Activistas estiman que la población en condición de calle creció al menos un 20 por ciento, aunque se trata sólo de una valoración porque no hay una cifra actualizada, pues el último censo oficial es del año 2017. La falta de un diagnóstico, además de invisibilizar a quienes viven en esta situación, es un obstáculo para el diseño eficiente de políticas públicas, denunciaron organizaciones civiles.
Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- La crisis económica derivada por la COVID-19 ha orillado a cientos a regresar a la calle. Otros, que jamás habían estado sin un techo, también se han sumado; mientras tanto, el número de trabajadoras y trabajadores sexuales en la Ciudad de México se duplicó, según han alertado asociaciones civiles.
Alexia Moreno, de El Caracol A.C, organización que brinda apoyo a personas que viven en la vía pública, señaló que existe un notorio incremento en la población callejera, incluso ahora han visto a familias enteras en esta situación.
“Una de las primeras cosas que hemos encontrado, y que sigue como constante con la población de calle, es el impacto económico, que no tengan espacios para trabajar y de ahí que, quienes pagaban por ejemplo un cuarto de hotel, no tengan dinero para pagarlo y hayan tenido que volver a la calle con sus hijos e hijas, quedándose sin un espacio seguro para resguardarse del virus, del frío y de todo lo que ha estado pasando”, expresó Moreno.
La activista calcula un alza de 20 por ciento, aunque aclara que se trata de una estimación con base en el trabajo de campo, ya que no hay una actualización de las cifras o diagnóstico certero de la población callejera. El último censo en la Ciudad de México se efectuó en 2017.
“Lo que sí te puedo decir con mucha certeza es que hemos encontrado familias completas que ya no estaban en la calle y volvieron a salir, y a población que nunca vivió en la calle, pero la pandemia los dejó sin trabajo y sin recurso económico para pagar sus espacios donde vivían”, reiteró.
De acuerdo con el Diagnóstico Situacional de las Poblaciones Callejeras 2017-2018, en la capital se calculaba un universo de seis mil 754 personas, de las cuales, cuatro mil 354 viven en el espacio público (debajo de los puentes, plazas, calles) y otras dos mil 400 en albergues públicos y privados.
Del total, el 87.27 por ciento son hombres y el 12.73 por ciento mujeres. Las edades, al momento del registro, oscilaban entre los 18 a 59 años, en su mayoría.
Los estudios “Poblaciones callejeras en la Ciudad de México: Ciudadanía y derecho a la identidad legal”, realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), y el “Diagnóstico sobre las condiciones de vida, el ejercicio de los derechos humanos y las políticas públicas disponibles para mujeres que constituyen la población callejera 2019”, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, coinciden en que las cifras son aproximadas e inciertas y que no se conoce la dimensión total de la población callejera en todo el país.
La falta de un diagnóstico certero, además de que invisibiliza al sector, obstaculiza un diseño eficiente de las políticas públicas donde se les incluya.
“Hemos insistido en que se vuelva hacer el censo porque eso nos ayudaría a tener claro cuánta gente está viviendo en la calle, cuánta llegó a partir de la pandemia y, si hubiera un registro claro, nos ayudaría a saber si se han presentado casos de COVID-19, que a lo mejor nosotros no hemos encontrado en las rutas, pero Salud estuviera atendiendo” señaló Moreno.
El número de personas en pobreza extrema en México podría incrementarse entre los 6.1 hasta 10.7 millones de habitantes, debido a los impactos derivados de la reducción de las actividades económicas por la pandemia, según la proyección realizada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su más reciente informe “Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020”.
Además, el análisis “La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 en México”, también del Coneval, alertó que la población que en 2018 no se encontraba en situaciones de vulnerabilidad o en condición de pobreza, hoy podrían estar enfrentándolas, pues se calcula que en el segundo trimestre de 2020 hubo un recrudecimiento de la pobreza laboral de entre 37.3 a 45.8 por ciento de la población económicamente activa.
ORILLADAS AL TRABAJO SEXUAL
En la calle también hay otro alarmante aumento: el de trabajadoras sexuales. De acuerdo con la asociación Brigada Callejera “Eliza Martínez”, el número de personas en trabajo sexual se disparó a más de un 100 por ciento debido a la falta de empleo y la precariedad que ha traído la crisis por la COVID-19.
Elvira Martínez, directora de Brigada Callejera, indicó que a pesar de que el trabajo sexual disminuyó a inicio de la contingencia hasta un 70 por ciento, el número de personas ejerciéndolo se duplicó.
Previo a la pandemia, detalló, contaban con un diagnóstico de al menos siete mil 500 personas en trabajo sexual, pero el último cálculo estima al menos 15 mil personas.
“El aumento se presentó principalmente en mujeres, madres de familia que se quedaron sin empleo y al no encontrar una fuente de ingresos ingresaron al trabajo sexual”, dijo.
El informe especial “COVID-19: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señala que la crisis generada por la pandemia de la COVID-19 impactó negativamente en la ocupación y en las condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe.
De acuerdo con el estudio, el impacto representa un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral de las mujeres.
“Se calcula que la tasa de desocupación de las mujeres llegó al 12 por ciento en 2020, porcentaje que se eleva al 22.2 por ciento si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019”, señala el estudio.
¿POR QUÉ NO SE HAN CONTAGIADO?
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención a los integrantes de El Caracol es que hasta el momento no han detectado casos de COVID-19 en la población en situación de calle, ni siquiera sospechosos. Ellos tienen tres teorías obtenidas del intercambio de experiencias con activistas de otros países, pero sólo una es congruente.
La primera hipótesis, la más factible, plantea que la falta de contagios se debe a la exclusión social que tienen estos grupos.
“La gente de calle no convive con la comunidad, no entra al Metro, no convive con gente que viene del extranjero, sólo conviven entre ellos”, comentó Alexia Moreno.
La segunda teoría establece que debido a la frecuente exposición a otros virus y bacterias, la gente que vive en la vía pública ha desarrollado un mejor sistema inhume. Sin embargo, la defensora descarta esta hipótesis.
“Esto sería de dudarse porque lo primero que daña el solvente (que es altamente usado en esta población) es el sistema respiratorio. El solvente lo consumen por la nariz o la boca y quema todo el sistema respiratorio y hay que recordar que el virus ataca principalmente este sistema. Nosotros creemos que tienen un sistema más respiratorio más débil que el resto de la población”, explicó.
La tercera explicación, y aún menos creíble, es que el solvente funcione como un tipo de desinfectante.
“La última hipótesis es que la población callejera consume solventes y como siempre lo traen en la mano, puede que funcione como desinfectante. Eso sería muy raro porque también en la calle hay gente que consume alcohol, por ejemplo la gente mayor, y tampoco se ha contagiado”, comentó.
A pesar que la COVID-19 no ha tocado directamente a la población de calle, la pandemia sí ha agravado otras vulnerabilidades, principalmente la falta de alimentación, precariedad y de ser víctimas de discriminación.
La población callejera se dedica a la informalidad: comúnmente ayudan a poner y quitar puestos, a cantar en el Metro, pero con la restricción de la movilidad y cierres de negocios se quedaron sin los pocos espacios que tenían para poder trabajar.
“Las chavas cuentan que cuando se activó por primera vez el Semáforo Rojo, esos días fueron súper complicados porque en realidad no tenían nada para comer. Se quedaron sin dinero para cuidar la alimentación de ellas y de sus familias. De ahí que El Caracol decidió, por primera vez en sus 27 años, entregar despensas”, relató Moreno.
Otro aspecto que se agravó fue la discriminación debido a la falsa creencia que la población de calle era un foco de contagio, pues ellos no tienen los medios para seguir las medidas de seguridad sanitarias impuestas por el Gobierno.
“Empezamos a documentar, sobre todo en la zona centro, que la comunidad les rociaba agua con cloro cuando estaban dormidos o cuando no estaban. Creemos que esto se derivó de una estrategia que impulsó el Gobierno local de sanitizar los espacios o puntos de encuentro de población callejera, lo cual puede ser una buena estrategia para reducir los contagios, pero el mensaje hacia la comunidad era que se tenía que hacer eso”, describió la activista.
La defensora aclaró que estos eventos se registraron a mediados del año anterior y que, aunque aún se reportan, ya son en menor cantidad.
