir el deceso mínimo que hubo en la violencia.

“Es importante no confundir a los ciudadanos entre el comportamiento independiente de los delitos y la inexistencia de una política pública exitosa, por el contrario 2020 fue un año decepcionante en seguridad. Esto es un resultado de falta de coherencia entre las políticas con las que se pretende ‘pacificar al país’ y de la incongruencia entre lo prometido en campaña y lo realizado como Gobierno”, agregó Rivas.

En la sesión virtual, el director del Observatorio enfatizó que es grave el recorte presupuestal que se está dando en programas de seguridad y advirtió la gravedad en la desaparición de los fideicomisos, ya que puede entorpecer el funcionamiento institucional.

Pidió que el presupuesto que se otorga para los planes de seguridades no sea manejado políticamente y reafirmó que las autoridades deben establecer una comunicación clara y transparente que se sustente en datos y “metodología clara y replicable”.

“México no ha sido pacificado, sino militarizado. La defensa nacional es una labor secundaria del Ejército que ahora crea empresas para administrar aeropuertos, aduanas, puertos y trenes. […] Forzar la información no sólo confunde a la ciudadanía si no que favorece la toma de malas decisiones de política pública”, reportó.

En el estudio se expuso que además, el 2019 y 2020 fueron los años más violentos para las mujeres, niños y adultos mayores, por lo que recomendó retomar con urgencia los sistemas de acompañamiento para mujeres y familias víctimas de la violencia.