Bruselas, 21 Mar (Notimex).- Un grupo de asociaciones de la sociedad civil latinoamericana criticó hoy aquí la política de cooperación al desarrollo de la Unión Europea (UE) en la región por considerar que beneficia al sector privado en detrimento de las comunidades locales.
El tema fue tratado durante una conferencia organizada en la sede del Parlamento Europeo, en Bruselas, por las organizaciones ALOP, APRODEV, CIDSE, CIFCA, COUNTER BALANCE, EURODAD, GRUPO SUR y OIDHACO.
Las principales críticas fueron dirigidas al funcionamiento de la Facilidad de Inversión para América Latina (LAIF), un mecanismo destinado a financiar proyectos para impulsar el desarrollo en la región.
“Las empresas multinacionales y bancos europeos están entre los principales actores y beneficiarios de los proyectos LAIF”, denunció el economista e investigador en temas de cooperación al desarrollo Camilo Tovar.
En su estudio la LAIF “Ayuda al desarrollo o rentabilidad de la inversión”, basado en cuatro proyectos financiados por el mecanismo, concluyó que “se estaría dando prioridad a la rentabilidad financiera y a la apertura de mercados”.
Su constatación fue respaldada por la mexicana Bettina Cruz, representante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, quien afirmó que su región sufre “efectos nocivos” causados por la política europea.
“Con la puesta en marcha del parque eólico Bii Nee Stipa, financiado en parte con dinero de la cooperación al desarrollo, se ha violado el derecho a la propiedad colectiva de la tierra, a la consulta previa, libre e informada, y a la soberanía alimentaria”, protestó.
El proyecto en tierras mexicanas ha sido financiado con fondos de la agencia de fomento de las exportaciones italianas (SIMEST) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según Cruz, la energía producida en este parque eólico es vendida para las multinacionales Coca-Cola y Nestlé y “ni siquiera llega al consumo de las comunidades ni hogares del istmo”.
En ese contexto, las redes latinoamericanas pidieron que LAIF “cuente con directrices claras que garanticen la consulta de las poblaciones afectadas por sus proyectos”.
Además, el mecanismo debería apoyarse en “estudios serios y exhaustivos de impacto socio ambiental y de derechos humanos, con la participación de la sociedad civil”, sostuvieron.
Tovar abogó por su parte porque la Comisión Europea establezca un criterio de selección de proyectos en el que “predominen los objetivos de desarrollo sobre los de rentabilidad financiera”.
Los participantes en la conferencia llamaron a la Eurocámara para que “ejerza su función de control democrático y vele para que el uso de los fondos públicos europeos de la cooperación al desarrollo se destine a fines exclusivos de cohesión social y erradicación de la pobreza”.
