Los sindicatos son instrumentos fundamentales para la defensa de los derechos de los trabajadores. Sin ellos, las de por sí asimétricas relaciones entre capital y trabajo se vuelven abusivas en extremo. La historia del sindicalismo es parte sustancial de la historia de la democratización y del desarrollo de los Estados de bienestar en los países más prósperos del mundo. Sin embargo, los sindicatos también han sido instrumentos de dominación en los regímenes autoritarios, ya sean los sindicatos verticales del fascismo italiano y del nacional–catolicismo español o los corporativos del régimen del PRI. Pero mientras que los sindicatos verticales italianos se acabaron con la caída de Mussolini en 1943 o los españoles se extinguieron con la transición a la democracia desatada a partir de la muerte de Franco en 1975, los sindicatos corporativos mexicanos siguen vivitos y coleando y apenas hace unos meses se han dado las reformas legales que pueden poner fin a su control, mientras dan coletazos para seguir manejando sus parcelas de poder.

El caso del sindicalismo magisterial es un ejemplo muy claro del funcionamiento de estas corporaciones como instrumentos de control político de las demandas de los trabajadores. Surgido en 1943 de una iniciativa gubernamental para unificar a las diversas organizaciones gremiales de profesores que se habían formado en México durante el Gobierno de Cárdenas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue desde entonces un monopolio de afiliación obligatoria dedicado a garantizar la gobernabilidad en el creciente sector educativo del Estado.

A partir del decreto presidencial de enero de 1946, que estableció las condiciones generales de trabajo para la Secretaría de Educación Pública, al sindicato se le dio el control de buena parte del presupuesto educativo, pues se crearon comisiones mixtas para decidir el ingreso y la promoción de los profesores, formadas paritariamente por las autoridades educativas y representantes sindicales. Así, el sindicato decidía la mitad de los puestos de maestros y la mitad de los nombramientos de directores y supervisores, mientras controlaba también la mitad de los movimientos horizontales. Como el sindicato era parte integrante del partido del régimen, pronto el sindicato capturó también los principales puestos de la autoridad educativa, con lo que su control sobre la carrera de los docentes pasó a ser absoluto.

El sindicato decidía quién obtenía una plaza, también si una vez en el puesto el maestro se movía de una escuela rural en la punta del cerro a una urbana, si se promovía a director o a supervisor y si, al momento de la jubilación, el profesor heredaba su plaza a su hija o su sobrino. Y no eran criterios profesionales o de buen desempeño los que se exigían, sino sindicales y políticos, cuando no de lealtad personal o de intercambio sexual o mercantil. El magisterio mexicano obtuvo buenas prestaciones laborales, seguridad social y pensiones muy superiores a la media nacional a cambio de su disciplina y su militancia política. Hubo disidencia, pero esta fue aplastada con violencia durante toda la época clásica del régimen corporativo.

Hacia finales de la década de 1970, después de un periodo en el que todos los egresados de las normales públicas obtuvieron plazas de manera automática para satisfacer la demanda surgida del crecimiento poblacional desmedido de aquellos años, se comenzó a gestar un movimiento aparentemente democratizador en las secciones sindicales con mayoría de egresados de las normales rurales, donde desde veinte años antes había cundido la retórica revolucionaria influida por la revolución cubana y el auge guerrillero latinoamericano.

Durante los años de la gran crisis económica que comenzó en 1982 y se prolongó casi una década, la única resistencia sindical significativa en el país la encabezaron aquellos disidentes agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que, sin embargo, llegó a un acuerdo con la dirección oficial del sindicato cuando esta fue ocupada por Elba Esther Gordillo al principio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el que se le concedió el control de las secciones donde era mayoritaria. A partir de entonces, la antigua disidencia comenzó a operar en sus zonas de influencia exactamente igual que el sindicato oficialista en las suyas, aunque sin abandonar su discurso cuasi insurreccional. El objetivo de la CNTE se convirtió en el mismo que el del SNTE: el control del presupuesto educativo y la sujeción corporativa de los maestros.

El objetivo central de la fallida reforma educativa de 2013 era la recuperación por parte del Estado del control del sistema educativo, que el régimen del PRI había escriturado a su brazo sindical. Sin embargo, los errores de diseño del servicio profesional docente y el enfoque equivocado que se le dio a la necesaria evaluación del desempeño hicieron que los maestros no vivieran el proceso como la liberación del yugo corporativo, sino como una amenaza. La falta de auténtica libertad sindical agravó el desprestigio de la reforma y reforzó a un sindicalismo que parecía en decadencia.

Hoy, el sindicalismo magisterial ha vuelto por sus fueros. En las demandas de la CNTE por la anulación completa de la reforma de 2013 se hace evidente que lo que está en litigio es el control de parcelas de rentas estatales: lo que realmente reclama el sindicato radical es que le devuelvan el control sobre, al menos, el 50 por ciento de las plazas, para poder disponer de ellas arbitrariamente. Quieren recuperar la mercancía perdida; su lucha no es por derechos laborales, sino por la recuperación de su privilegio corporativo.

Este modelo sindical corporativo tuvo trasuntos en todas las universidades públicas, aunque algunas de las copias se proclamaran independientes. Mientras escribo, en la segunda universidad pública del país se desarrolla una huelga que casi llega a los dos meses de duración. La Universidad Autónoma Metropolitana lleva ya parada siete semanas, sus alumnos sin clases y sus profesores sin sueldo, porque un sindicato monopolico está empeñado en conseguir que se amplíe su tajada de presupuesto público a través de la concesión de nuevas plazas de las que ellos puedan disponer libremente para su venta por parte de sus afiliados. No se lucha por prestaciones ni mejoras salariales, aunque eso sea lo que se declare, sino por aumentar el poder de un sindicato corrupto que hace mucho no representa los intereses laborales de los académicos, mientras a los administrativos los trata como meras clientelas cautivas. Lo grave es que es una huelga olvidada por el gobierno de la gran transformación.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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