Por David Martínez y Marco Antonio Martínez

Los coordinadores Foto: Notimex

Luis Alberto Villarreal, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, y los también líderes Manlio Fabio Beltrones, del PRI, y Silvano Aureoles, del PRD, son acusados de cobrar “moches”. Foto: Notimex

Ciudad de México, 21 de marzo (SinEmbargo).– Los escándalos en la Cámara de Diputados por los “moches” o presuntas presiones de  legisladores a servidores públicos para cobrar por la entrega de recursos públicos o etiquetar inversiones para obras de infraestructura, muestra la nula transparencia con la que se conduce el Poder Legislativo en México y la falta de voluntad política para implementar mecanismos de rendición de cuentas, denunciaron especialistas.

Desde noviembre de 2013 a la fecha, los coordinadores parlamentarios en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, del Partido Acción Nacional (PAN), y Manlio Fabio Beltrones, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), han sido señalados en diversas notas periodísticas por su presunta responsabilidad en el cobro de regalías a alcaldes de Guanajuato y Aguascalientes, a cambio de la entrega de recursos públicos.

Además, la noche de ayer, Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que no sólo los coordinadores parlamentarios del PAN y el PRI en la Cámara de Diputados reciben una “mochada” por aprobarles a los ayuntamientos y a los gobiernos estatales partidas presupuestales para obras.

“Lo mismo han hecho coordinadores y, me duele decirlo, del PRD”, dijo López Obrador en una entrevista que concedió a reporteros en Tecomán, Colima.

El político tabasqueño pidió que sean investigados a fondo los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, Luis Alberto Villareal; del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y también del PRD, Silvano Aureoles Conejo, para saber si son responsables o no del cobro de comisiones que se exigen por la gestión de fondos federales.

Aunque todos se han deslindado de los hechos, este tipo de acusaciones generan una perspectiva negativa en la ciudadanía, aseguraron expertos consultados por SinEmbargo. Los analistas coincidieron en que no existe nada de malo en que un Diputado o Senador pretenda llevar recursos a su distrito para construir obra pública o para implementar programas sociales. Lo que está mal, destacaron, es que los legisladores no rindan cuentas sobre los acuerdos que toman y con quiénes realizan los contratos para realizarlas.

La nula transparencia de la Cámara de Diputados y los pocos mecanismos de información sobre la forma en que se asignan los recursos públicos generan molestia en la ciudadanía, planteó el doctor Gustavo López Montiel, profesor del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Ciudad de México.

“Estos acuerdos en lo ‘oscurito’ se dan también en muchos lugares del mundo, pero obedecen más bien a la falta de reglas formales. Como no hay una ley que diga cómo se debe hacer, al final de cuenta lo que predomina son acuerdos informales que se van modificando dependiendo de las personas y de los momentos”.

La Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), documento con el que se determinan los recursos que gastará el gobierno federal, así como los recursos que se repartirán a los gobiernos estatales y los que se distribuirán mediante fondos y partidas particulares.

A pesar de que este año se repartieron 4 billones 467 mil 225 millones 800 mil pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, existe muy poca voluntad política al interior de la Cámara Baja por transparentar los acuerdos que permiten destinar millonarios recursos al Gobierno federal, a los estados, municipios y al propio Congreso de la Unión.

Aunque la Cámara de Diputados se rige por una Ley Orgánica y un Reglamento Interno, en la construcción del Presupuesto no existe una norma formal que obligue a los diputados a hacer públicas las reuniones de la Comisión dictaminadora, lo cual provoca que en muchas ocasiones los legisladores estén en medio de enormes intereses y presiones en el reparto de los recursos.

“Al interior de las cámaras poco se sabe sobre cómo se toman las decisiones, eso es un elemento muy importante que debemos mejorar”, explicó el doctor César Velázquez Guadarrama, coordinador de la Maestría de Políticas Públicas de la Universidad Iberoamericana (UIA).

¿A DÓNDE VAN LOS RECURSOS?

En términos generales, el presupuesto se aprueba de la siguiente manera: Las dependencias de gobierno, organismos autónomos y los gobiernos estatales entregan sus solicitudes; los legisladores gestionan recursos mediante una serie de acuerdos, muchas veces de palabra; el presupuesto se integra entre unos cuantos diputados, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), y se define un documento que es aprobado por el Pleno de los diputados sin previa lectura y durante la madrugada.

La excesiva dependencia de los estados y municipios a los recursos federales provoca que año con año se realice la llamada “pasarela” de gobernadores y alcaldes, para solicitar al Poder Legislativo recursos para financiar obras públicas. Lo cual abre otra ventana de oportunidad a la ilegalidad.

“El hecho de que gran parte de los ingresos de los estados y municipios tengan que ver con las transferencias federales, hacen que se vuelvan débiles institucional y políticamente ante la Federación”, detalló César Velázquez, coordinador de la Maestría de Políticas Públicas de la Ibero.

En el Presupuesto de Egresos de 2014, la Cámara de Diputados aprobó una partida especial para el rubro de “pavimentación” por 5 mil millones de pesos, mismos que serían repartidos entre los 500 legisladores.

La idea es que cada uno contara con alrededor de 10 millones de pesos para realizar obras en sus respectivas comunidades. Sin embargo, desde que se etiquetaron estos recursos, aparecieron presiones sobre su uso y destino.

Los coordinadores parlamentarios determinaron cómo se repartía el dinero. Otros legisladores gestionaron con sus compañeros  su parte, a fin de incrementar la bolsa para las obras de su distrito.

Asimismo, existen pocos incentivos para que los legisladores rindan cuentas. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entrega casi dos años después de que concluya el año un informe sobre la fiscalización de los recursos públicos, en su mayoría entrega un pliego de observaciones y no denuncias públicas. Por lo que uno de los expertos sugirió la necesidad de que la Procuraduría General de la República (PGR) o las procuradurías estatales tengan la facultad de atraer de oficio la investigación de los supuestos casos de cobro ilegal por el uso de recursos públicos.

“Este tema de los ‘moches’ debería ser investigado, incluso de oficio por la Procuraduría General de la República (PGR), obviamente porque es dinero público, pero también porque recae en la reputación de la gente. Entonces debería existir por parte de las distintas procuradurías la posibilidad de investigar estos temas de oficio, y no dejarlo a discreción de los actores”, destacó el doctor Gustavo López Montiel, profesor del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.

RED DE “MOCHES” 

El líder de los panistas en en la Cámara de Diputados fue acusado de pedir "moches". Foto: Cuartoscuro

El líder de los panistas en en la Cámara de Diputados fue acusado de pedir “moches”. Foto: Cuartoscuro

En noviembre del año pasado, prácticamente días después de que se aprobara el PEF 2014, el líder de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal, fue acusado por alcaldes de Guanajuato, que prefirieron mantenerse en el anonimato, de pedir una cuota o “moche” para asignarles recursos federales.

Los presidentes municipales también declararon que Villarreal trató de imponerles una empresa constructora para realizar las obras. Se mencionó el nombre de Salvador Cayón Ceballos, empresario de Irapuato, Guanajuato, dueño de Grupo CACEBA SC, empresa constructora que supuestamente sería encargada de realizar más de 80 obras de pavimentación programadas en la entidad.

Ricardo Villarreal García, Diputado federal y hermano de Luis Alberto Villarreal, fue señalado por los alcaldes como el encargado de pedir y recolectar el 10 por ciento de los recursos asignados para obra pública.

El 12 de febrero de 2014, una vez que salió a relucir nuevamente el tema de los “moches”, Villarreal pidió que este asunto debe resolverse ante las autoridades competentes y no ante las cámaras de televisión.

“Yo lo que creo es que tenemos que ir ante la autoridad correspondiente, hay ya una comisión al interior del partido que lo está investigando, pero al final del día es la PGR y las autoridades que nos hemos dado en este país de manera democrática quienes tienen que decidir, lo demás me parece que son discursos de campaña”, sostuvo.

El Diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), declaró entonces que la práctica de los “moches” se ha generalizado en varias fracciones parlamentarias. Al grado, dijo, que algunos legisladores se han convertido en gestores de recursos públicos.

“La investigación sobre la extorsión y el coyotaje presupuestal que presuntamente practican algunos legisladores de esta legislatura va más allá de los diputados de un partido político o de los diputados del PAN y su actual coordinador”, expuso el legislador de izquierda.

PANISTAS EXIGEN INVESTIGACIÓN

El Senador Juan José Rodríguez Prats criticó a la presidenta interina del PAN, Cecilia Romero Castillo, porque –dijo– no ha aprovechado la licencia de Gustavo Madero de la dirigencia para impulsar una investigación que aclare los casos de corrupción en el PAN, como el de los “moches”.

“Esa actitud la condeno como panista [que no investiguen] mientras no haya pruebas [y ponen] la comisión de transparencia. Ahí está el caso de Jorge Luis Preciado que estaba al lado de ella, el caso de los ‘moches’, la falta de transparencia, de los recursos que manejan los grupos parlamentarios.

“Esperaba otra actitud de Cecilia Romero, que estará dos meses pero que ojalá diera señales que se va a investigar. ¿Qué acaso José Luis Preciado [coordinador de los senadores panistas en el Senado] no decidió depositar en cuentas de senadores 16 millones de pesos? ¿Qué necesita probar? Está probado, lo que necesita es investigar, igual en el caso de los ‘moches’”, explicó.

En este proceso electoral que estamos iniciando ya hay señales de acarreos y de recursos para jalar gente, Cecilia tiene una obligación con el PAN. No creo que en la historia del PAN, salvo Felipe Calderón Hinojosa, alguien haya recibido tantos beneficios, tantos señalamientos ni distinciones como Romero. Lo menos que puedo esperar de ella es una actitud valiente de decir ‘basta ya’”, comentó.

El caso de los “moches” no sólo se circunscribe al PAN, sino forma parte de otros casos de corrupción como Oceanografía, Monex y los fraudes de los ex tesoreros de Morelos y Michoacán, agregó el también vocero de la campaña de Cordero.

“México tiene que evidenciar que no puede seguir caminando en la deshonestidad y en el PAN esto de decir ‘vamos a formar comisiones, vamos a llegar tope hasta donde tope’, y otra frase que me indigna es esa de ‘tenemos un serio y grave problema de corrupción en el PAN’, ‘o no han acudido a las instancias’. No, tenemos un serio y grave problema de corrupción en el PAN, como en el PRI o el PRD. Tiene que haber un pacto con toda la clase política para empujar y proceder porque no podemos seguir así y la ciudadanía se decepciona más de la política”.

Por su parte, la ex candidata presidencial panista, Josefina Vázquez, pidió cero tolerancia a la práctica.

“Me parece que hemos reiterado muchos de nosotros nuestra posición, primero de una cero tolerancia a cualquier práctica ajena a la transparencia, a la rendición de cuentas, y también yo quisiera decir algo importante, tenemos un reto como país en transparencia y rendición de cuentas”.

Reconoció que en su partido hay problemas de corrupción, como también lo hay en otras instancias políticas, pero dijo que la mayoría de los panistas no ejercen esas prácticas.

“La gran mayoría de quienes estamos en este partido compartimos los valores que le han dado sentido a la vida de Acción Nacional, el ejercicio ético en la política y lastima, por supuesto, quienes no lo han hecho, quienes en todo caso se señala que no lo están haciendo”.

GUERRA SUCIA

Para panistas afines a Madero, las acusaciones son parte de una guerra sucia. Foto: Cuartoscuro

Para panistas afines a Madero, las acusaciones son parte de una guerra sucia. Foto: Cuartoscuro

La Diputada federal Teresa Jiménez, integrante de la planilla de Gustavo Madero por la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que nunca ha participado en un asunto como el de los “moches”.

Su nombre apareció esta semana en una nota del periódico Reforma, donde se le liga con la presunta red de “moches” encabezada por el coordinador de los diputados federales panistas, Luis Alberto Villarreal, para fondear la campaña maderista.

Para Jiménez, las acusaciones se deben principalmente a la disputa por la dirigencia del PAN.

“Lo importante es que esta contienda sea limpia, que no difamen a la gente, nosotros tenemos la conciencia limpia, mi trabajo me respalda, estamos en paz. Nada más le pido a los otros contendientes que no difamen, que hagan propuestas, que un panista tiene valores y no se presten a este tipo de estrategia”, dijo.

Sobre si considera que el equipo de Cordero está detrás de la campaña para ensuciar la imagen de Madero, le legisladora hidrocálida dijo que sí. “Tienen notas pagadas donde están difamando al equipo de Madero, sabemos que tienen consultores son para la guerra sucia, así como lo hizo (Cordero) con Josefina Vázquez Mota en 2012, y nuestra bandera será de trabajo y de transparencia”, aseguró.

Incluso comentó que el equipo rival ha recurrido a los servicios del consultor de campañas políticas, el español Antonio Solá, quien se hizo famoso en el año 2006 por crear la campaña contra el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador que lo calificó como “un peligro para México”.

Sin embargo, dijo estar tranquila porque la verdad siempre sale a flote y “estamos en paz”. “Pero la verdad no nos preocupa y vamos a dar la cara como siempre lo hemos hecho, el tema no me va a distraer, yo sólo voy a trabajar, esto se gana con votos, no con difamación”, expuso.

Con la legisladora coincidió el Senador Juan José Rodríguez Prats. Cuestionado por SinEmbargo sobre los nuevos nombres involucrados en los casos de “moches” –como los de las diputadas Teresa Jiménez y Aurora Aguilar, ambas cercanas a Madero–, consideró que el candidato está rodeado de gente de todo tipo para ganar la contienda panista el 18 de mayo.

“Veo muy claro en Madero y por la gente que se rodea que están dispuestos a todo con tal de lograr su reelección, están movidos por la complicidad, que a veces es el lazo más sólido, ¿verdad? Lo veo con la gente de la que se está rodeando, para qué dar nombres, en cada estado lo peor del panismo es lo que está apoyando a Madero”.