Un informe solcitado por la Banca Privada d’Andorra a International Center of Economic Penal Studies reveló que Terra Nova se encuestaba bajo indagatoria preliminar de la DEA. El Senador Heriberto Manuel Galindo buscaba cobrar 127 millones de euros a través de esa organización, en 2011.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).– La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) detectó que la fundación venezolana Terra Nova, a través de la cual el Senador priista Heriberto Manuel Galindo intentó en 2011 cobrar 127 millones de euros en la Banca Privada d’Andorra (BPA) por un fallido negocio con Petróleos de Venezuela (PDVSA), hizo negocios sospechosos que prendieron sus alertas.

En entrevista en “Los Periodistas”, programa de información y análisis que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en SinEmbargo al Aire, y que se transmite por YouTube, el periodista español Joaquín Gil, autor de la investigación titulada “Un senador del PRI planeó cobrar en Andorra 127 millones de euros de Petróleos de Venezuela” publicada en el diario El País, dijo que gracias a un informe solicitada por la BPA se supo que la DEA ya había alertado sobre irregularidades de la supuesta ONG, por lo que el negocio del Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se concretó.

En el informe realizado por el banco andorrano, que canceló la operación de Heriberto Galindo, se relató que dicha fundación fue motivo de las indagaciones de la DEA, pues, de acuerdo con Joaquín Gil, “la fundación Terra Nova tiene dos caras: una cara visible que es una ONG que participa en proyectos de cooperación al desarrollo en proyectos para combatir la deforestación de los bosques en Latinoamérica, en causas aparentemente muy nobles, pero también ha participado en otras causas aparentemente menos nobles: triangulaciones económicas extrañas, contratos con algunos países muy gravosos y una conexión directa con el Gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez”.

“De hecho se menciona en ese informe, que está adjunto a las actas y en otro de los sumarios de la Banca Privada d’Andorra, a dos personas vinculas a esta fundación que, según el informe que encarga el banco, juegan un papel muy importante en el Gobierno de Hugo Chávez aunque no fueron dos personas de primera línea”, agregó.

La investigación realizada por el propio Gil y su colega José Maria Irujo plantea que la BPA encargó a la a la asociación académica privada International Center of Economic Penal Studies un informe sobre Terra Nova.

“La Fundación Terra Nova tiene cometidos bastante vagos […]. Desde su formación en Bolivia, se encuentra bajo indagatoria preliminar de la DEA de los EE UU. Se analiza el origen de los fondos presuntamente vertidos por Venezuela […]. Abundan las comisiones externas, triangulaciones inexplicables, contratos de consultoría muy gravosos…”, plantea el informe.

Antes de la entrevista del periodista Joaquín Gil en el programa “Los Periodistas”, el Senador Galindo envió una carta a Javier Lafuente, editor de El País, para aclarar que, en una llamada desde España, le dijo a Gil que “no hay ilícito alguno en el hecho de que yo, siendo un profesional, que en 2011 no desempeñaba función pública alguna, haya sido socio minoritario de una empresa de actividades lícitas, que pretendía elaborar y desarrollar proyectos de generación de energías limpias en distintos países”.

Además, ennumeró: “Nunca se firmó contrato alguno. No se realizó ningún proyecto. No se recibió remuneración alguna. No se realizaron depósitos ni transferencias financiera en ningún Banco. Ignoré las promociones realizadas por el socio mayoritario, quien lamentablemente falleció hace algunos años”.

Te agradeceré, pidió el Senador al diario español, “publicar las aclaraciones que en justicia merezco, habida cuenta de que no existió ilícito alguno en las actividades profesionales pretendidas”.

LA INVESTIGACIÓN DE EL PAÍS

Este miércoles el diario español El País reveló que el hoy Senador priista Heriberto Manuel Galindo planeó cobrar 127 millones de euros a través de la BPA, en 2011 por un fallido negocio con Petróleos de Venezuela (PDVSA), durante el Gobierno de Hugo Chávez Frías.

El Senador Heriberto Manuel Galindo y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreano. Foto: Facebook Heriberto Manuel Galindo.

Heriberto Manuel Galindo llegó al Senado de la República como suplente de Mario Zamora Gastélum, quien el mes pasado solicitó licencia al cargo para competir por la Gubernatura de Sinaloa, arropado por la coalición Va por México, integrada por los partidos de Revolución Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

La nota detalla que el actual Senador por Sinaloa era socio de la empresa uruguaya Mindaris que daría a PDVSA una asesoría para una planta de generación eléctrica en el poblado venezolano de El Manglillo.

Pese a que en ese entonces, Heriberto Manuel Galindo no era un funcionario público, sí era considerada una Persona Políticamente Expuesta (PEP) por parte de la BPA debido a que en ese entonces era secretario adjunto a la presidencia del CEN del PRI, y se había desempeñado como Embajador en Cuba (2000-2001) y Cónsul general de México en Chicago (1998-2000), “entre otros puestos de una trayectoria dedicada a lo público que arranca en 1973”, destaca El País.

El texto detalla que el Senador y su socio, un uruguayo de nombre Daniel Sánchez Scott, “anunciaron a la BPA su intención de depositar 25 millones de euros del primer anticipo del negocio en una cuenta en el principado europeo donde figuraría como titular una sociedad panameña”.

A través de Mindaris, el político y su socio suscribieron un acuerdo de “prestación de servicios” con la fundación venezolana Terra Nova para cobrar a la petrolera estatal venezolana, pero la BPA “se desmarcó de sus ‘clientes’ en junio de 2011 después de que la entidad no recibiera la documentación requerida sobre la misteriosa operación con PDVSA”.

“Los clientes no se han presentado y la operación no se acaba de concretar, por tanto la desestimamos”, decía el banco en un acta confidencial, citada por El País.

Consultado por medio, el político negó haber tenido una cuenta en la BPA y haber realizado gestiones con la petrolera venezolana, pero admitió que fue accionista en un porcentaje que “no recuerda” de Mindaris.

“Pese a la negativa del representante priista, las actas confidenciales del departamento de prevención de blanqueo de la BPA recogen tres menciones a Galindo y a su socio entre marzo y junio de 2011. El hoy Senador aparece como la segunda persona con más peso en el frustrado negocio millonario con la compañía pública”, expone el diario español que ha dado seguimiento a los priista que han abierto cuentas en la Banca Privada d’Andorra, que hasta hace unos años estaba blindada por el secreto bancario, por lo que era usada para esconder recursos.